Declaración enviada por ASPU a toda la comunidad universitaria.
Declaración de ASPU
Ante la grave crisis institucional del país
¡Que renuncie el Presidente!
Una secuencia de escándalos sin precedentes está sacudiendo al país. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de llamar a indagatoria o librar medidas de aseguramiento contra varios de los actuales miembros de Congreso de la República ha puesto en evidencia la responsabilidad política del gobierno de Álvaro Uribe, de los partidos que lo apoyan, y de gran parte del establecimiento, en la acción criminal del paramilitarismo.
Plantear que esta crisis es consecuencia de los avances en la aplicación de la política de Seguridad Democrática, que habría destapado toda la podredumbre de la “parapolítica”, sólo busca confundir a la opinión pública y trata de ocultar la responsabilidad directa del Presidente y todo su equipo de gobierno en las causas estructurales de la crisis. Más grave aún, se quiere intimidar a la oposición que ha venido denunciando los hechos, con el argumento de que “todos somos responsables”.
El propio Ministro del Interior ha reconocido que el Gobierno está estudiando la posibilidad de cerrar el Congreso de la República e imponer la convocatoria de una Constituyente. Estas medidas desesperadas sólo tratan de salvar la imagen del Presidente y nos colocan ante la perspectiva de un “golpe de estado” institucional.
Es necesario que el pueblo colombiano sea consciente de la gravedad de la crisis. Los profesores universitarios tenemos no sólo la obligación sino la autoridad moral para presentar un diagnóstico y propuestas de salida ante la misma. La Universidad, como conciencia crítica de la Nación, durante el actual gobierno ha sido asediada, vilipendiada y agredida sin descanso. Los estamentos universitarios hemos puesto una dolorosa cuota de amenazados, exiliados y asesinados por el simple hecho de disentir o cumplir de manera cabal con nuestra función académica crítica. Y han sido los paramilitares instrumento cruel y efectivo de la intimidación.
La campaña de intimidación a los universitarios ha buscado crear las condiciones de no resistencia para que el Gobierno pueda aplicar el paquete de contrarreformas que desfinancian la universidad pública, deterioran profundamente la calidad académica de la formación universitaria, las condiciones laborales de los docentes y trabajadores y reduce al mínimo el bienestar estudiantil y universitario. Por esta vía se pretende someter a la universidad colombiana a los lineamientos de los organismos financieros internacionales, los dictámenes del gobierno norteamericano y las onerosas condiciones del Tratado de Libre Comercio, firmado por Álvaro Uribe con los EEUU. A pesar de esas
condiciones adversas hemos persistido, en muchos casos a costa de nuestra integridad personal, en el señalamiento de los problemas estructurales de la sociedad y en proponer soluciones de fondo en el terreno del respeto a las libertades democráticas y las garantías sociales para la mayoría de la población.
Pero la crisis universitaria es sólo uno de los aspectos de la profunda crisis que atraviesa el país. Por esta misma razón, hoy queremos señalar que los actuales escándalos son sólo un síntoma de una crisis global cuya solución no da margen de espera. Debemos salir al paso de quienes pretenden reducir el problema a las responsabilidades individuales de algunos parlamentarios. Como hoy se está develando la acción de los paramilitares fue coordinada, financiada y apoyada desde las altas esferas del Gobierno y del Estado, incluidos altos mandos de las fuerzas armadas, de los organismos de seguridad y de los órganos de control. El genocidio perpetrado contra el campesinado pobre y las organizaciones populares tenía como objetivo la concentración de la propiedad de la tierra, despojo que hoy se pretende legalizar a través de la ley de tierras que cursa en el Congreso de la República y la imposición de una contrarreforma laboral, social y política donde los únicos beneficiados serán las élites que han monopolizado el poder económico y político durante décadas en nuestro país.
La actual crisis institucional sólo se puede enfrentar garantizando la participación real y efectiva de las mayorías de colombianos. Propuestas como la depuración o revocatoria del Congreso de la República, la renuncia de Álvaro Uribe Vélez a la Presidencia de la República, la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales, la convocatoria a una Asamblea Constituyente, deben ser sólo el preámbulo de la conformación de un nuevo régimen político realmente democrático que garantice los derechos de los colombianos. Por eso, y por la responsabilidad política que le compete, una condición indispensable para dar vía libre al constituyente primario es la renuncia del Presidente de la República a su cargo.
Llamamos a todo el movimiento social a apoyar esta propuesta, a organizar la movilización y a bloquear cualquier intento de imponer una salida autoritaria a la crisis del país.
Bogotá, Noviembre 29 de 2006
VI PLENARIO NACIONAL DE ASPU