Artículo enviado por el profesor Gonzalo Arango Jiménez, Representante de los Profesores en el Consejo Académico.
El espejismo de la calidad en el proceso de degradación académica de la educación superior en Colombia.
Encuentro Nacional de Representantes Profesorales y Estudiantiles ante los Consejos Académico y Superior.
Universidad del Tolima. Ibagué noviembre 19 de 2005
Por: Gonzalo Arango Jiménez
Representante de los profesores en el Consejo Académico de la Universidad Tecnológica de Pereira y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Profesores Universitarios.
El propósito de este trabajo es compartir con ustedes un conjunto de apreciaciones que durante los últimos años hemos venido construyendo alrededor de la política de Educación Superior en Colombia, apoyados en el análisis de los cambios en la legislación, inspirados en las orientaciones de las agencias multilaterales de crédito, fundamentalmente del Banco Mundial, perfilados en el Plan de Apertura Educativa y que fueron incorporados a la legalidad mediante la Ley 30 de 1992 y la legislación subsiguiente. Debido a las restricciones de tiempo y al tema de interés en esta comisión me limitaré a los elementos de la política referentes al tema de la calidad, en el contexto de la política general.
El contexto de las reformas.
Con el advenimiento de las reformas neoliberales implantadas en el país desde el inicio de los años 90´s, como consecuencia de la aplicación de los postulados del Consenso de Washington plasmada en la Constitución del 91, se establecieron los principios sobre los cuales se ha construido toda la nueva institucionalidad. Aquella que permite al “mercado” enseñorearse como regulador de las actividades económicas y al “librecambio” como norma de conducta en el comercio mundial.
La nueva distribución de los procesos de producción de bienes y servicios, que se desprende de la “teoría de las ventajas competitivas” en un mercado abierto, globalizado, trae intrínseca una localización de la producción de ciencia y de la generación de objetos tecnológicos, todos ellos expresión del trabajo exitoso con el conocimiento avanzado que se erigen en “mercancías” de orden superior. Cada país se especializará en la producción, para el mercado mundial, de aquellos géneros para los cuales se encuentre en una posición competitiva. Como la otra cara de la moneda, renunciará a la producción de aquellos para los cuales no es competitivo, es decir que otros países los producen con calidad mundial y a menor precio.
Los impactos del nuevo modelo en la educación superior.
En materia educativa, por un lado, se produce una transmutación consistente en que se abandona su condición de derecho para todos los nacionales y se convierte en una mercancía cobijada bajo la denominación de “servicio público cultural”, con su especificidad de “servicio educativo”, cuya prestación debe estar sometida a las leyes del mercado, regulado por el Estado para garantizar las condiciones de competencia que hagan posible la optimización de la satisfacción de todos los agentes que concurren, en concordancia con los postulados del liberalismo económico desempolvados por los teóricos de las fatídicas teorías imperantes. La consecuencia de ello es la tendencia general hacia la privatización, mediante el expediente neoliberal de reemplazar la financiación de la oferta por el subsidio a la demanda con el fin de focalizar el gasto público en la “población más vulnerable”, en los “más pobres de los pobres”. Por razones de equidad, el esfuerzo de financiación de este “servicio educativo”, en sus niveles superiores, debe recaer fundamentalmente en la “familia”, quien debe compartir con el Estado y la sociedad dicha responsabilidad, en desarrollo del mandato constitucional.
De allí que las universidades públicas debieron encaminarse por el sendero que las conduce a establecer niveles de matrículas que den cuenta de los costos reales de la prestación del servicio, para garantizar, a todos los oferentes en el mercado, condiciones equitativas de competencia y en consecuencia será el “cliente”, el usuario del servicio, quien escoja a aquel que más se aproxime a satisfacer sus expectativas, sin que tal decisión esté influenciada por las distorsiones que en el precio se generan por causa de los subsidios gubernamentales otorgados a ciertos y determinados oferentes. El objetivo estratégico es el de convertir a las universidades públicas en “oferentes estatales”, operando en igualdad de condiciones con las empresas educativas privadas con quienes competirán, de tal manera que pervivan las más “eficientes”, las más “competitivas”, las que gracias a esta condición atraigan un mayor número de clientes.
Por otro lado, para ajustar el aparato educativo a las necesidades del modelo económico imperante se promueven un conjunto de reformas al sistema que permitan su adecuación, en materia de contenidos, a las demandas del mercado laboral en el escenario del la globalización, además de conseguir su estandarización que haga intercambiables los paquetes de formación que, aprovechando los avances de las teorías de la información y las comunicaciones –TICs-, profusamente se ofrecen desde el exterior por la Internet, en la modalidad de educación virtual.
La autonomía, el carácter científico de la educación, la democracia, la libertad de cátedra, principios rectores de la universidad pública fueron reemplazados por los de la eficiencia, la equidad, la pertinencia y la calidad, cuya puesta en práctica se ha convertido en un proceso tortuoso, no exento de escollos.
El papel de la calidad en el modelo imperante de educación superior.
En el modelo neoliberal de la educación superior, la “calidad” ocupa un papel importante y fundamental: regular el mercado. ¿De qué calidad estamos hablando?
Leamos las definiciones presentadas por el viceministro de educación Javier Botero en un Foro efectuado en la U. del Cauca.
“•Grado en el que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes a la educación superior cumplen con una necesidad o expectativa establecida.
•En una definición laxa se refiere al funcionamiento ejemplar de una institución de educación superior.
•Propiedad de una institución o programa que cumple los estándares previamente establecidos por una agencia u organismo de acreditación”
Desde luego que lo aquí expresado deja completamente claro el asunto. Se trata de una “calidad” que nada tiene que ver con el carácter científico de los contenidos de la educación que se imparte, ni de la excelencia en los niveles del sustrato propio de la educación superior. Sencillamente es la concordancia entre lo que se ofrece y aquello que se entrega a los consumidores en el mercado.
Es por ello que la Ley 30 de 1992 incorpora dos herramientas o mecanismos claves para su instrumentación: El sistema Nacional de Información y el Sistema Nacional de Acreditación. Con el primero se pretende eliminar las asimetrías en la información disponible para los clientes que concurren al mercado, como garantía para que los compradores de la mercancía “educación superior”, dispongan de la información suficiente que les permita tomar la decisión más racional posible en relación con sus expectativas. Con el segundo, establecer un mecanismo de certificación, avalado por el estado, para la protección del consumidor, en el sentido de dar fe que lo que se ofreció es realmente lo que se entrega.
Además, dentro del proceso de privatización que se impone por el modelo, la “calidad” o el “cumplimiento de ciertos estándares” juega un papel clave dentro del proceso de asignación óptima de recursos y de satisfacción de las expectativas de los agentes económicos. Eliminando las distorsiones generadas en los precios por los subsidios a la oferta, es la calidad el supremo definidor de las decisiones de compra de los clientes y la “mano invisible de Adam Smith” hace de las suyas para conducirnos hacia el reino de la excelencia y la felicidad. Sólo aquellas instituciones de “calidad” lograrán captar clientela y sobrevivirán en un mundo regido por la “competitividad”, a los más bajos precios. Las demás desaparecerán como consecuencia del veredicto implacable de las leyes de la competencia. De otro lado, la asignación directa de una cada vez menor cantidad de recursos a las universidades públicas, como subsidio a la oferta, se hará mediante un concurso que premiará a las mejores y castigará a las que no alcancen tal calificación.
Desde otra perspectiva, podemos evidenciar que los mecanismos de evaluación de la calidad se constituyen en herramienta clave para determinar, desde centros de poder externos a la universidad, los contenidos de la educación, arrasando con la autonomía académica y la libertad de cátedra. Los “estándares mínimos de calidad”, los “exámenes de calidad de la educación superior – ECAES -”, la “acreditación por programas” y “la acreditación institucional”, en forma sutil pero certera, forzarán los contenidos de los programas, en términos de asignaturas y currículos, despojando a la universidad de la autonomía que le es consustancial. Reducir el contenido de las asignaturas y el número de estas por programa es el objetivo manifiesto. Para ello se impone el sistema de los créditos académicos y se legisla en esta materia, argumentando la potestad y obligación estatal de ejercer el control y la vigilancia sobre la educación y garantizar la movilidad estudiantil entre las instituciones. Forzadas por la legislación vigente, las universidades adelantan procesos de rediseño curricular, alrededor de la denominada “formación por competencias”.
¿Cuál es el modelo de economía al que se ajusta la educación superior?
El postulado básico en el que se fundamenta la teoría de globalización de la economía, que hoy se expresa en nuestro país en las negociaciones del TLC andino con los Estados Unidos y el entrabado ALCA, es el de las ventajas competitivas. De acuerdo con este principio, los países deberán especializarse en la producción de aquellos bienes y servicios para los cuales posean una mejor dotación de factores y, en consecuencia, los puedan ofrecer en el mercado mundial con niveles de calidad mundial y al menor precio.
A mediados del año 2000, Jeffrey Sachs, destacado profesor de Harvard y uno de los más importantes promotores del modelo neoliberal, publicó un artículo en la revista The Economist, en el que además de señalar que “el mundo no está dividido por ideologías sino por tecnologías”, propone una taxonomía de tres grupos, para la ubicación de los países según su perfil tecnológico: innovadores, adaptadores y excluidos. Al aplicar esta clasificación a los países del continente nos encontramos con que en la primera categoría se encuentran Canadá y los Estados Unidos; en la segunda Chile, Argentina, Brasil industrial y norte de México; y el la tercera, sin trascender el papel de usuarios de tecnología, el sur de México, los países tropicales de Centroamérica, los países Andinos y la mayor parte de Brasil tropical.
Dicho en otra forma, en la producción de tecnología no sólo no somos competitivos sino que estamos ausentes. Esta cruda realidad, que de por sí significa un tragedia nacional, bajo el modelo de desarrollo neoliberal se nos presenta como inmodificable, condicionando, no sólo nuestras posibilidades de desarrollo económico, sino de avance en el campo del conocimiento científico y del desarrollo tecnológico. Así las cosas la dependencia en materia de ciencia y tecnología, que se ha hecho proverbial en nuestro país, se eternizará. La producción de bienes y servicios complejos, que requieren sofisticados procesos, se reservarán a aquello países que produzcan la tecnología que permanentemente absorben dichas industrias, mientras que la producción de bienes simples y primarios, con escaso valor agregado se consolidará en los países atrasados como el nuestro.
La desregulación laboral y ambiental, las ventajas tributarias para los inversionistas extranjeros y la eliminación de restricciones en materia de exportación de utilidades, al lado de la garantía de acceso a nuestros recursos naturales, sin tasa ni mediada y a precios de feria, estimulará el establecimiento de enclaves de “maquila”.
Es para ese escenario que se reforma el sistema de Educación Superior en Colombia. De allí la insistencia del gobierno nacional en promover la formación técnica y tecnológica y la reforma de los pre-grados a 4 años orientando la formación profesional hacia el “desarrollo de destrezas esenciales generales” que, de acuerdo con el “Plan Global de Desarrollo de la Universidad Nacional” serían: “saber leer, analizar, sintetizar, argumentar, por un lado, y, por otro, la capacidad de escuchar y trabajar en equipo. Estas competencias generales permiten al egresado desempeñarse en cualquier ocupación, toda vez que son la condición sine qua no para apropiarse de nuevos conocimientos.”
La reformas implantadas, y las que están en marcha, implican una degradación general del nivel de la educación superior en el país que, como ha dicho el senador Jorge Enrique Robledo, conducen al establecimiento de una educación de pacotilla en correspondencia con el país de pacotilla al que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez aspira en concordancia con los intereses del gobierno norteamericano. Ello ocurre al tiempo que la propaganda oficial no para de hacer alharaca propagandística en tormo a la “calidad”, con los procesos de acreditación y los exámenes de estado.