Información enviada por ASPU Risaralda a la comunidad universitaria.


Jornada nacional de protesta universitaria
Mayo 2 y 3 de 2007


Plataforma Política del Movimiento Nacional Universitario
Marzo de 2007


El movimiento universitario nacional tiene como objetivo central la defensa del Derecho a la Educación de los colombianos y de la Universidad Pública, gravemente amenazada por las políticas neoliberales agenciadas por el reelegido gobierno de turno, que concibe la educación como una mercancía transable en el perverso mercado de la educación.

Los ejes orientadores de las acciones a realizar son los siguientes:

Rechazo total a:

• Al proyecto de ley de Transferencias (Acto legislativo N° 11) por medio del cual se busca cercenar los recursos destinados por la Constitución Nacional a las regiones.

• La aprobación de presupuestos de las universidades, para la vigencia del año 2007, por debajo del incremento del IPC, violando el Artículo 86 de la ley 30; la reedición del inconstitucional Decreto 3545, en el Proyecto de Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 y a la incorporación, en el mismo, del impuesto a los egresados de las universidades públicas.

• A la negación sistemática, por parte del Ministerio de Hacienda, de asumir el pasivo pensional de las Universidades Públicas.

• La aplicación de la ley 550 de 1999 a través de la Ley 922 de Diciembre de 2004, como se viene haciendo en la Universidad del Atlántico con resultados catastróficos.

• El desmonte del Sistema de Seguridad en Salud (UNIDAD DE SALUD) de las Universidades Públicas, consagrado en la Ley 647 de 2001 y las medidas tomadas mediante decretos y resoluciones por el Ministerio de Protección Social y Trabajo.

• El aumento de cobertura, con iguales o menores recursos, atentando severamente contra la calidad de la educación y la aplicación del Decreto 2566 que lesiona la autonomía universitaria y busca estandarizar los contenidos curriculares, para promover la mercantilización de la educación Superior.

• La firma del TLC, entre Colombia y EE. UU y la inclusión de la educación superior en las negociaciones.

• La imposición antidemocrática de directivos en las Universidades públicas.

• La vulneración y/o extinción de la carrera docente y administrativa, priorizando la desregulación laboral al contratar masivamente temporales como catedráticos, ocasionales y provisionales para reemplazar al personal de planta.

La vinculación laboral precaria de profesores ocasionales y catedráticos, desechando las ventajas laborales y académicas de las vinculaciones de planta, y dando al traste con la carrera docente universitaria.

• La actual política de persecución, señalamiento, amenazas y asesinatos de estudiantes, profesores y trabajadores, que ha conducido a las universidades a sufrir la más pavorosa crisis humanitaria.


Pliego de solicitudes

• Derecho a la educación pública y su financiación estatal: El Estado debe proveer los recursos necesarios para garantizar el desarrollo de las universidades públicas y el cumplimiento de su misión, con excelencia académica.

• Respeto a los derechos humanos: La Universidad es un centro del conocimiento de carácter democrático y plural, que requiere respeto por la diferencia; libertad de expresión de la crítica fundamentada; derecho tanto a cuestionar las políticas gubernamentales liquidacionistas, como a la organización y movilización de sus estamentos, en defensa de sus intereses gremiales y de la universidad pública, en su conjunto, al servicio de la sociedad.

• Autonomía universitaria: La Universidad tiene como misión formar a sus estudiantes al más alto nivel, conservar el patrimonio cultural de la nación y desarrollar la investigación para generar nuevos conocimientos y proponer soluciones fundamentadas a los problemas del país, para lo cual requiere plena independencia del poder político. La autonomía universitaria emana de la naturaleza misma de su quehacer académico, está consagrada en la Constitución Nacional, la ley 30 y los estatutos generales de las universidades, pero en la realidad es violada sistemáticamente. Exigimos la participación de la comunidad universitaria en el proceso de toma de decisiones.

• Gobierno universitario democrático: Atendiendo la necesidad de unir los principios de la autonomía y la democracia, formulamos que la dirección de la universidad no debe obedecer a los intereses cortoplacistas de cada gobierno sino a un proyecto de nación. Esto implica que el gobierno universitario debe ser autónomo y contar con condiciones propias de un centro del conocimiento que esté a la altura de las universidades del país.

• Bienestar universitario como condición de calidad: Para el adecuado desarrollo del proceso de generación, reproducción y aplicación del conocimiento con calidad es necesario generar las garantías de acceso, permanencia y condiciones de trabajo dignas a los estudiantes, docentes, empleados y trabajadores.

• Por una administración al servicio de la academia. Según sus fines y responsabilidades proyectadas con base en su misión social y académica, la Universidad debe definir sus necesidades de estructuración y funcionamiento administrativo autónomamente y no a partir de criterios de reducción del gasto que lesionan la calidad y excelencia académica.

• Por el derecho al trabajo y a la seguridad social: Convocatoria a concursos públicos para la vinculación a la planta de profesores, trabajadores y administrativos; participación en la discusión y definición de los ajustes al Decreto 1279 de 2002 y plenas garantías salariales, prestacionales, de seguridad social y de respeto a los derechos laborales de los empleados y trabajadores.

• Exigencia al Gobierno Nacional y a los entes territoriales, de asumir los bonos pensionales y el pago de las mesadas, descargando, en consecuencia, de esta responsabilidad a las universidades públicas.

• Derogatoria de las reformas inconsultas adelantadas en las universidades y redefinición de los cambios, con la participación efectiva de la comunidad universitaria.

• Apertura de una mesa nacional de discusión y decisión sobre la educación superior pública en Colombia, con participación del ejecutivo, legislativo y los distintos estamentos de la comunidad universitaria. Específicamente, una mesa dedicada al tema de la violación de DD. HH. en las Universidades colombianas.


Por la defensa de una universidad pública autónoma, pluralista, científica, democrática y financiada por el estado

Multiestamentaria Nacional
Coordinadora Nacional Estudiantil (CNEU)
Federación Nacional de Profesores Universitarios (FENALPROU)
Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU)
Sindicato Nacional de Trabajadores Universitarios (SINTRAUNICOL)