Comunicado de los rectores del Sistema Universitario Estatal SUE con respecto a la reforma a la Ley 30 de 1992 como respaldo a esta inciativa.
REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA UNIVERSITARIO ESTATAL – SUE
COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN GENERAL
El SUE –Sistema Universitario Estatal- se permite manifestar ante la opinión pública y la comunidad universitaria en general, que ha decidido acompañar el Proyecto de Ley de Reforma a la Ley 30 de 1992, por medio de la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior del país, recientemente radicado por el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República, en virtud de que este proyecto ha sido el resultado de un largo proceso de discusiones entre el Gobierno Nacional y las directivas de las universidades estatales colombianas. La concertación acordada garantiza preservar la indexación presupuestal contemplada en el Artículo 86 de la Ley 30, aumenta según el crecimiento de la economía, los recursos de inversión estipulados en el Artículo 87 de la misma Ley; y además garantiza progresivamente un aumento importante en recursos financieros de origen público que irán a la base presupuestal de las diferentes universidades por un valor estimado de 2.8 billones de pesos corrientes, entre el 2011 y el 2019, equivalentes a un incremento real- en el periodo señalado- del 26%.
De otro lado, el Proyecto de Ley le devuelve de forma permanente a las universidades públicas el 2% que le era descontado anteriormente para financiar al ICFES y le da a las universidades territoriales herramientas legales para el cobro de las deudas existentes de las gobernaciones y los municipios para con ellas, precisando que estas entidades territoriales puedan aportar recursos adicionales al financiamiento de las universidades públicas.
Los recursos adicionales de diferente orden contemplados en el Proyecto de Ley no serán asignados discrecionalmente por los gobiernos, ni se aportarán mediante esquemas de bolsas concursables para la ampliación de cobertura. Hemos precisado con el Gobierno que con base en el respeto a la autonomía universitaria, consagrada en la Constitución Nacional de 1991 y ratificada y precisada en diferentes fallos de la Corte Constitucional, el SUE y el Ministerio de de Educación Nacional, de forma concertada, construirán mecanismos específicos para la asignación de los nuevos recursos, teniendo como ejes la cobertura, la compensación de los incrementos salariales por productividad de los docentes, la formación avanzada de los mismos, la financiación de Maestrías y Doctorados y los apoyos financieros a la investigación y la innovación. Al respecto, el Proyecto deja abierto este proceso de concertación entre las universidades públicas y los próximos gobiernos, en consonancia de los planes nacionales de desarrollo y los Proyectos Institucionales, y tomando en cuenta las iniciativas provenientes de las comunidades universitarias.
Como se ha manifestado recientemente y aunque éste es un paso, en la dirección correcta de asignación de nuevos recursos permanentes y crecientes a las universidades públicas, no es todavía una solución financiera de fondo a sus problemas estructurales. No obstante, si el Proyecto Legislativo surte un trámite exitoso en el Congreso, ello contribuirá progresivamente a compensar los crecientes costos en el funcionamiento de las universidades públicas, corregir las limitaciones del Modelo de Financiación de la Ley 30 sin afectar su esencia y promover nuevos desarrollos de la Educación Superior Pública del país, por lo cual consideramos como importante la aprobación de este proyecto de Ley para beneficio de la Educación Superior en el país.
Estamos desde luego, interesados en promover y participar en el debate nacional sobre la suerte de las universidades públicas y de la educación superior colombiana, su pertinencia, internacionalización, el fomento a la innovación, la investigación y la creatividad, y en general, los aspectos atinentes a la mejoría sustancial de la calidad de la educación superior pública, para que ésta contribuya significativamente al desarrollo nacional y a la superación de inequidades y desigualdades, particularmente referidas al acceso de la población de escasos recursos económicos a la educación superior.
Bogota D.C., 28 de Abril de 2010