Intervencíón del Rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, Ing. Luis Enrique Arango Jiménez realizada durante el Foro internacional sobre financiamiento de la educación superior organizado por el MEN en Bogotá.


Foro internacional Financiamiento de la educación superior

Mecanismos de asignación y alternativas de financiación


El tema que convoca este eje temático, es quizás uno de los más polémicos pues pega en el centro de la discusión muy en boga por estos días en Colombia sobre la forma de financiar la educación superior. Existe la tentación de demandar recursos del Estado, sin mayores contraprestaciones, como una forma legítima de apalancar financieramente el servicio público de la educación superior, quizás actuando bajo la premisa de que la autonomía solo produce aciertos.

Para tomar una perspectiva internacional conviene mirar lo que está pasando a nivel mundial y reconocer que la evolución del sector de la educación superior nos ha llevado a una realidad donde no hay un solo modelo de financiación predominante o que pueda catalogarse como ideal; lo que hay en cambio, es un espectro variado donde lo público y lo privado participan de distinta forma.

No todos los fondos estatales van hacia lo público, y no todos los fondos privados van hacia lo privado.

La educación superior pública y totalmente gratuita es un modelo que ha sido modificado en todo el mundo, se suele hablar de Francia y de algunos países nórdicos, pero la única verdad, es que todos están migrando hacia formas de financiamiento privado y en todo caso los fondos públicos son entregados con criterio de resultados.

Hay que reconocer que la financiación de la educación superior se ha desplazado hacia un híbrido que se alimenta de lo público y de lo privado.

Esta realidad que es palpable, nos debe impulsar a considerar variantes, que defiendan lo público, con nuevos enfoques evitando caer en la defensa abstracta de un concepto, soportado más en el deseo que en la realidad.

De nada nos sirve encapsularnos sin reconocer lo que está ocurriendo en el contexto mundial. Hay que aceptar como norma general la existencia de lo público y de lo privado en la oferta, y además, que la financiación, tanto proveniente de lo público como de lo privado, puede alimentar una y otra oferta sin que ello determine ni la calidad, ni el acceso de los ciudadanos: ello, dependerá de las formas, métodos, variantes, apoyos, y esquemas utilizados en cada caso. Eso es lo que nos muestra la realidad mundial.

Veamos el caso de las instituciones privadas en Colombia.

Para las instituciones privadas los subsidios y los créditos para matrícula y sostenimiento del Icetex han sido fundamentales.

Se solía afirmar que los sectores en debilidad para acceder a la educación superior, no tenían sino la vía de las universidades estatales; pues bien, cada día esta aseveración es controvertida por la realidad; muchas universidades privadas están educando jóvenes provenientes de los estratos 1 y 2 con buena calidad. Para ello, el crédito ACCES de largo plazo del Icetex que ofrece tasas compensadas, subsidios y garantías mínimas, ha sido determinante.

Para el año 2010, el Icetex espera colocar 52.269 créditos nuevos y renovar 205.654 créditos para un total de 257.923 créditos. De estos créditos, 101.000 además de la tasa compensada, reciben un subsidio del 25% a la matrícula o al sostenimiento de 1.15 Salarios mínimos semestrales si poseen Sisben 1 o 2.

El 88% de los créditos de pregrado del Icetex están colocados en las IES privadas. Ello, determina que el 26.4% en promedio, de toda la matrícula de las instituciones de educación superior privada, está financiada por créditos del Icetex y la composición de estos créditos es mayoritaria para los estratos 1 y 2. Entre el 2003 y el 2009 la línea Acces de largo plazo adjudicó 185.562 créditos nuevos, de los cuales el 85% de ellos correspondió a los estratos 1 y 2. Por su parte la línea de mediano plazo adjudicó 35.428 créditos nuevos en el mismo periodo y los estratos 1 y 2 representaron el 44.3%.

La demanda por el crédito del Icetex ha venido en aumento, y los créditos otorgados también, como puede verse de las gráficas.

La Línea Acces de largo plazo, la mayoritaria, ha tenido una demanda creciente. En los primeros años se adjudicaba el 100% de la demanda y en los dos últimos años por falta de recursos solo ha podido atenderse un 40% de la demanda calificada.

¿Cómo fondear el Icetex más allá de los esfuerzos que se han hecho, para poder atender una demanda creciente se vuelve una prioridad?

El Icetex podría doblar el número de créditos si el Estado decidiera capitalizarlo nuevamente de manera directa o a través de un nuevo crédito con cargo al Estado.

Esta es una alternativa que debiera considerar el Gobierno nacional como forma de potenciar la demanda en las instituciones privadas y un poco de manera marginal en las instituciones públicas de educación superior como mostraré más adelante.

Esto no quiere decir que estemos frente a una solución perfecta, seguramente se tendrán que hacer ajustes a futuro en la concepción y modalidades de los créditos. Pero hay que reconocer el éxito del nuevo Icetex en su estrategia de crédito, reconocimiento que ya se le hace en el plano internacional como entidad líder.

Precisamente en estos días, las instituciones usuarias de crédito del Icetex, de manera silenciosa hicieron un esfuerzo que refleja por un lado la madurez, pero por el otro la gran importancia que le asignan al crédito educativo.

La cartera en riesgo de los créditos ACCES venía creciendo de manera alarmante de la mano del fenómeno de la deserción. El Icetex como entidad vigilada por la Superintendencia financiera, no puede perder su patrimonio. Como entidad financiera estaba obligada a reconsiderar sus tasas de interés de colocación lo que por supuesto atentaba contra el carácter social de la entidad. Pues bien, el conjunto de las instituciones de educación superior aceptaron aportar a un fondo de sostenibilidad del crédito que permita asumir los riesgos de cartera. El aporte en promedio será de un 3% de cada uno de los giros que van a las IES a cubrir las matrículas de los estudiantes. El Icetex de sus excedentes también aporta en la misma cuantía, lo que determina un 6% de los giros totales que alimentan el fondo de sostenibilidad como estrategia de compensación al riesgo de cartera. No hay olvidar que ya los créditos del Icetex no exigen garantía real.

El aporte de las instituciones de educación superior al fondo de sostenibilidad, además es modulado de acuerdo al histórico de deserción de cada institución, de tal suerte que algunas IES aportan menos de 3% y otras más de 3%. En dos años y de acuerdo a la evolución de la deserción en cada institución, este aporte puede sufrir variaciones.

Cada institución en el nuevo contrato se compromete a desarrollar acciones de seguimiento y acompañamiento a los estudiantes usuarios de los créditos. Lo que de hecho garantiza corresponsabilidad de las IES.

El paso dado por el Icetex y por las IES es estratégico y garantiza la supervivencia del modelo de financiamiento a través del crédito de largo plazo.

El caso de la educación superior estatal, es totalmente diferente, su financiación no depende de las matrículas, y recibe transferencias del Estado central y/o territorial. Las matrículas por lo general, no son una barrera de entrada.

No vamos a discutir los costos de matrícula porque ellos no pueden alterarse, dado el carácter social de nuestra labor, so pena de desquiciar el carácter público de las instituciones. Lo concreto, es que ya existe una estructura de costos de matrícula, que no es capaz ni será capaz de soportar los gastos crecientes como ha sido suficientemente discutido y explicado.

El crecimiento en los últimos años de la matrícula en las universidades públicas, ha sido por cuenta de mayor eficiencia y algo muy marginal, a pesar de los esfuerzos, por los recursos propios que han generado las universidades. Cuando se habla que los recursos propios financian casi un 25% de la educación pública hay una falacia detrás, no todo lo que se factura es de libre destinación, solo una porción minoritaria.

Durante lo corrido de este siglo, la matrícula en las universidades públicas se ha más que duplicado, mientras la privada apenas se mantuvo.

Ello, permitió que las universidades públicas recuperaran el terreno perdido frente a las privadas; recordemos que de una relación 30-70, que tuvimos a finales del siglo pasado, hemos pasado prácticamente a un equilibrio, con un poco más para la pública.
No podemos ignorar que el crecimiento de las públicas se ha hecho prácticamente con los mismos recursos de transferencia del Estado en precios constantes.

Puede confesarse que había ineficiencias en el sistema público, pero igualmente debe admitirse que la situación ya es insostenible. No hay mayor elasticidad para soportar una estructura de costos que va por lo menos tres puntos más allá de la inflación, con una estructura de ingresos que apenas se mueve con la inflación.

Este desbalance, esencialmente se explica por el crecimiento de los costos más allá de la inflación, tanto los generales como los de nómina; esta última desequilibrada aún más por la naturaleza de la remuneración de los docentes, cuyo salario crece, además del reajuste anual, con base en un puntaje que se mueve con la producción intelectual de los mismos. Hecho apenas justo, e incluso insuficiente, pero que la Ley 30 de educación superior no previó de manera explícita, en los artículos 86 y 87. Quizás por ello los Gobiernos se aferraron a reajustar los presupuestos solo con el incremento del índice de precios al consumidor- IPC- y nada más.

Este fenómeno de corte acumulativo que llamamos desfinanciamiento estructural sistemático, requiere de una solución igualmente estructural.

El Estado debe concurrir con recursos frescos a balancear el déficit sistemático que las universidades han soportado hasta hoy, pero con inmensos sacrificios, al punto que su viabilidad está amenazada.

Tal y como lo estoy argumentando, el Sistema Universitario Estatal -SUE- lo hizo el año pasado durante la discusión del proyecto de ley de presupuesto para el año 2010 y logró con el acompañamiento del Gobierno recursos adicionales por una cuantía importante y precisamente en estos momentos de manera concertada entre el SUE y el MEN se construyen las fórmulas de distribución.

Estas fórmulas van a compensar a las universidades por los esfuerzos en cobertura del pasado y algo también de proyecciones de crecimiento para aquellas universidades que se atrevan.

Es un alivio pero un alivio temporal que se agota, regresando al mismo punto, la necesidad de soluciones estructurales. El Ministerio y los rectores estamos de acuerdo en propiciar una revisión de la Ley 30 en los aspectos de financiación que permitan soluciones de fondo. Aunque complejo, la meta es llevar a la próxima legislatura del Congreso una propuesta concertada.

La reforma si llegara a darse, debe proveer recursos adicionales a los que actualmente reciben las universidades y además vislumbrar la forma de distribuirlos, con criterios de sostenibilidad. Aclarando eso si que la entrega sin compromisos está descartada, variante aceptada de antemano por el colectivo de rectores.

Mientras tanto hay que buscar opciones.

Pienso que sería aceptable que el Estado le transfiera a las universidades un valor por estudiante matriculado semestre en las nuevas ofertas que sea de su interés promover y que concierte con ellas; ello, haría mucho más fácil llegar a los sectores en debilidad y sobre todo promover ciertas áreas del conocimiento deficitarias en Colombia. Sería algo así como orientar un mercado que de todas maneras es imperfecto.

Naturalmente que este per cápita podría considerar la particularidad de las instituciones y la diversidad de las ofertas de manera tan compleja como se quisiera.

Lo que acabo de decir, además de ser polémico, incomoda a los defensores a ultranza del modelo de financiamiento 100%.
Considero que la autonomía universitaria, también puede usarse para encontrar opciones de defensa de la propia universidad pública desde adentro con innovación.

Así como los sistemas nacionales son diversos y combinan distintas variantes de financiación y de instituciones que oscilan entre lo público y lo privado, así también cada institución debiera organizar internamente sus ofertas moviéndose en todo el espectro, sin talanqueras. De hecho, ya los posgrados obedecen a la lógica de la sostenibilidad en la mayoría de las universidades públicas; transferir el subsidio recibido a los posgrados es un lujo que muy pocos pueden darse.

Si existe demanda, aparece el proveedor. No podemos hacernos ilusiones pensando que una sola forma de concebir el financiamiento de la educación superior es viable en el contexto actual.

Lo más fácil y aplaudido sería lanzar un grito contra la privatización, ¿y mientras tanto qué? ¿Los intereses sociales en concreto qué? Estos no dan espera al surgimiento de un modelo ideal, que entre otras cosas no conocemos.

El número de bachilleres ha crecido en los últimos años fruto de la revolución educativa, por lo menos esta cifra ha aumentado con 200.000 bachilleres adicionales en los últimos años.

¿Cómo atender esta demanda agregada? ¿Se la dejamos a la educación privada? No creo que ella pueda hacerlo, ni que sea lo que conviene al interés general.

Cerrarles la entrada a los demás cuando uno está adentro es muy cómodo, pero injusto.

Creo además que la eficiencia de los sistemas debe ser transversal a todos los modelos e ideologías, mal haríamos en usar inadecuadamente los recursos públicos o en evadir el control social sobre los mismos.

Por ello las universidades hemos aceptado recibir recursos nuevos con condiciones, estamos convencidas de que exigir recursos en abstracto, automáticos, es una prédica facilista que no va a ser exitosa.

Pero así mismo, creo que las universidades no pueden reducir su propuesta solo a pedir recursos, estimo que deben moverse con creatividad en el contexto que la realidad presenta; una educación cada vez más orientada a las necesidades, pero cuidando lo social. Hay que construir opciones, usando la capacidad instalada con audacia. Hay espacios de trabajo disponibles que pueden llenarse, si nos animamos a usar distintas alternativas.

Me refiero a que hay que abrirse sin abandonar el régimen que pudiéramos llamar público tradicional, es más fortaleciéndolo, a otras alternativas que construyan ofertas cobrando matrículas diferenciales que permitan hacer las ofertas sostenibles y atienda las necesidades del mercado y de la sociedad. Hasta que el Estado no cambie su política, no hay otro camino.

Unas ofertas no niegan a las otras.

En la Universidad Tecnológica de Pereira un 20.4% de la matrícula de pregrado (2890/14.162), cursa estudios en propuestas de matrícula única diferencial, la mayoría en horario nocturno y de fin de semana, con un costo de matrícula diverso, dependiendo de los costos del programa.

Es la cofinanciación necesaria para hacer viables financieramente las ofertas.

Son jóvenes en su mayoría trabajadores, que no habrían tenido opción de estudiar de otra manera y pagan costos muy inferiores a los que determinaría una opción de mercado pues se apoyan en la infraestructura disponible.

De esta manera tenemos la siguiente distribución:

1.384 personas estudiando ingenierías industrial, mecánica, electrónica, y de sistemas y computación, pagando 2.7 salarios mínimos mensuales por semestre.

393 personas estudiando Mecatrónica por ciclos propedéuticos, pagando 2.7 salarios mínimos mensuales por semestre.

174 personas estudiando Tecnología prehospitalaria y Técnico profesional en administración del turismo sostenible pagando 3 salarios mínimos mensuales por semestre.

103 personas estudiando Medicina veterinaria y zootecnia pagando 6 salarios mínimos mensuales por semestre.

302 Jóvenes en los Centros regionales de Educación Superior CERES, estudiando Licenciatura en Etnoeducación y desarrollo comunitario, Licenciatura en pedagogía infantil y Tecnología Industrial, pagando 1.8 salarios mínimos mensuales vigentes por semestre.
71 jóvenes estudiando Pregrado en Extensión en San Andrés Islas, pagando 2.5 salarios mínimos mensuales vigentes por semestre.

463 personas de secundaria articuladas a los programas Técnicos profesionales por ciclos pagando 1.32 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para estas ofertas hemos empezado a utilizar de manera creciente los créditos del Icetex, especialmente en los CERES; pero así mismo hemos buscado la concurrencia de gobernaciones, alcaldías, cooperativas, comités de cafeteros, Fondo FEM del MEN y diversos apoyos para cofinanciar los estudiantes en el pago de matrículas y coadyuvar a la consolidación de la demanda.

Hace siete años cuando iniciamos las ofertas cofinanciadas, fue la de Troya; se nos acusó de buscar subir las matrículas, que era el comienzo de una operación privatizadora; soportamos un paro prolongado. Hoy es un tema superado, los dos regímenes conviven sin ningún tipo de consecuencias.

La composición de la matrícula en la UTP antes que disminuir la presencia de sectores en debilidad, está mostrando un ascenso de estos sectores; más del 50% pertenece a los estratos socioeconómicos 1 y 2. Más del 85% a los estratos 1, 2 y 3.

Naturalmente que no todo el mundo está de acuerdo y eso es propio de la academia, es consustancial a su esencia. Jamás podremos tener a todo el mundo de acuerdo. Quizás por ello, estas innovaciones solo prosperan trabajando con los que quieren y apuestan.

Hay que abrir opciones insisto, sin educación no habrá desarrollo. La sociedad está reconstruyendo imaginarios favorables a la educación superior: el narcotráfico y la emigración que tanto deslumbraron a la juventud en el pasado inmediato están siendo sustituidos hoy por las ganas de estudiar.

Para finalizar es bueno recordar que la masificación de la matrícula ha traído aparejados problemas nuevos que exigen miradas diversas de las universidades. Y esas miradas requieren intervenciones financieras, sicosociales y nuevos enfoques metodológicos de lo que últimamente llamamos responsabilidad social universitaria.

No es este el objeto del foro, pero lo dejo advertido como un asunto que complica aún más la situación del financiamiento universitario y hace más urgente resolver el problema de financiamiento de la educación superior pública.

Debe quedar claro que cualquier política de financiación de la educación superior pública debe garantizar el acceso de la población en condición de vulnerabilidad y proveer los recursos para el adecuado desarrollo de la universidad pública.

Es muy fácil cuestionar las propuestas por las fallas que ellas entrañan, lo difícil es presentar propuestas que sean viables.

Ninguna solución será perfecta, pero las fallas de la solución no pueden llevarnos a la negación de la misma solución.

Siempre los defectos se podrán atender por la vía de la excepción, o de la discriminación positiva.

Manos a la obra, hay alternativas que permiten usar la capacidad instalada con creatividad y realismo.



Muchas gracias,



LUIS ENRIQUE ARANGO JIMÉNEZ
Rector
Universidad Tecnológica de Pereira