Información tomada del Periódico La Tarde, hoy 11 de diciembre de 2006, en la sección Pereira.


Con la modificación a la Ley 80
U. públicas temen crisis financiera

A punto de entrar a una crisis financiera, así están las universidades públicas del país, sí el Congreso de la República aprueba las modificaciones a la ley 80 de contratación estatal, en donde se contemplan algunos cambios que involucran a estas instituciones.

Los cambios, que ya fueron aprobados por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, contemplan que los convenios interadministrativos que se celebren con y entre las universidades sólo pueden hacerse dentro del marco misional de la institución y que deben regirse por la ley 80.

Para Luis Enrique Arango Jiménez, rector de la Universidad Tecnológica de Pereira y vocero de las universidades públicas antes el Consejo de Educación Superior -Cesu- estos dos puntos lesionan gravemente a las universidades, pues esto se suma a que en los últimos cuatro años el presupuesto que proviene de la Nación ha estado congelado, pues sólo se actualiza con el IPC.


Menos autonomía
Arango Jiménez, explicó que los convenios interadministrativos han sido la opción para captar nuevos recursos y ayudar al Estado a ser más eficiente, pues con la congelación de las transferencias han tenido que buscar otras opciones y esta ha sido una de ellas.

Indicó, que por eso con la reforma, las universidades podrían entrar en crisis, por un lado porque al dejar abierto el espectro de hacer convenios según el objeto misional (que es la docencia, investigación y sanción) podría prestarse a la libre interpretación y por ende tener problemas con los órganos de control.

Por otro lado, señaló que al sujetarse a la Ley 80, los procesos ya no serán tan expeditos como lo son actualmente que se rigen por los estatutos propios de contratación de la institución, y por lo tanto las entidades estatales ya no querrán hacer este tipo de tratos con las universidades.

“Los convenios se tendrán que regir por la Ley 80 en su ejecución y eso implica dilaciones, actualmente se rigen por los estatutos propios de contratación con base en la autonomía universitaria y son ágiles y transparentes”, destacó el rector de la UTP.

Por eso, recalcó que será una lesión enorme porque los recursos que están percibiendo por esta vía se van a ir al piso. En el caso de la UTP, que es muy similar al del resto de 31 universidades públicas del país, las pérdidas podrían alcanzar los 10 mil millones de pesos que corresponde al 10% del presupuesto total de la Universidad y al 20% de lo que transfiere la Nación.

Es así, como por el momento sólo les queda esperar que el proyecto llegue a la plenaria de la Cámara donde se debatirá, por el momento, dijo Luis Enrique Arango Jiménez, se están contactando a los parlamentarios para explicarles el alcance de esta reforma.



Tomado de: http://www.latarde.com/2006/12/11/per1.htm