Mensaje enviado por ASPU Risaralda para toda la comunidad universitaria.
Declaración de la VII Asamblea General de Delegados de la Federación Nacional de Profesores Universitarios
La Asamblea General de Delegados llevada a cabo en la ciudad de Bogotá los días 28 y 29 de abril, asumió la tarea de evaluar la situación de la Educación Superior en el marco del plan sectorial del actual gobierno, denominado Revolución Educativa. La primera conclusión es que existe coherencia entre las formulaciones centrales esbozadas desde un comienzo en dicho plan y lo que viene implementando como agenda de gobierno el presidente Uribe.
En seguimiento de orientaciones foráneas y del gran capital, el gobierno de Uribe Vélez se encuentra empeñado en convertir en objeto de lucro bienes y servicios que constituyen derechos ciudadanos, incluyendo, sin reato alguno, aquellos que son indispensables para la propia supervivencia de los seres humanos. El agua potable, la energía, la salud y la educación se privatizan para convertirse en negocios con mercados garantizados, que privilegian el lucro particular y desconocen la satisfacción de necesidades vitales de los ciudadanos.
La educación superior, como un mercado potencial que podría superar en ventas nuestras exportaciones de carbón y café, viene siendo negociada de espaldas a la opinión pública colombiana en el TLC que espera firmarse con Estados Unidos. Concebido como un asunto concerniente estrictamente a los expertos elegidos por el gobierno, se avanza en las perspectivas de costo estándar por estudiante y subsidio a la demanda, al tiempo que se adecuan, como lo hace el Decreto 2566 de 2003, procesos de homogenización curricular que permitan en un futuro cercano el libre fluir de los recursos públicos a las instituciones privadas nacionales y extranjeras, cobijadas todas bajo el rótulo de entidades proveedoras del servicio educativo y/o la desaparición de la universidad pública.
A la par con la mercantilización de la educación se quiere imponer el modelo de capacitación para el mercado de trabajo. En esa línea de pensamiento se inscribe el ex-Rector de la Universidad Nacional de Colombia, doctor Marco Palacios, cuando afirma que "la universidad enseña demasiado" y promueve, en consecuencia, reformas conducentes a la conversión de la primera institución de educación superior del país en una escuela de capacitación en artes y oficios. Menos académicos y más instructores contratistas, manejados bajo un férreo poder centralizado, es la fórmula mágica que para la universidad pública quiere ensayar el gobierno de la seguridad democrática.
Según la política oficial los planes de estudio deben "modernizarse" eliminando todo lo superfluo, léase aquello que contribuya a formar capacidad creativa, para limitarse a la instrucción que permita el desempeño del profesional como herramienta calificada de trabajo. El llamado sistema nacional para el aseguramiento de la calidad académica y la gravosa retención de porcentajes de los aportes estatales fijados por la ley 30 de 1992, son los instrumentos mediante los cuales se viene tutelando por parte del gobierno el cumplimiento de dichas políticas, cuyo fondo no son preocupaciones auténticas por una mejor formación, sino afanes fiscales determinados en los acuerdos con la banca mundial.
Los profesores reafirmamos la vigencia de la educación como derecho ciudadano y nos oponemos a quienes promueven su mercantilización. Constituye un alto riesgo para la Nación colombiana un proyecto universitario que le apuesta a procesos de adecuación y no de transformación, como si de educar para la fatalidad se tratara -así fuimos, así somos y así seremos-.
Para la educación este gobierno impuso la meta de cuatrocientos mil nuevos cupos y la viene cumpliendo. El problema no está en la generación de esos cupos, de hecho deseables, sino en que se estén logrando con el mismo número de profesores y hasta con menos, sin inversión en infraestructura académica y bienestar. Mayor cobertura con calidad es una relación que defendemos desde la universidad pública y las organizaciones gremiales, lo cual requiere mas recursos financieros, físicos y humanos.
Nos oponemos a la asfixia presupuestal que se quiere imponer a la universidad pública, y por ello, al todavía vigente decreto 3545 de 2004. Admitiendo su debilidad jurídica y la justa protesta de todos los estamentos universitarios, el gobierno procedió a un remiendo con la expedición del Decreto 827 de 2005 que dejó vigente la bolsa y la retención del 12% de los recursos más allá de los límites temporales del Plan Nacional de Desarrollo. La exigencia por su derogatoria se mantiene al orden del día.
Reafirmamos el concepto constitucional de la autonomía como capacidad colectiva de autodeterminación y demandamos la no intromisión del poder ejecutivo en la orientación de las universidades colombianas. En su desarrollo, reclamamos la adopción de métodos democráticos en la definición de las políticas para la educación superior y rechazamos la intromisión abusiva del ejecutivo en la designación de rectores para las universidades públicas. No se concibe la autonomía universitaria con prácticas autoritarias, como las padecidas recientemente por la Universidad Nacional de Colombia, cuando se delega toda la capacidad de decisión en funcionarios impuestos y respaldados por poderes externos a las instituciones.
Frente a las políticas que denuncian lo falaz de la propuesta Uribe, se ha desatado una sistemática persecución contra los estamentos que conforman la comunidad universitaria. Cuota significativa del creciente número de desplazados que hoy deambulan a lo largo y ancho del territorio colombiano la conforman profesores, estudiantes, empleados y trabajadores que se han visto obligados a dejar abandonados sus espacios de vida por amenazas directas a ellos y a sus familias, o como resultado de asesinatos y desapariciones de sus compañeros. Cese al terror estatal contra la universidad pública y a la violación de los derechos humanos de sus miembros.
Estamos a la espera de la respuesta al pliego universitario radicado ante el MEN el pasado 13 de abril. En realidad, más que un pliego de estamento alguno, es un proyecto integral por la defensa de la universidad pública, que se opone a las agresivas políticas de abandono a los compromisos estatales con la educación superior y a la transformación del derecho a la educación en un mero asunto del mercado. Convocamos a toda la ciudadanía para que expresemos el repudio colectivo a la mercantilización de los derechos y a que nos opongamos al ideario neoliberal uribista plasmado en su mal llamada Revolución Educativa.
Bogotá, 29 de abril de 2005
Mensaje enviado por: asputp@utp.edu.co