Intervención ante el Consejo Académico, en el acto de posesión del representante de los profesores Gonzalo Arango Jiménez.


INTERVENCIÓN ANTE EL CONSEJO ACADÉMICO, EN EL ACTO DE POSESIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES GONZALO ARANGO JIMÉNEZ.

Antes de tomar posesión de mi cargo quiero expresar algunas consideraciones que considero importante plantear ante este Consejo:
No es la primera vez que participo como miembro del Consejo Académico de la UTP. En dos oportunidades lo he hecho. La primera, en calidad de Director del Centro de Investigaciones de la universidad y la segunda en representación del profesorado, al igual que hoy.
Considero que nuestra universidad hoy día se encuentra en una situación crítica, ante graves amenazas, provenientes de dos hechos. El primero relacionado con la puesta en marcha de una serie de reformas, la continuación de las políticas que se vienen aplicando en los últimos años, después de la aprobación de la Ley 30 de 1992, y que ahora se acentúan con el Decreto 2566, para adecuar la universidad colombiana a los requerimientos que impone la firma de los tratados en cuya negociación se avanza: El ALCA y el TLC con EEUU. Es por ello que se adelantan procesos de reformas académicas, denominadas eufemísticamente como de “modernización curricular”, que a decir verdad no responden a procesos originados en discusiones académicas en las salas de profesores sino a iniciativas emanadas de organismos externos y que tienen motivaciones comerciales. La necesidad de estandarizar los formatos de los paquetes de formación, para que la mercancía “educación superior” pueda circular, sin mayores obstáculos o barreras, en el continente. Pero la amenaza va mucho más allá y lo que está en juego a futuro es la supervivencia misma de la educación superior pública como tal.
La segunda fuente de amenaza es la política autocrática y absolutista que viene llevando a cabo la actual administración universitaria, estrechando los ya precarios espacios democráticos que quedan. Prueba de ello son las decisiones aprobadas en la pasada reunión del Consejo Superior Universitario, en el cual rechazó el pliego de peticiones presentado por ASPU, con el respaldo de las firmas de la mayoría de los profesores de planta de la universidad. Con argumentos ajenos a la legalidad vigente, se niega el derecho que nos asiste a presentar petitorios y se cierra cualquier posibilidad de discutir un conjunto de asuntos de índole gremial, académica y administrativa, con miras a buscar acuerdos en las diversas materias.
Pero además se aprueba un acuerdo mediante el cual se prohíbe a trabajadores y empleados, a docentes y a estudiantes, realizar “ventas informales” en los predios universitarios. Dicha medida afecta en manera grave las posibilidades de manutención de numerosos estudiantes quienes, ante la crisis generalizada de la economía nacional y regional, la cual afecta sus economías familiares, se ven obligados a conseguir, mediante la práctica de pequeñas actividades comerciales, los recursos para atender sus necesidades de transporte y aún de alimentación en la universidad. Se legisla sin tener en cuenta las condiciones materiales y sociales de la comunidad universitaria.
Y como si fuera poco, se aprueba otro acuerdo creando un “comité de seguridad” de alta dirección, excluyendo la participación de docentes y estudiantes en éste. Será que los asuntos atinentes a la seguridad de la comunidad universitaria no son de nuestra incumbencia, o que nuestra presencia en ese comité resulta incómoda para los verdaderos propósitos del mismo.
Mención aparte amerita el hecho denunciado en el día de hoy por la Sra. Jefe de la oficina de Planeación, Ana Myrian Rivera, en relación con lo expresado por el rector a esta funcionaria en reunión a la que fue convocada. De lo relatado en la carta que le envía al rector, copia de la cual recibimos en ASPU, se puede evidenciar que no obstante disponer de los medios legales para solicitar unilateralmente que la funcionaria sea retirada del servicio y haga uso de su derecho por haber cumplido con los requisitos establecidos, el rector prefiere “recomendarle” a dicha empleada, que se retire voluntariamente del cargo, lo más pronto posible, para facilitarle las cosas. Además de reconocer la ingerencia de la politiquería local en la universidad, en el nombramiento de funcionarios, la justifica en aras de obtener “gobernabilidad”. Pero más grave aún es la oferta, como premio de consolación, de interceder ante el vicerrector académico para que le den “8 horas semanales”, como docente de cátedra, dejando en evidencia los criterios clientelistas, alejados de cualquier consideración académica, que priman en el nombramiento de los catedráticos.
Finalmente, pido que en este organismo de dirección, el que tiene la responsabilidad de discutir, analizar y tomar decisiones relacionadas con la dirección académica de la universidad, se den las garantías de participación para expresar mis puntos de vista, generalmente contrarios a los de la política gubernamental y a los de la administración, para no caer en la situación denunciada a su tiempo por la profesora Morelia Pabón, anterior representante profesoral a quien en repetidas ocasiones se le violentó el derecho a expresar sus opiniones en este consejo.
Creo que la existencia de contradicciones en torno a los diversos asuntos permite profundizar en el análisis objetivo de los mismos y enriquece las posibilidades de encontrar las decisiones más acertadas.

Gonzalo Arango Jiménez
Representante de los profesores