Comunicado enviado por Aspu Risaralda a la comunidad universitaria.


Respaldemos en las Calles Nuestras Justas Demandas


Con la realización de un Consejo Comunitario sobre educación pública, de aquellos que acostumbra llevar a cabo el Jefe de Estado para manipular a la opinión con sus calculadas actuaciones histriónicas sabatinas y falacias, culminó la semana anterior. Es indudable que ésta quedará en la memoria de los colombianos como un hito importante, debido a las colosales movilizaciones protagonizadas en las capitales del país, el miércoles 30 de mayo, por centenares de miles de pobladores que colmaron las calles y plazas convocados por la comunidad educativa, para rechazar el asalto que se está configurando por iniciativa del Jefe de Estado, con el concurso de la bancada uribista en el Congreso, a los recursos asignados por la Constitución Nacional para atender las necesidades de salud, educación, saneamiento básico y agua potable, de los compatriotas en los entes territoriales, y a los de las universidades públicas mediante el artículo 38 del Plan Nacional de Desarrollo –PND- que traslada, en parte, la obligación del gobierno central de atender los pasivos en materia de pensiones a los precarios presupuestos de las instituciones públicas de educación superior, asestándoles un artero golpe.

No contaba el Presidente con que a un evento convocado a última hora y a la chita callando, asistirían esclarecidos y legítimos voceros del movimiento universitario que, con profundidad y certeza, dejaron al descubierto las trapisondas con las cuales se pretende justificar el infame asalto a las finanzas universitarias y dar un paso más en la senda de su privatización. No obstante la contundencia de los argumentos dados allí contra las débiles y falaces justificaciones expuestas por los funcionarios del gobierno, la posición del mandatario fue enfática en afirmar que no aceptará la petición de los universitarios de excluir de la Ley del PND el artículo 38 y con melifluas alusiones a su amor y fidelidad para con la universidad pública, invitó a que se confíe en que con el decreto reglamentario se atenuarán los perversos impactos de tal imposición y que mediante otros mecanismos el gobierno compensará los daños que se puedan causar en materia presupuestal, como consecuencia del “esfuerzo” de las universidades para “concurrir” en el pago de los pasivos pensionales.

¿Cómo aliviar las finanzas del gobierno central sin que ello se refleje en un detrimento presupuestal para quien se hace cargo de la obligación dejada? Cualquier “concurrencia” de las universidades resulta lesiva para su estabilidad financiera y se traduce en menoscabo de sus responsabilidades misionales. Es lamentable la actitud genuflexa de los rectores al aceptar las imposiciones presidenciales, renunciando una vez más la autonomía y comprometiendo las finanzas universitarias y la suerte de la universidad pública en Colombia.

Es necesario rechazar enfáticamente la orden presidencial de invadir con unidades militares los claustros universitarios y su campaña de desprestigio del movimiento tratando de endilgarle fines terroristas para desvirtuar sus reales objetivos. También es condenable el silencio cómplice de los rectores ante tan flagrante violación de la autonomía universitaria.

El respaldo social que han recibido nuestras reclamaciones nos alienta para mantener en alto las banderas que hemos enarbolado y firme el movimiento en defensa de la universidad pública. Debemos intensificar la labor de esclarecimiento y constituir y fortalecer, a todos los niveles, el Frente por la Defensa de la Educación Pública.

¡Que las movilizaciones del 8 y el 13 de junio superen en magnitud y contundencia a las realizadas hasta ahora!

Comité Nacional de Coordinación Multiestamentario
Bogotá, junio 3 de 2007