Información enviada por Aspu Risaralda sobre la Universidad del Atlántico.


El Heraldo. Barranquilla, Viernes 18 de Agosto 2006.
En informe del Promotor de Ley 550
Proponen acabar la Udea y crear otra universidad
Por: Karina González P.

En informe presentado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el promotor de la Ley 550 de 1999 en la Universidad del Atlántico, Luis Leguizamón, propone la desaparición gradual de la actual institución educativa para darle paso a una nueva que se encargue de las actividades académicas.

El documento, remitido por la directora de Apoyo Fiscal del Ministerio, Ana Lucía Villa, a la rectora (e) Ana Sofía Mesa y con copia al gobernador del Atlántico, Carlos Rodado Noriega, contiene resultados del estudio elaborado por el equipo promotor en instalaciones del alma máter.

Dice el promotor que: “…es preciso trabajar en la elaboración de una propuesta orientada a garantizar las condiciones estructurales de recuperación de la misión institucional de la Universidad, separando sus actividades académicas del pasivo que recae sobre su actual estructura jurídica y financiera. Para el efecto, se sugiere mantener la actual personería jurídica que ostenta la universidad, exclusivamente para efectos de financiación del pasivo, principalmente, el pensional, y dotar de nueva personería jurídica a la actividad académica mediante la creación de una nueva estructura organizacional”.

Añade que la Universidad subsistiría como persona jurídica encargada de administrar el pago del pasivo, mientras que los programas académicos estarían a cargo de la actual hasta tanto reúna las condiciones institucionales requeridas.

“En el entretanto –advierte-, la prestación de los servicios académicos se efectúa mediante mecanismos de delegación o contratación entre las 2 instituciones, dentro de los cuales se especifica el traslado de los recursos financieros, administrativos, académicos e institucionales necesarios para que la nueva universidad cumpla con su misión educativa”.

Indica igualmente que “se trata de un procedimiento de marchitamiento gradual de la actual Universidad del Atlántico sin descuidar el cumplimiento de sus compromisos prestacionales, académicos y administrativos hasta tanto el pasivo, específicamente el pensional, adquiere una fuente estable e independiente de financiamiento, y la nueva universidad adquiere la totalidad de requerimientos normativos para operar de manera autónoma”.

En el informe fechado 11 de agosto de 2006, el equipo liderado por Leguizamón concluye también que el Consejo Superior Universitario no ha revestido a la rectora (e) de las facultades requeridas para la negociación, suscripción y ejecución del acuerdo de pasivos. Asimismo, que no es posible corroborar que se adelante acciones de saneamiento fiscal e institucional orientadas a la reducción del gasto corriente y el mejoramiento de la operación de la Udea.

Plantea además que las alternativas de la universidad se dirigen básicamente a la financiación a cargo de la Nación, sin embargo dichos recursos sólo cubrirían el pasivo y no constituirían una solución permanente.
Otro aspecto que resalta es que la Gobernación y la Udea “no han precisado el título legal idóneo que facilite el reconocimiento y pago de la deuda que, por concepto de las leyes 30 de 1992 y 100 de 1993 y estampilla Pro Ciudadela Universitaria, la Gobernación mantiene para con la Universidad del Atlántico”.

De la misma forma, establece que la propuesta de acuerdo de reestructuración presentada por la institución educativa no garantiza la suscripción del mismo, como tampoco la introducción de medidas estructurales de saneamiento fiscal e institucional dirigidas a darle continuidad a la institución.

“Propuesta ya fue descartada”
Augusto García, miembro del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, afirmó que la propuesta de crear otra entidad no es novedosa y había sido declarada inviable por las implicaciones que tiene.

“La propuesta fue debatida ampliamente hace ya varios meses con todos los estamentos de la universidad, optándose por la reestructuración de pasivos mediante la aplicación de la Ley 550, que es la que se está aplicando en estos momentos”, afirmó.

El ex senador y ex viceministro de Minas dio a conocer que hoy se reunirá el Consejo Superior de la Universidad con el fin de seguir analizando el proceso de reestructuración, cuyo acuerdo debe firmarse en próximos días.
Fórmula no es viable: Asojua
El presidente de la Asociación de Jubilados y representante de los pensionados ante la Ley 550, Jorge Salazar Castaño, calificó como un exabrupto la propuesta del promotor Luis Leguizamón.

Aseguró que se trata de una fórmula que atenta contra un patrimonio histórico de la ciudad, y que ya fue descartada y rechazada por el mismo Gobierno Nacional, “Es que, de repente, a 8 días de la firma del acuerdo de reestructuración de pasivos, el promotor sale con una propuesta de que lo único posible es la liquidación de la universidad”, sostuvo.

Para el jubilado, si bien es cierto que el escenario financiero presentado por la Rectora (e) como plan de salvamento de la universidad en los próximos 5 años tiene deficiencias, no es mérito suficiente para decir que la institución educativa debe desaparecer.



Declaración de CORPUV a propósito del inminente cierre de la Universidad del Atlántico

Como es de conocimiento público, la Universidad del Atlántico afronta la más grave crisis de su historia. Desde hace algún tiempo se ha perdido en ella el principio mismo de la autonomía universitaria dado que ha sido objeto de una intervención gubernamental con el fin de liquidarla y reinventarla bajo el modelo neoliberal del adelgazamiento organizacional y la autofinanciación. En este sentido, se vienen adelantando acciones por parte de sus directivas -impuestas por los Ministerios de Hacienda y Educación- con el fin de propiciar este trágico desenlace. En dicho proceso se ha golpeado severamente la calidad académica de sus programas y su afianzamiento como una de las principales universidades, pese a la crisis, en materia de investigación ha tenido logros como lo prueban los resultados recientes. Se ha aumentado drásticamente la asignación académica del profesorado de planta hasta llegar a las veinte horas semanales de docencia directa, con el fin de que los profesores aun vinculados salven a la universidad y reemplacen a los liquidados y pensionados anticipadamente.

Es necesario que la comunidad universitaria en todo el país rechace de manera vehemente este atropello contra la universidad pública y contra uno de los principales patrimonios culturales, científicos y académicos de la Costa Atlántica. Por eso estamos haciendo un llamado para que se denuncie esta política y se reclame del Estado que asuma su responsabilidad en relación con la crisis de la Universidad del Atlántico. Esta al igual que ocurrió en 1998 en la Universidad del Valle tiene como uno de sus causas principales la no constitución de un Fondo Pensional que permita autonomizar la nomina de funcionarios y empleados actuales, respecto de los pensionados. Ninguna institución pública puede soportar bajo una misma asignación presupuestal el pago de sus gastos de funcionamiento y la carga pensional de sus trabajadores y empleados ya jubilados. De otro lado, se requiere igualmente un mayor aporte financiero de la Gobernación del Departamento del Atlántico, de la Alcaldía del Distrito de Barranquilla, y en general de la movilización social en diferentes campos de acción para salvar la Universidad del Atlántico.

Por ello desde la Universidad del Valle CORPUV promueve categóricamente el rechazo a esta política de liquidación y señala claramente que este es un camino que el gobierno del presidente Álvaro Uribe quisiera emprender con muchas otras instituciones públicas de educación superior que afrontan igualmente la falta de resolución estructural del problema pensional. Es así como se pretende extender la reingeniería y el adelgazamiento organizacional tomando como modelo casos extremos, exitosos para el Gobierno Nacional como el modelo implementado en la Universidad del Amazonia, basado en una proporción exagerada de docentes hora cátedra, en la asignación de docencia directa a los pocos profesores de planta, por encima de los estándares internacionales, que permiten la dedicación significativa del docente universitario al trabajo de investigación y a la proyección social.

Aunque se está apenas comenzando semestre es justo que este tema sea conocido y que el rechazo vigoroso de los miembros de la comunidad universitaria de Univalle sea manifiesto de manera pública. Esta es la invitación que plantea CORPUV a sus afiliados y la opinión pública en general.

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