El Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Profesores Universitarios analizó con preocupación la difícil situación por la que atraviesa la Universidad colombiana como consecuencia de la aplicación de la actual política oficial. Puntualizó como aspectos críticos los siguientes:
LA SITUACIÓN FINANCIERA DEFICITARIA de las Universidades cuyos presupuestos para el presente año 2004 fueron aprobados en cuantía inferior a los del año 2002 y se les descontó el 4% ordenado por el Plan Nacional de Desarrollo. Lo anterior viene ocasionando el incumplimiento por parte de las Universidades de obligaciones inaplazables como el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales a profesores, administrativos y trabajadores, el pago de las mesadas pensionales a los pensionados. También hace imposible el cumplimiento de las actividades misionales de la Universidad, debiendo reducir su accionar a las actividades de docencia, pasando a un segundo plano la investigación y la proyección social. Con el fin de alcanzar mejores índices de eficiencia económica se vienen haciendo cambios en la asignación de la labor académica de los docentes, aumentando el número de cursos que debe atender cada profesor hasta hacer imposible materialmente la investigación y la proyección social.
VIOLACIÓN DE LA AUTONOMIA ACADÉMICA: Los profesores de nuestras universidades, a instancias de la dirección, están dedicando sus mayores esfuerzos en cumplir la tarea impuesta por el Ministerio de Educación Nacional de adaptar todos los programas al sistema de créditos académicos y demás figuras ordenadas por el Decreto 2566 de 2003. Como se ha indicado un número promedio de créditos por programa, ese trabajo ha obligado a reformar los Planes de Estudio y los Currículos que se venían ofreciendo en la mayoría de las universidades. Esta adaptación ha dado como resultado la reducción de los contenidos de los programas y facilitará el acatamiento a otra propuesta del gobierno de reducir de 5 a 4 años la duración de los programas académicos. Lo anterior obligará a los estudiantes que aspiren a completar sus estudios superiores a adelantar programas de posgrado que como todos sabemos son de alto costo y autofinanciados. De esta manera se profundiza el proceso de privatización de la educación superior.
A estas medidas le seguirá la de modificar la unidad presencial (hora académica) de 45’ a 60’ de acuerdo con el sistema internacional de medida. Así, 4 horas del actual sistema equivalen a 3 horas del sistema internacional. Adviértase que esta mediada generará una reducción en la remuneración del trabajo docente que afectará a todos los profesores pero especialmente a los profesores de hora cátedra.
En pocas Universidades se han levantado voces críticas de maestros universitarios que han alertando sobre la violación a la AUTONOMÍA ACADÉMICA UNIVERSITARIA que se está perpetrando y sobre la inconveniencia de homogenizar la actividad universitaria y de esta forma facilitar la entrada de las transnacionales de la educación que harán presencia una vez esté vigente el Tratado de Libre Comercio que se está negociando
SOBRE LA AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA. También en este aspecto se continúa vulnerando la Autonomía Universitaria. Se generaliza en las Universidades la “toma” de los Consejos Superiores por parte de los agentes del gobierno; estos Consejos a su vez imponen Rectores comprometidos con la implementación y defensa de la política oficial; desde la dirección se orientan reformas administrativas y académicas que adecuan la Universidad para el proceso de TLC que se adelanta en el país. De manera autoritaria se desconocen los procesos democráticos y las decisiones (Estatutos Generales y Reglamentos Universitarios) que por esa vía se venían aplicando en las Universidades. La participación de la comunidad universitaria no es respetada por las instancias directivas.
PAPEL DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Reportamos a nuestros afiliados la nueva composición del CESU y la inoperancia del mismo como órgano asesor en política de educación superior, toda vez que se vienen realizando reuniones infructuosas del mismo, donde no se discute la política de educación superior, sino la mejor forma de implementar las propuestas gubernamentales. Casos concretos el tratamiento a temas como del decreto 2566 de 2003 y del TLC. Ante la solicitud del representante profesoral de discutir las implicaciones del TLC en la educación superior, el CESU le sugirió llevara el tema a una comisión que trabaja sobre el mismo y no lo asumió como de su competencia
OTRAS REFORMAS EN CURSO QUE NOS AFECTARÁN. El gobierno nacional está tramitando ante el Congreso de la República otras reformas de fuerte impacto para todos. La Reforma Pensional a través de un Acto Legislativo que modificará la Constitución Nacional en esta materia (Art.48), que omite el acogimiento de los principios de la Seguridad Social y sólo insiste en la necesidad de asegurar la viabilidad financiera del sistema actual privatizado que creó la ley 100 de 1993. Para ello propone reducir al mínimo posible este derecho de protección a la vejez y gravar con impuesto las mesadas más altas, por ahora. También tendremos reforma por la vía legal mediante un Proyecto de Ley que propone la creación de un Sistema Único de Pensiones y seguramente se insistirá en la propuesta de eliminar el Régimen Solidario de Prima Media y adoptar para todos el Régimen de Capitalización Individual que administran los Fondos Privados de Pensiones, favoreciendo nuevamente al sector financiero. Reforma Tributaria: El gobierno insiste en gravar con el IVA a los productos de consumo de primera necesidad en un monto del 4%. Estatuto Antiterrorista: La Corte Constitucional debe fallar sobre la constitucionalidad del mismo en los próximos días. Han sido de conocimiento público las movidas políticas que se han hecho para llenar una vacante en la alta corporación, lo que devela el carácter político de la misma y la influencia que puede llegar a tener el ejecutivo y el legislativo, de mayorías uribistas, en una de las decisiones de mayor trascendencia para los colombianos y para el Estado Social de Derecho.
SOBRE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO. Cada vez es más claro lo inconveniente que resulta para nuestro sector la firma del Tratado de Libre Comercio TLC que se está negociando entre Colombia y los Estados Unidos de Norteamérica; donde se ha incluido el Derecho a la Educación dentro del capítulo de los Servicios, asimilándolo a los servicios de luz, agua, teléfono y otros, a los cuales sólo se accede si se tienen los recursos para pagarlos.
La firma de este Tratado amenaza de manera grave la existencia misma de la universidad pública colombiana como consecuencia de la creación de un libre mercado de la educación superior donde competirá “en igualdad de condiciones” con las empresas transnacionales de la educación. Estas E.T. tendrán libre ingreso al país, podrán tener ánimo de lucro, tendrán libertad para establecer el valor del “servicio” que ofrezcan (matrículas) y lo que es más grave se aplicarán entre los oferentes las reglas del “trato nacional” y de “trato de nación más favorecida”. La gravedad de esta circunstancia radica en que impide al Estado colombiano dar trato preferente o protector a la universidad pública colombiana, so pena de incurrir en incumplimiento del Tratado por establecer barreras al libre comercio de la educación. Como consecuencia de ese incumplimiento el Estado colombiano sería condenado al pago de millonarias indemnizaciones. En otras palabras, de firmarse el TLC el Estado colombiano no seguirá financiando a la universidad pública.
Muy coherentes con ese propósito resultan las medidas de desfinanciación de la universidad que se vienen tomando por el actual gobierno. El Plan Nacional de Desarrollo ordenó los descuentos del 4% al 12% del presupuesto anual de las universidades para ser reorientados con base en indicadores de gestión; el presupuesto aprobado para el año 2004 es inferior al del año 2002; el pago de la nómina de pensionados se carga al presupuesto de funcionamiento de las universidades; el proyecto de ley de reforma al Estatuto Orgánico del Presupuesto cuya “flexibilización” pretende derogar los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992.
El conjunto de estas medidas de desfinanciación de la universidad pública por parte del Estado implicará en el corto plazo su desaparición por inviabilidad financiera o su privatización (Autofinanciación). Funcional a estos propósitos el gobierno tiene en marcha el Programa de Crédito Educativo, o financiación de la demanda, favoreciendo una vez más al sector financiero a costa del Derecho a la Educación de los colombianos.
El debilitamiento de la Universidad Pública no es sólo financiero sino Administrativo y Académico como resultado de los ataques que se vienen realizando a su Autonomía.
En esas condiciones de debilidad no podrá la universidad pública competir con las ET de la educación; estas invadirán el mercado colombiano que representa recursos por cerca de 4500 millones de dólares, que constituyen el botín detrás del cual irán las empresas con ánimo de lucro de la educación cuyo fin principal como su nombre lo indica es obtener ganancias. No es de esperar que estos inversionistas extranjeros tengan interés en ofrecer una educación que corresponda a las necesidades sociales, culturales y políticas de los colombianos, que respete su tradición histórica, su lengua, su diversidad cultural, su medio ambiente, en fin su cultura. Si la educación en Colombia no tiene esos objetivos qué será de la Cultura Colombiana y por ende qué será de la Nación Colombiana.
Ante lo grave de la situación que se vive en nuestras universidades hacemos un llamado a la comunidad universitaria a cumplir el deber ético de defender la Universidad Pública colombiana, defender el derecho a la Educación de los colombianos y a defender el Derecho al Trabajo en condiciones dignas.
Para ello PROPONEMOS:
1. Realizar de manera inmediata reuniones por facultad, asambleas, foros, conversatorios y otras actividades que permitan debatir abiertamente la situación actual de las universidades y de los universitarios y los efectos del TLC en las mismas.
2. Por el Derecho al Trabajo en condiciones dignas debemos exigir el ajuste salarial del año 2004, estabilidad laboral para los miles de profesores universitarios vinculados ilegalmente como ocasionales y catedráticos sin serlo, y el pago oportuno de las mesadas pensionales para nuestros colegas ya pensionados o en vía de serlo.
Consideramos que para la defensa de estos derechos se impone la movilización toda vez que ya contamos con reiterada jurisprudencia constitucional donde La Corte ha precisado al Gobierno la obligación que tiene de mantener el poder adquisitivo del salario de sus servidores. Han transcurrido más de 7 meses del presente año, el costo de vida aumenta cada día y el Gobierno desatiende ese mandato constitucional, incurriendo en un grave incumplimiento de sus deberes constitucionales y legales.
Recordemos que el Derecho a la Protesta se constituye en una obligación cuando se irrespeta la dignidad humana con políticas que desconocen los derechos humanos, patrimonio de la humanidad.
3. Comunicar a La Federación los avances y conclusiones que se logren con los debates con el fin de fortalecer una opinión universitaria desde las bases.
4. Realizar acciones de movilización en las Universidades que permitan alertar a la comunidad en general sobre las amenazas que hoy se ciernen sobre la universidad pública colombiana y sobre el Derecho a la Educación de los colombianos.
5. Coordinar actividades con los demás sectores sociales organizados participando en los comandos o frentes regionales que se han conformado en todas las capitales de departamento.
6. Trabajar paralelamente en la elaboración de alternativas que hagan posible una mayor realización de los derechos humanos para todos.
7. Todo lo anterior requiere un trabajo permanente de fortalecimiento de nuestras organizaciones, aumentando las afiliaciones y apoyando el funcionamiento de la FNPU con la compra y venta de los Bonos Profesorales.
Para facilitar la elaboración de las Agendas universitarias recordamos algunas fechas de actividades ya programadas para este segundo semestre:
Agosto 10 Reunión de responsables de DDHH de las diferentes organizaciones nacionales pertenecientes a la CUT.
Agosto 11 Jornada del Comité de Colombia Lucha contra el ALCA de solidaridad con el pueblo Venezolano.
Agosto 13 y 14 Junta Nacional de la CUT.
Agosto 25 Lanzamiento de la campaña “Para que la Universidad Viva en Colombia”. Sintraunicol, Organizaciones Estudiantiles y FNPU
Agosto 26 Comité Ejecutivo de La Federación. FNPU.
Agosto 27 y 28 Reunión de representantes de profesores y de estudiantes ante los Consejos Académicos de las Universidades Públicas con el Comité Ejecutivo de la FNPU.
Septiembre 15 a 18 S.O.S. del sindicalismo mundial frente a la aniquilación del sindicalismo colombiano.
Septiembre 16 Jornada Nacional de Protesta, por la defensa del ejercicio de la actividad sindical y las libertades democráticas.
Septiembre 17 Audiencia Pública Internacional en el Congreso de la República donde los empresarios y el Gobierno colombiano deberá responder ante la comunidad internacional por las violaciones a los Convenios Internacionales del Trabajo.
Octubre 14,15 y 16 Congreso Nacional de Profesores Universitarios.
Sin fecha fija se realizarán:
Un debate en el Congreso de la República con la Ministra de Educación sobre la situación de la Universidad Pública.
En el mes de septiembre la Asamblea Nacional del Comité Colombia Lucha contra el ALCA.
En Octubre se realizará una Movilización Nacional contra las reformas antinacionales que desconocen los derechos humanos de los colombianos.
COMITÉ EJECUTIVO DE LA FNPU
GLORIA CECILIA ARBOLEDA F.
PRESIDENTA
Bogotá D.C., Agosto 9 de 2004
POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
UNIVERSIDAD PÚBLICA
PRESENTE