Comunicado enviado por ASPU Risaralda a toda la comunidad universitaria.



Después de las importantes jornadas de movilización del estudiantado colombiano, tanto del nivel medio como universitario, llevadas a cabo durante los meses de mayo y junio del año anterior, en las que, acompañados de los docentes, expresaron su rechazo a la regresiva reforma constitucional para disminuir el monto de las transferencias, la que terminaron aprobando las mayorías uribistas del Congreso, y en contra de los artículos de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, también impuestos a la postre por la bancada de gobierno, lesivos a los intereses de la universidad pública en materia de su financiación y desarrollo académico, el movimiento estudiantil entró en un período de receso, enmarcado por el escalamiento de la intervención militar en el conflicto estudiantil, ordenada desde la presidencia de la república bajo el pretexto de contrarrestar la presunta infiltración de actores armados de la insurgencia en el conflicto universitario.

Fue ese el ardid de que se valió el presidente Uribe Vélez para estigmatizar la más formidable manifestación de la juventud colombiana de los últimos 20 años en contra del despojo de que es víctima en su derecho a la educación y para aplastar las acciones de resistencia civil que cundieron a lo largo y ancho de la geografía nacional, además de las promesas incumplidas de buscar, en lo referente a la concurrencia de las universidades para atender los pasivos generados por las pensiones, alternativas de reglamentación que fueran inocuas para las finanzas universitarias. Es así como, entre allanamientos, gases y garrote, se le despejó el camino a las regresivas políticas que hoy avanzan en las universidades públicas y el decreto reglamentario expedido en el tema de la concurrencia, lejos de tranquilizar a las administraciones universitarias de las instituciones regionales en crisis, alertó a las demás frente al futuro letal que se vislumbra.

Con sigilo se avanza en la implementación de los ajustes en las universidades, a que alude el artículo 34 del PND; en la liquidación de postgrados; en la implementación de los programas de niveles técnico y tecnológico; en el montaje y puesta en funcionamiento de los CERES; en la imposición de reformas a los estatutos generales, a los estatutos docentes y a los reglamentos estudiantiles; en el cercenamiento de los pocos vestigios que quedan del bienestar estudiantil; conduciendo estos centros académicos oficiales a su degradación académica y a sus plantas de personal docente y administrativo al envilecimiento en sus condiciones de remuneración y trabajo generados por la temporalidad predominante en las formas de contratación y la inestabilidad que los condena al “salario del miedo”.

Es en este contexto que las agremiaciones integrantes de la Coordinación Multiestamentaria Nacional nos aprestamos a fortalecer nuestras organizaciones, a profundizar en el debate sobre las políticas universitarias en desarrollo, a intensificar las denuncias y a promover acciones de movilización que las confronten.

De acuerdo con lo anterior hemos acordado promover, organizar y llevar a cabo una jornada nacional por la Defensa de la Calidad de la Educación en las Universidades Públicas. Para ello, se debe promover y organizar la retransmisión, en auditorios y espacios adecuados con pantallas gigantes, en todas las universidades, de la Audiencia Pública que con esta temática, se efectuará en el Senado de la República, citada por el senador Jorge E. Robledo, el día jueves 3 de Abril, a partir de las 3:30 de la tarde, la cual será transmitida por el Canal Institucional del Congreso. Y el día siguiente, el viernes 4, realizar una jornada de movilización nacional con este mismo propósito, en todas las universidades públicas.

Invitamos a toda la comunidad universitaria a participar en las marchas convocadas por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia para el próximo 6 de marzo en Homenaje Nacional a las Víctimas del Paramilitarismo, la Parapolítica y los Crímenes de Estado.

Coordinación Multiestamentaria Nacional
Bogotá, febrero 14 de 2008