Aspu Risaralda envía un artículo publicado por el Periódico Alma Máter de la Universidad de Antioquia.


Periódico Alma Mater
Universidad de Antioquia

Problemática Universitaria
Golpe mortal a las universidades

Así fue recibida la decisión de la Comisión Primera de la Cámara, que restringe la autonomía de las universidades públicas en materia de contratación, sometiéndolas al régimen de la Ley 80 de 1993. Al proyecto sólo le falta el debate final en la Plenaria. Los rectores desplegaran una intensa gestión para que la medida no prospere. El rector Alberto Uribe considera que “con ese mico se le asesta un golpe mortal a la educación superior pública del país”.
Restringir la autonomía de las universidades públicas en los procesos de contratación, sometiéndolas al régimen de la Ley 80 de 1993, se constituye en un golpe mortal a la educación superior colombiana.

En la sesión del pasado 30 de noviembre, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes introdujo profundas modificaciones al texto modificatorio de dicha ley, presentado por el Gobierno Nacional y votado inicialmente por el Senado sin que se afectara a las instituciones educativas. También quedan cobijadas por la norma las cooperativas, las fundaciones y las organizaciones internacionales.

La reforma a la Ley 80 de 1993 o régimen de contratación, que había sufrido tres fracasos en igual número de periodos legislativos, ahora sólo le falta el debate final en la Plenaria de la Cámara. Hasta la tarde del jueves 30 de noviembre las universidades públicas estaban por fuera del marco de la medida, y así lo había decidido el Senado en los debates previos, pero a última hora fue incluida en el articulado del proyecto por el representante de Cambio Radical y coordinador de ponentes en la Cámara, Germán Varón Cetrino, quien dijo que “hay que acabar la contratación a dedo”.

En su concepto, la pretensión es aplicar el principio general de la contratación, o sea la licitación pública, para todos los eventos. Argumenta que todo lo que tenga que ver con plata nacional, así se trate de donaciones, se regirá en el futuro por la Ley 80 de 1993. Por su parte, el representante liberal Germán Olano aseveró que con la medida “se cierra el grifo del desangre por parte de la mala utilización que se ha tenido con los contratos interadministrativos o los convenios”.

El rector de la Universidad de Antioquia, médico Alberto Uribe Correa, es categórico en calificar como un “mico” el artículo que negó el Senado y que sorpresivamente retomó la Cámara. El directivo considera que de esa forma “se le asesta un golpe mortal a la educación superior pública del país”.

La norma aprobada en la Cámara prohíbe que los contratos se puedan prorrogar de manera automática, señala que el máximo del tiempo para prorrogar sean diez años, previa evaluación, y que el tope de la cuantía sea del 60%. Se incluyen controles estrictos a la contratación con organismos internacionales, para evitar gastos al Estado por cerca de medio billón de pesos, según el ponente. El Ministro del Interior, Carlos Holguín, y el representante Carlos Enrique Soto, del Partido de la U, presentaron objeciones que no fueron tenidas en cuenta. El ministro propuso que el tema quede abierto para discutirlo en la Plenaria.

Además del rector de la Universidad de Antioquia, ALMA MATER consultó la opinión del vicerrector de la Universidad Nacional Seccional Medellín, Óscar Almario García, lo mismo que de los empresarios Luis Carlos Uribe, presidente del Comité Universidad-Empresa-Estado, y de Juan Guillermo Jaramillo, ex presidente de Proantioquia y actual director ejecutivo de la Fundación Universidad de Antioquia.
Opiniones

Alberto Uribe Correa
“El gobierno de Pastrana y de Uribe han tratado de modificar la ley y la autonomía universitaria que otorga la Constitución y que desarrolla la Ley 30 de 1992 de educación superior. Lo que quiso el legislativo de entonces fue poner en igualdad de condiciones a las universidades públicas con las privadas, acatando un factor de equidad y de desarrollo en lo que se refiere a la contratación.

En trece años de vigencia de la norma, la universidad pública no sólo ha aplicado muy bien la ley, contratando con el Estado a través de contratos interadministrativos, sino que esa alternativa le ha permitido el desarrollo vital de la misión universitaria en investigación, docencia y extensión.

La misión de la universidad es una: generar conocimiento y desarrollo a través de sus distintas áreas. Con el artículo aprobado en la Cámara ahora se le prohíbe la contratación en los aspectos diferentes a la misión, para los cuales se tendría que ceñir a la Ley 80 de 1993, generándole gravísimos inconvenientes.
Uno de esos inconvenientes es que se van a limitar los recursos que por esa vía las universidades estatales han aprendido a ingresar a sus presupuestos, con el servicio de las auditorías, las asesorías, las consultorías y demás, y con los cuales lo que además buscan es complementar la formación del recurso humano de pregrado, de posgrado, y el desarrollo de la investigación.

Los promotores de la iniciativa alegarán que eso no se va a tocar, pero les pregunto a los parlamentarios que están pensado así y a los empresarios que ante ellos han hecho lobby y presión para que se incluya ese artículo, ¿quién va a definir qué es docencia, qué es investigación, qué es extensión, cuando la línea entre esas actividades es supremamente tenue?.
Sorprende que en la recta final de esta agenda legislativa aparezcan otra vez incluidas las universidades públicas en el proyecto de la Cámara, cuando el gobierno nacional, en el proyecto de reforma a la Ley 80 de 1993 que había presentado en la comisión del Senado, se comprometió a no incluir a las universidades.

Ello le asesta un golpe bajo, duro, mortal a las finanzas de las universidades públicas, las mismas que han recibido el reconocimiento público de la Ministra de Educación y del Presidente de la República por el gran esfuerzo en los distintos aspectos misionales con la optimización de los recursos y la gestión.

En la gestión está una parte muy importante de los recursos obtenidos por contratación interadministrativa, puesto que representa casi el 80% de toda la contratación de las universidades. En el caso particular de la Universidad de Antioquia, hasta un 41% de su presupuesto proviene de gestión y dentro de la gestión está la contratación interadministrativa.
Hay un sector que ha mirado como una amenaza la contratación interadministrativa que hacen los distintos entes del Estado con las universidades públicas. El actual Presidente de la República, cuando fue Gobernador de Antioquia y por tanto Presidente del Consejo Superior, estimuló y acompañó a la Universidad de Antioquia en la contratación, pues consideraba fundamental para que la institución se relacionara no sólo con el Estado como lo proclama la Unesco y los distintos organismos internacionales, sino con el sector productivo.

La medida borra con el codo lo que se ha logrado de manera exitosa en los últimos catorce años y en el seno del Comité Universidad-Empresa-Estado. Eso es legislar a espaldas del país, eso es legislar en detrimento de lo público, y por lo mismo le hago un vehemente pero cordial llamado a los parlamentarios que rodeemos a la universidad pública, gravemente amenazada con este tipo de decisiones”.

Me propongo convocar al Presidente de la República y a la Ministra de Educación Nacional, que nos han acompañado en otras tareas como la ley de reforma tributaria, para que aunemos esfuerzos ante el Congreso con el fin de que dicho artículo no impida que las universidades continúen con la contratación interadministrativa, con la autorregulación, el autocontrol y la vigilancia debida, como lo propone el borrador de estatuto de contratación para la universidad estatal que elaboramos con el ex Contralor General Antonio Hernández Gamarra.

Luis Carlos Uribe
La decisión es un exabrupto. Cuando todos los países se están moviendo en la dirección contraria, donde la universidad pública juega el papel primordial en la contratación con el Estado, pues cómo vamos nosotros a retroceder.
Es tarea de los miembros de este Comité, los que podamos apoyar con los contactos parlamentarios hacer el máximo esfuerzo de reversar lo aprobado en la Cámara.

No es que nos ponga en peligro este esfuerzo del Comité, porque nosotros vamos a seguir adelante como sea, y hemos querido contar siempre con el apoyo del Estado, que ha sido muy ausente de este proceso, y nosotros hemos querido involucrarlo cada vez más, porque en todos los países donde estos procesos funcionan el papel del Estado es primordial, y nosotros lo estamos llevando básicamente entre la universidad y la empresa privada.

Es una decisión que contraría las peticiones del mismo gobierno que le pide a las universidades que abran espacios de financiación, y en el Comité tratamos de lograrlo a través de la venta de investigación y demás, pero eso todavía es muy poco en relación con los gastos totales de una universidad y tarda mucho tiempo desarrollar. Nosotros podemos arbitrar recursos de la empresa privada pero de todas maneras la presencia del Estado es definitiva.


Óscar Almario García
Estamos en una lucha perpetua por evitar la desfinanciación de las universidades públicas por parte del Estado, situación que de por sí ya es delicada y que se profundiza con la aprobación de ese artículo.

En los últimos años la universidad pública lo único que ha ganado es, a través de la Constitución de 1991, mantener indexado el reflejo en el presupuesto de su funcionamiento, pero no hay recursos, como sabemos, para inversión. En ese sentido, reducir la posibilidad de ingresos adicionales a la universidad atenta contra su financiación, y lo delicado con la contratación interadministrativa es que es ésta la que permite que la universidad pública tenga recursos adicionales a los que no son suficientes por asignación indexada del presupuesto nacional. Tenemos que trabajar fuerte para convencer a los parlamentarios de que esa no es una buena idea.

La tendencia es a estar bis a bis –50 a 50– los ingresos por presupuesto y los ingresos propios de las universidades, donde se combinan matrículas, que representan un porcentaje mínimo en las universidades públicas, y la gran mayoría, que son los recursos que ingresan por contratación, por asesorías, por consultorías y por trabajos especiales de la universidad.

De tal manera que la contratación interadministrativa representa un porcentaje muy alto para las universidades, que si lo restringen no va a ser compensado por el presupuesto nacional, que, repito, ya de por sí desfinancia la universidad pública y por eso hemos tenido que ir creciendo los recursos propios. Si también esos recursos propios, donde la contratación es muy importante, también se nos van a limitar, la pregunta concreta es con qué pretende el Estado colombiano que las universidades cumplan su misión estratégica.

La universidad pública tiene que ser cada vez más transparente en la contratación y cumplir con todas las indicaciones de ley de la contratación pública. En eso tenemos que ser mucho más eficientes, mucho más cuidadosos, evitarle riesgos a la universidad; pero en eso hemos avanzado y en las universidades públicas como característica general se controla la corrupción o cualquier asunto que deje en entredicho la transparencia de nuestros actos de contratación.

El problema de fondo es que evidentemente existen, aunque no es generalizado, grupos de interés profesionales en actividades y ciertas áreas de conocimiento que ven a la universidad como competencia de sus propios intereses, y lo que sí es cierto es que la universidad garantiza dos cosas, que no es frecuente que otros garanticen: una es la transparencia en el gasto de los dineros públicos, que nos duelen porque sabemos que los ponen todos los colombianos, y dos, calidad académica y profesional.

Invitamos a las asociaciones, a los gremios de profesionales y a las empresas privadas, muchas constituidas con egresados de nuestras propias universidades, a que no nos veamos como competidores, sino que veamos cuáles son los ámbitos de acción de unos y otros.


Juan Guillermo Jaramillo
Lo que me preocupa es que este país opera a base de bandazos: o todo o nada. Creo que ninguna de las dos posiciones es la que debe adoptar un país que quiere manejarse con inteligencia y que quiere aprovechar los recursos.

Pretender que la universidad no haga investigación y que esa investigación no llegue al sector productivo, es como pretender que una universidad como Harvard o como MIT no le venda al gobierno y a la industria americana los desarrollos que está haciendo.

Me parece absolutamente absurdo que se lleve a ese extremo de polarización los intereses del algún sector de la economía en este país, y (además de que le asesta un golpe mortal a la universidad pública, a la que le reclaman que gestione recursos propios,) la cosa clara es que nos digan quién en el país está haciendo la investigación básica y la transferencia de tecnología que puede hacer la universidad, quisiera ver cuáles son las empresas que están invirtiendo en ciencia y tecnología. Son contadas. Y este país se desarrolla en la medida en que haya una universidad fuerte, que sea capaz de acompañar al empresariado en la innovación y en hacerlo más competitivo en el ámbito internacional.

La decisión va en contravía de un esfuerzo de las universidades que el mismo gobierno reconoce y va en contravía de la experiencia en todo el mundo. Cuando uno ve los polos que están liderando el desarrollo del mundo, como lo que se está dando en California, en Italia, en España, en China, lo que encuentra siempre es un conglomerado empresarial adherido totalmente a la capacidad de investigación técnica y de ciencia básica que se da en la universidad; hay algunos institutos particulares que hacen investigación, pero el gran volumen de investigación básica y que genera el desarrollo de la humanidad lo hace la universidad.

Y no me parece que la discusión sea si se trata de la universidad pública o de la privada, el tema es la universidad, porque ambas tienen que trabajar juntas por el desarrollo del país y me parece contraproducente que fuéramos a frustrar el gran impulso que está teniendo la universidad.