Nueva información enviada por ASPU Risaralda sobre la Universidad del Atlántico.


Resolución

El IV PLENARIO NACIONAL DE ASPU reunido en Bogotá durante los días 9 y 10 de agosto de 2006 considerando:

1. Que la defensa de la educación pública hace parte de la misión y propósitos de ASPU.

2. Que la universidad pública no escapa a la arremetida neoliberal privatizadora del gobierno de Uribe Vélez.

3. Que la Universidad del Atlántico, a instancias del Gobierno Nacional, entró en proceso de reestructuración de pasivos y administrativa en los términos de la ley 550 de 1999; y dentro del mismo proceso, el promotor Luis Leguizamón, designado por el Ministerio de Hacienda, presentó como propuesta mantener la actual universidad sólo para el pago del pasivo y crear una nueva universidad ajustada a los requerimientos privatizadores, para atender el servicio educativo.

4. Que una de las causas del descalabro financiero de la Universidad del Atlántico la constituye los malos manejos de sus recursos que realizaron administraciones anteriores y la clientela que respondía a directrices e intereses de la clase politiquera regional. Estos hechos fueron denunciados oportunamente, desde 1997, por profesores, estudiantes y ASPU ante las autoridades competentes (Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Defensoría y los Ministerios de Hacienda y de Educación), investigaciones que a pesar del acerbo probatorio, aún no arrojan resultados y muchas fueron precluidas; pero que condujeron a una serie de amenazas, persecuciones, desplazamientos y asesinatos de miembros de la comunidad universitaria, en especial de ASPU.

5. Para agravar la situación, en el año 2003 la Universidad firmó un Acuerdo de Concurrencia con el Ministerio de Hacienda y el Departamento del Atlántico para el manejo del pasivo pensional. En desarrollo de este Convenio el Gobierno descargó en la Universidad el pago del porcentaje más alto del pasivo, a la vez que descuenta los mayores valores que, en su concepto, la Universidad pagó de más a sus jubilados, sin esperar pronunciamiento judicial de fondo y contraviniendo fallos de tutela en sentido contrario. Por su parte el Gobierno Departamental desconoce la mayoría de sus obligaciones legales con la Universidad.

6. Que la mayor acreencia es por concepto del Auxilio de Cesantías a sus trabajadores que hoy superan los $60.000 millones. Este pasivo debió resolverlo el Gobierno Nacional a más tardar en el año 1995, atendiendo a lo mandado por el artículo 88 de la Ley 30 de 1992 que ofreció el pago de las mismas a cambio de que los profesores, empleados y trabajadores se pasaran al nuevo régimen establecido en la ley 50 de 1990. Compromiso este que no ha cumplido el Gobierno Nacional, ocasionando una sanción moratoria por cesantías que representa mas de $30.000 millones de la cual es directo responsable el Ministerio de Hacienda.

7. Que los diferentes estamentos de la Universidad del Atlántico con la participación de ASPU, FENALPROU, SINTRAUNICOL y Organizaciones Estudiantiles han desarrollados
permanentes denuncias y movilizaciones, locales y nacionales, sobre esta problemática y de protesta sobre su falta de solución y la inoperancia estatal para disciplinar a los responsables.


Resuelve:

1. Rechazar la aplicación de la ley 550 de 1999 en la Universidad del Atlántico y en las demás universidades públicas del país.

2. Solicitar la suspensión de la votación y aprobación del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos y Administrativa en la Universidad del Atlántico, por razones éticas y falencias procedimentales tanto de funcionarios de los Ministerios de Hacienda, de Educación, como de la Gobernación del Atlántico y de la misma Universidad.

3. Exigir que se mantenga abierta la Universidad del Atlántico conservando las características de una Universidad Pública: autónoma, democrática, universal, de calidad, de gestión transparente y financiada por el Estado.

4. Exigir resultados de las investigaciones que debieron adelantar todos los órganos estatales de control, de justicia y del ejecutivo, como consecuencia de las denuncias presentadas respecto a los malos manejos de los recursos de la Universidad y de los asesinatos y demás violaciones a los derechos humanos de los miembros de la comunidad de la Universidad del Atlántico.

5. Aprobar e impulsar la movilización social por la defensa del proyecto educativo Universidad del Atlántico y de la universidad pública en general.

6. Hacer un llamado al movimiento sindical y popular para sumarse a las tareas en defensa de la Universidad Pública Colombiana, en particular de la Universidad del Atlántico y del patrimonio de todos los colombianos, en especial contra la privatización de ECOPETROL y la liquidación del Instituto de Seguros Sociales que traerán graves consecuencias a la política social y el bienestar para la inmensa mayoría de los colombianos y colombianas.

Leída y aprobada por el IV Plenario Nacional de ASPU.



Pedro Hernández Castillo.
Presidente Nacional de ASPU


Bogotá D.C, Agosto 18 de 2006.

cc. Opinión Pública