Comunicado enviado por el profesor Miguel Antonio Alvarez Alvarez, Candidato a la Representación Profesoral en el Consejo Superior, para toda la comunidad universitaria.


Por una representación profesoral en el Consejo Superior de la UTP que continúe defendiendo la universidad publica y los derechos e intereses del profesorado.

En estos momentos en que se adelanta el proceso de elección del Representante Profesoral en el Consejo Superior de la UTP, y teniendo en cuenta que he puesto de nuevo mi nombre a consideración del examen juicioso del profesorado, permítanme en este escrito llamar la atención sobre algunas cuestiones que considero de importancia (desde luego que muchas otras cosas importantes se han de quedar por fuera del texto, en contra de mi voluntad).

* En esta época de la “Globalización”, de la “Sociedad del Conocimiento”, de la “Competitividad y Eficiencia”, del reino del Noliberalismo, de preparación para los Tratados de Libre Comercio (en especial el que se quiere firmar con Estados Unidos) a la educación colombiana le está sucediendo lo que ya le sucedió a la salud: de deber ser derechos inalienables del Hombre, pasan a convertirse en otras mercancías.

* La “Revolución Educativa” del Presidente Alvaro Uribe Vélez, que ha pretendido estar basada en los ejes: ampliación de cobertura, mejoramiento de la calidad y mejoramiento de la eficiencia, ha sido acompañada de la implementación de políticas, estrategias, programas y metas tendientes a implantar los registros calificados para todos los programas académicos de las instituciones de educación superior (IES); a promover la acreditación voluntaria de “Alta Calidad” de programas e instituciones; a fomentar el uso de las TIC; a promover el dominio del inglés como segunda lengua; a exigir la formación por competencias en todos los niveles, desde el preescolar hasta el superior; a disminuir la deserción; a lograr la generación de 300.000 nuevos cupos, entre los cuales 200.000 deben ser en programas de formación técnica y tecnológica; a imponer los ciclos propedéuticos; a aplicar los ECAES, aunque ellos tengan problemas legales; a difundir más el uso del crédito educativo; a consolidar el CNA, la CONACES y las reformas al interior del MEN relacionadas con la educación superior. Es indudable que el Gobierno Nacional, en el desarrollo de estos procesos, se ha encontrado con serias dificultades que le han impedido cumplir con las metas que se ha impuesto; sin embargo continúa insistiendo en llevarlos adelante. ASPU y FENALPROU han venido analizando estas políticas y sus desarrollos para actuar en correspondencia.

* A la par de lo anterior, el gobierno del Doctor Alvaro Uribe Vélez propuso e hizo aprobar en el Congreso de la República el recorte de las transferencias de la Nción a los Entes Territoriales, que deben ser dedicados a la atención de las necesidades de la población en salud, educación, agua potable y saneamiento básico; también ha hecho serios y claros intentos de afectar de manera importante y negativa los recursos financieros de las universidades públicas, provenientes del Estado. Estas políticas quedaron consignadas, por ejemplo en el Decreto 3545 de 2004, el cual estipulaba la distribución de algunos porcentajes de los recursos financieros de las Universidades Públicas con base en la aplicación de indicadores de gestión, para “premiar a algunas y afectar a otras”. Contra este decreto se luchó incansablemente y el fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. También se implementaron estas políticas en varios artículos de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo del segundo mandato del actual presidente, entre los cuales resaltan los ya conocidos artículos 38, 36 y 6, cuyos textos formulan cuestiones de suma gravedad para la supervivencia de la universidad pública. Por fortuna, en el semestre pasado y bajo la dirección de la multiestamentaria nacional, en la cual participan ASPU y FENALPROU, se adelantaron grandes movilizaciones en contra de estas decisiones , con la participación de las comunidades universitarias, encabezadas por los estudiantes. No olvidemos que el prometido decreto reglamentario del artículo 38 de la Ley del PND, que establece la concurrencia de las universidades públicas del orden nacional (entre las cuales se encuentra la UTP) para responder por los pasivos pensionales aún no ha sido promulgado y que las comunidades universitarias, por esta y otras razones, se encuentran en ESTADO DE ALERTA.

* Es cierto que la cantidad de la matrícula de estudiantes en las IES públicas, según estadísticas recientes, ha mejorado en los últimos años respecto al total de la matrícula, puesto que en el año 2006 se matricularon 661.614 estudiantes en las IES públicas y 640.114 estudiantes en las IES privadas. En el segundo semestre de 2006, en nuestra institución se matricularon 10.323 y 459 estudiantes en los programas de pregrado y postgrado respectivamente. Pero también es cierto que dicha ampliación de cobertura se ha hecho sin aportar recursos financieros nuevos o frescos por parte de la Nación. Esto ha conllevado a que el porcentaje de los recursos propios en cada una de estas instituciones haya aumentado considerablemente y a que en el caso de la UTP, para el año 2006, de un total de ingresos de $85.860’685.207.oo, el 36.3% correspondieran a los recursos propios. Como los recursos propios provienen de la sociedad, por diferentes vías, el porcentaje señalado es un indicador del grado de privatización de la UTP. No olvidemos que los recursos propios se obtienen con diferentes y variados proyectos autofinanciados o cofinanciados. Tampoco olvidemos lo sucedido en nuestra universidad a comienzos del presente semestre académico: un déficit de $265"000.000.oo en el rubro para el pago de profesores temporales conllevó a revisar, por parte de la administración de la universidad, la programación académica, tomando medidas como: aumentar el número de estudiantes por grupo, cancelar los grupos con menos de 15 estudiantes y recortar las disminuciones de docencia directa. En las grandes Asambleas de Profesores que se adelantaron a comienzos de agosto quedó claro que la solución de este tipo de situaciones no puede ser por el camino de la reforma al Estatuto Docente, ni a costa de los contratos de los profesores temporales, ni en detrimento de los procesos de investigación científica.

* Una de las implicaciones de hacer más con los mismos recursos o con menos, que es la política del doctor Alvaro Uribe Vélez, y que es implementada por la actual administración de la UTP, es la relacionada con la contratación del profesorado de las universidades públicas: las plantas de personal docentes se mantienen congeladas y con significativo número de vacantes, y la contratación es básicamente de profesores temporales (ocasionales y de hora cátedra). En la UTP, en el segundo semestre de 2006, los profesores de planta eran 331 (lo cual significa que había 37 cargos vacantes), 164 transitorios y 581 catedráticos; es decir, que de un total de 1.076 docentes, 745 fueron contratados temporalmente (más exactamente, por dicho semestre académico). No olvidemos que según un estudio que realicé el segundo semestre del año pasado, los promedios de remuneración mensual, sin prestaciones, en tiempo completo, para los docentes de planta y ocasionales fueron, respectivamente, de $3’228.118.oo y $1’959.714.oo, y que para los profesores catedráticos (con un promedio de 7,4 horas a la semana) y los catedráticos por incentivos (con un promedio de 5, 8 horas a la semana) las remuneraciones en promedio fueron de $521.325.oo (sin prestaciones) y de $875. 953.oo (remuneración integral), respectivamente. Es indudable que ASPU y FENALPROU tienen toda la razón cuando solicitan con insistencia el descongelamiento y la ampliación de las plantas docentes, la reforma en términos positivos del Decreto 1279 de 2002, y el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de la remuneración de los docentes ocasionales y de hora cátedra.

* Uno de los serios problemas que tienen las comunidades universitarias y que hemos venido denunciando y afrontando desde las organizaciones de estudiantes, de profesores y de trabajadores, es el relacionado con la crisis humanitaria que se vive en las universidades públicas. Los asesinatos de estudiantes, las amenazas de muerte que conllevan a los desplazamientos forzados, las decisiones de judicializar a quienes se colocan al frente de la lucha y las órdenes presidenciasles para que la policía pueda entrar a los claustros universitarios a cualquier momento, están generando situaciones complicadas para nuestras instituciones. Debemos seguir defendiendo los derechos humanos y en especial los que le son propios a los universitarios. La Universidad, como espacio permanente de debate, merece nuestra permanente atención. Continuemos diciendo no al Pensamiento Unico y a la Autocracia.

* Somos del convencimiento de que nuestras comunidades deben ejercer la Autonomía Universitaria consagrada en la Constitución y en la Ley. Sin embargo, lo característico de la UTP es que contamos con una administración que ha estado siempre presta a asumir y desarrollar todas las políticas gubernamentales para la educación superior. Aunque la autonomía universitaria, en nuestro caso, esté bastante embolatada, no podemos desmayar en el llamado a ejercerla.

* ASPU y FENALPROU han considerado siempre que los procesos democráticos deben ser característicos de nuestras instituciones. Siendo objetivos, en los últimos años en la UTP ha funcionado más la Autocracia que la Democracia. Esperamos que en el ejercicio de la democracia, el profesorado de la UTP pueda elegir libremente su representante en el Consejo Superior para el próximo período de dos años. Confío en que en este proceso de nuevo sea ampliamente apoyado.

* Una aclaración necesaria. He sido firme defensor del Estatuto Docente, aprobado con base en un proceso de concertación en mayo de 1993, aún vigente. En particular, considero que el artículo 19º de dicho Estatuto tiene completa validez cuando allí se formula: “….Los profesores de tiempo completo, orientarán a lo sumo 3 (tres) asignaturas diferentes teóricas, prácticas o teórico-prácticas y tendrán una docencia directa semanal, distribuida así:

- Entre 10 y 12 horas, si tiene a su cargo tres (3) asignaturas diferentes,
- Entre 12 y 15 horas, si tiene a su cargo dos (2) asignaturas diferentes,
- Entre 16 y 20 horas, si tiene a su cargo una (1) sola asignatura….”

Entiendo la necesidad, en algunos casos apremiante, de algunos profesores de nuestra universidad de aceptar, en el campo de la docencia, lo que comúnmente conocemos como sobrecarga. Lo he dicho y lo reitero: la sobrecarga debería tener lugar en el espíritu del artículo señalado; es decir, orientando a lo sumo 3 asignaturas diferentes. Siempre me he opuesto a la explotación, y más aún a la superexplotación de los trabajadores. Es conocido que en el caso de la UTP, tanto los profesores de planta como los ocasionales de tiempo completo laboran en promedio, en docencia directa, 14 horas semanales. Cuando llamé la atención sobre lo aprobado por parte del Consejo Superior, a petición de la actual administración, de que el docente hora cátedra podría dictar hasta 20 horas de clase a la semana, era sencillamente porque su labor sería equivalente a la de un tiempo completo y 6 horas de sobrecarga, con una remuneración más baja que la de un profesor de tiempo completo de planta u ocasional, es decir porque aquí se presenta un caso de superexplotación del trabajo del docente. Recientemente he denunciado lo que el Consejo Superior aprobó el 4 e julio de 2007 y que posiblemente se examinará de nuevo en la próxima reunión de este organismo: a los profesores de tiempo completo y a los jubilados del sector oficial se les permite trabajar, en los ahora llamados proyectos especiales, hasta 24 horas semanales adicionales; es decir 1,7 tiempos completos de más. Y a los de medio tiempo y hora cátedra, el doble. La sobrecarga en el trabajo debería ser algo razonable. Como este trabajo adicional se pagará con base en la tabla que hoy existe para remunerar la docencia de hora cátedra por incentivos, es claro que estamos en el mismo terreno de la superexplotación del trabajo. Reflexionar sobre la incidencia de estas decisiones en la calidad académica de nuestra labor, es absolutamente indispensable. ASPU y FENALPROU han sido partidarias de una educación de calidad y siempre se han opuesto a las políticas y medidas prácticas que han conllevado a la pauperización del trabajo del docente universitario en nuestro país. Considero que no hay razones que impliquen el abandono de estas posiciones.

Miguel Antonio Alvarez Alvarez
Candidato a Representante Profesoral en el Consejo Superior de la UTP.
Pereira, octubre 16 de 2007