Informe del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Profesores Universitarios enviado por ASPU UTP a toda la comunidad universitaria.
El Comité Ejecutivo, en su reunión ordinaria del 16 de septiembre, acordó reafirmar las siguientes posiciones y tareas.
1. El Problema Pensional
El problema pensional que ha aflorado dramáticamente en varias universidades contiene elementos de orden jurídico, financiero y político, que pueden ser separados por razones de carácter analítico, pero, en su conjunto, responden a una sola meta oficial: la asfixia presupuestal y la liquidación de educación superior pública. Es la razón fundamental por la cual debemos insistir en foros y reuniones multiestamentarias que ninguna universidad será viable financieramente sin los Fondos Pensionales.
Las particularidades del problema, en cada Universidad, no nos pueden llevar a perder de vista que se trata de un grave atentado contra la viabilidad financiera de la educación superior pública, que afecta a todos los estamentos universitarios y a las nuevas generaciones de jóvenes bachilleres que aspiran a ingresar en el futuro.
2. Consulta Sobre El TLC
Los resultados de la consulta sobre el TLC, en la Universidad de Antioquia, fueron claros y contundentes. El 89.57% expresó un rotundo NO a la firma del Tratado. No podemos admitir que, desde posiciones gobiernistas o pseudo- académicas, se ponga en duda el resultado de la consulta, haciendo abstracción del abstencionismo que tradicionalmente ha existido en las universidades y, en general, en todo el país.
No conocemos los resultados en las otras universidades pero sabemos que pertenecen a la misma tendencia y se proyectan en las que siguen. Lo importantes es intensificar la denuncia al Tratado colonialista por sus gravísimas implicaciones para el país y para la educación superior a sabiendas de que no estamos solos en la lucha y que otros sectores están trabajando en el mismo sentido para sumar voces y voluntades en un proceso único de resistencia social.
3. La Caída de los Indicadores
Desde la expedición del Decreto 3545, señalamos y denunciamos su carácter liquidacionista y privatizador. El Gobierno lo modificó parcialmente, lo cual, de hecho, es un reconocimiento a la legitimidad y justeza de nuestro planteamiento. Ahora, la Corte Constitucional, nos da nuevamente la razón, al declarar inexequible el inciso primero del Artículo 84 de la ley 812 de 2003, por ser violatorio de la autonomía universitaria. De esta manera quedó sin piso jurídico la manipulación de los indicadores de gestión, que se convirtieron en un juego perverso de premio y castigo, con el silencio cómplice de los rectores.
Dicha actitud complaciente con las políticas oficiales que vulneran la autonomía universitaria es una demostración palpable de que los rectores no son, ni pueden serlo, el sujeto de la autonomía universitaria. La autonomía universitaria, por su naturaleza académica, está íntimamente ligada a la democracia y debe ser la comunidad universitaria la llamada a ejercerla de manera directa y a través de los cuerpos colegiados internos.
La retención del 8% del Presupuesto, para este año, no tiene sustentación jurídica, debe ser entregada a cada una de las universidades y de inmediato implica abrir el proceso de definición de los criterios y procedimientos para establecer las prioridades del gasto en función del mejoramiento de la calidad de la educación superior, la transparencia administrativa y la aplicación del principio de rendición de cuentas.
4. Ajustes al Decreto 1279
Continua el manejo, en conciliábulo cerrado, de los ajustes al Decreto 1279, con exclusión a los gremios y representantes profesorales. Se repite, de esta manera, la vieja maña de la sorpresa, como ocurrió con el tristemente célebre Decreto 2912 que fue promulgado un 28 de diciembre en medio del sopor de las fiestas navideñas. Hemos enviado una carta al Director del SUE y no ha tenido la más elemental cortesía académica de responderla. ¿Que podemos pensar de un Rector así, que, además, los representa a todos?
5. Elección de Representante Profesoral ante el CESU
Gracias a la oportuna gestión de nuestro representante ante el CESU, profesor Rodolfo Espinosa, logramos aplazar la elección de su sucesor, que se había convocado de una manera apresurada, para el 19 de agosto.
El 9 de septiembre, el ICFES, ordenó una nueva convocatoria para el 12 de octubre, definiendo el viernes 7, como fecha límite para la inscripción.
6. Todos a Participar en la Jornada del 22 de Septiembre
Reiteramos nuestro compromiso con la Jornada Universitaria, en los términos acordados por la Multiestamentaria Nacional.
Luis Aurelio Ordoñez
Presidente
Bogotá D.C., septiembre 19 de 2005
Jueves 22 de septiembre de 2005. Salon 00 - 10:00 a.m.
Asamblea general de profesores UTP.