Archivo adjunto que contiene artículo del senador Jorge Enrique Robledo sobre Conocimiento, Neoliberalismo y TLC.



CONOCIMIENTO, NEOLIBERALISMO y TLC

Jorge Enrique Robledo
Senador de Alternativa Democrática y el MOIR

No puede comprenderse la relación entre conocimiento, neoliberalismo y TLC con Estados Unidos si no se entiende, primero, cuál es la política industrial y agropecuaria de la globalización neoliberal para países como Colombia y, segundo, cómo se relacionan el desarrollo productivo y el conocimiento, el cual tiene origen principal en las instituciones educativas.

Puede demostrarse que los globalizadores tienen como objetivo concentrar en sus países la producción que exige conocimientos de punta y altas tecnologías, en tanto les dejan a sus satélites, cuando mucho, concluir esos procesos mediante maquilas, las cuales son, por definición, de baja tecnología e intensivas en mano de obra poco calificada, a partir de emplear equipos que también se generan en todo o en parte sustancial en las potencias. Ahora más que nunca, la división internacional del trabajo deja las labores complejas y bien pagas allá, mientras impone aquí los bajos salarios propios de los trabajos de inferior calificación y el anquilosamiento científico y tecnológico.

También es sabido que existe una relación directa de la ciencia y el conocimiento que se deben crear y transmitir en una sociedad, con el nivel del aparato productivo que esta se proponga tener, lo que equivale a afirmar que carece de sentido formar especialistas de alta calificación si no existe, ni se desea crear, una producción compleja en la cual aplicarlos. Para un país de alto nivel industrial y agropecuario, educación de alto nivel; y para un país de pacotilla, educación de pacotilla, dirán los neoliberales.

De ahí que mientras en las metrópolis la norma sea una educación pública muy bien financiada por el Estado en todos los niveles, por estas tierras avanza la privatización en sus múltiples expresiones. Esta contradicción entre lo público y lo privado en relación con la calidad de la educación no es un prurito ideológico. Lo que ocurre es que solo el Estado, el mayor poder económico de cualquier sociedad, es capaz de pagar de manera adecuada los inmensos costos de los muchos investigadores, profesores e instrumentos que se requieren para crear conocimientos de todo tipo, así como para su transmisión a millones de estudiantes. Los tiempos en que los países podían progresar a partir de una ínfima minoría ilustrada y en que a esta le bastaban sus sentidos y unos pocos aparatos de bajo precio para comprender y transformar la naturaleza, hace mucho terminaron.

Y si esa importancia del Estado es cierta en Europa, Japón y Estados Unidos, donde por su desarrollo existen minorías relativamente amplias capaces de pagar los costosos colegios y universidades privados de buen nivel que excepcionalmente tienen, a los que también financian con otros aportes oficiales y privados, qué decir de Colombia donde los pagos en la educación privada son muy bajos para financiar instituciones de excelencia, pero muy altos frente a los ingresos del común de sus estudiantes.

Con el TLC buscan concluir la tarea. Por el mayor debilitamiento de las instituciones públicas, cada vez más la educación será menos un derecho para convertirse en una vulgar y mediocre mercancía solo al alcance de los que puedan pagarla, lo que, además de su carácter antisocial, también implica que disminuirá la capacidad nacional para crear ciencia y conocimientos, porque aumentarán los excluidos entre las mejores inteligencias de Colombia. Se impulsará la toma y el desplazamiento de las universidades privadas por parte de las transnacionales vendedoras de servicios educativos. Esos negociantes foráneos ayudarán a imponer la educación y la cultura de baja calidad que requieren los intereses de sus países de origen. Y para formar a los criollos que administrarán este desastre, bastarán las universidades de Estados Unidos.

Coletilla: la propuesta de elevar el umbral del senado del dos al cinco por ciento, es decir, de 250 mil a 600 mil votos para poder elegir, apunta de manera precisa contra las fuerzas minoritarias que actúan en la política nacional y atenta contra el derecho democrático de los colombianos a escoger libremente. Además, se asemeja a la antidemocracia del Frente Nacional, la cual facilitó la descomposición del país, y no es cierto que combata la politiquería y la corrupción. Por el contrario, las estimula, porque las unificaciones impuestas, bajo pena de no poder salir elegido, conducen a unidades oportunistas y politiqueras, que son por definición corruptas.

Bogotá, 14 de agosto de 2004