Carta del Rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, Ing. Luis Enrique Arango Jiménez con respecto a la reforma a la Ley 80 que cursa actualmente en el Congreso de la República y que involucra a las universidades públicas colombianas.
Pereira, Diciembre 11 de 2006
Periódico La Tarde
Estimados Señores:
Abriendo la edición del día lunes 11 de Diciembre de 2006 me he encontrado con el despliegue dado a la información sobre la reforma a la Ley 80 que cursa en el Congreso de la República y que de acuerdo al giro que tomó en la comisión primera de la Cámara de Representantes puede lesionar de manera grave a las Universidades Públicas.
Como es de dominio público, los recursos que transfiere el Gobierno Nacional a las universidades oficiales está congelado y sólo se mueve con los reajustes del índice de precios al consumidor IPC, lo cual determina un desequilibrio estructural en virtud de que los gastos de funcionamiento crecen mas allá del IPC, no solo en los salarios de los docentes que tienen un crecimiento de por lo menos tres puntos sobre el IPC en razón de la producción intelectual que va al salario, sino en lo que pudiéramos llamar la canasta educativa que se reajusta muy por encima de la canasta familiar; para el año 2006, en el caso de la Universidad Tecnológica de Pereira ésta tuvo un crecimiento por encima del 10%.
La única forma como las Universidades Públicas han podido crecer, es sobre la base de mayor eficiencia y con la generación de recursos propios. Nótese que durante los cuatro años del actual Gobierno, la matrícula en el sector público de la Educación Superior creció en 59% sin que el Estado haya puesto un solo peso adicional.
Los convenios interadministrativos, una modalidad de contratación directa entre entes oficiales, ha sido una fuente muy importante de generación de recursos propios para las universidades, pero también una excelente oportunidad para que la Academia apoye al sector Estatal provocando grandes eficiencias e impactos. Sería muy conveniente que se evaluaran los beneficios de esta cooperación. Sobre todo en salud, educación y planeamiento.
Algunos intereses privados no han estado de acuerdo con que las Universidades contraten con el Estado y se quejan de competencia desleal; y otros más atrevidos llegan a insinuar que como las universidades contratan con sus propios estatutos de contratación, fruto de su autonomía, incurren en faltas de transparencia.
Un intenso lobby y una campaña de descrédito se han orquestado para evitar que las Universidades contraten con el Estado.
La comisión primera de la Cámara de Representantes ha modificado el proyecto de reforma que había aprobado el Senado introduciendo dos aspectos inconvenientes:
1. Que la contratación interadministrativa solo puede darse cuando las obligaciones derivadas de la misma tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. (Esta restricción pareciera sensata, pero cuando tomamos en cuenta a los organismos de control, se vuelve un asunto paralizante, habida cuenta de las interpretaciones que suelen darle a las normas).
2. Que en aquellos eventos en que el régimen de la ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993, incluidas las Instituciones de Educación Superior Públicas, la ejecución de tales contratos estará sometida a la Ley 80. (La agilidad y transparencia que las Universidades Públicas le han aportado a las contrataciones desaparecen, para dar un ejemplo, trascribo el texto de la misma reforma donde permite que haya selección abreviada.
“d) La contratación de bienes y servicios cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto; en cuyo caso la entidad deberá iniciar la licitación abreviada dentro de los cuatro meses siguientes a la declaración de desierta del proceso inicial…”.
Sería muy conveniente que se examinaran las formas de contratación de las Universidades; aquí manejamos otros valores; la comunidad ejerce procesos de crítica y autorregulación.
Nuestras licitaciones públicas y privadas se evalúan y adjudican en subasta durante una única sesión que no se interrumpe y en ningún caso ha durado más de 48 horas.
Jamás hemos tenido problema o demandas sobre nuestros procesos. En estos asuntos, como en muchos otros, el hábito no hace al monje.
He querido dirigirme a ustedes para explicar un poco más el asunto tratado.
Reciban de nuevo mi reconocimiento.
Luis Enrique Arango Jiménez
Rector
C.C. Parlamentarios de Risaralda
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