En el auditorio ubicado en la Facultad de Ciencias de la Salud, el 5 de febrero de 2010 en horas de la mañana, el dr. Diego Palacio Betancourt, Ministro de Protección Social; y la dra. Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de la Asociación de Hospitales del Risaralda, hablaron sobre la salud en Colombia y la Emergencia Social.


En esta actividad que contó con la participación masiva de docentes, estudiantes y administrativos de la UTP, y con la presencia de algunos políticos de la región, el Dr. Palacio presentó un balance de las cifras actuales del régimen subsidiado y contributivo en salud, explicando el por qué de la Emergencia Social, “si nosotros logramos mejorar el plan obligatorio del régimen subsidiado, logramos inmediatamente disminuir e impactar; en caso de lograr unificar, lograríamos solucionar por lo menos el 90% de estos servicios no POS para la población.”

La emergencia social y sus medidas tiene cuatro objetivos principales: universalizar, con el fin de que todos los colombianos estén afiliados a un régimen, independiente de sus dificultades económicas; aumentar el POS-S y su unificación; revisar y actualizar el POS, el cual se espera que al menos una vez al año sea revisado y en él se como incorporen 11millones menores de 18 años que no se encuentran afiliados; y nacionalizar la cobertura del régimen subsidiado, para quitarle la territorialidad a la salud y los usuarios puedan ser atendidos en ciudades distintas a las de su afiliación. Estos objetivos coinciden con las órdenes de la Corte Constitucional quien sugirió hace más de un año involucrar a la población más necesitada en el sistema general de seguridad social colombiano.

Las medidas que se tomarán para llevar a cabo la emergencia social, entre otras es buscar recursos, “este gobierno no dudó en generar mecanismos tributarios que permitieran que aquellos temas que constitucionalmente tienen que ver con la financiación de la salud, como son los juegos, los licores, la cerveza, el tabaco, pudieran tener un impuesto que nos permitiera recaudar cerca de mil 200 millones de pesos, distribuidos entre la nación y los departamentos”, aseguró Palacio.

Con estas medidas se busca liberar recursos para que ayuden a acelerar un proceso de saneamiento del sector de la salud, ya que según el ministro, la idea es mejorar el sistema dejando claro que los decretos que se formulan en el marco de esta emergencia, son decretos con fuerza de ley, “los cuales no buscan la disminución de los planes obligatorios sino por el contrario la actualización permanente del plan obligatorio del régimen contributivo y la posibilidad de un mejoramiento significativo en la cobertura del régimen subsidiado”.

El Dr. Palacio terminó su charla hablando sobre los diferentes tipos críticos, los que saben, los que leen, los que tienen intereses económicos, y los críticos de oposición. Además contó a los asistentes una noticia “hoy debe estarse girando en Risaralda entre otros, producto de una plata autorizada por el congreso, cerca de 3 mil 400 a 3 mil 500 millones de pesos, dentro de todo este proceso de ir ayudando al desatrase y ojalá al saneamiento de las cuentas en los distintos entes territoriales.”

Después de la intervención del ministro, la Dra. Zuluaga presentó inicialmente la Asociación de Hospitales del Risaralda, la cual cuenta con las 16 empresas sociales del estado, y busca velar por el buen funcionamiento de los hospitales. Zuluaga mostró las negativas de la emergencia social, dado que esta medida no tiene en cuenta a los hospitales.

Para ello señaló algunos de los decretos, mostrando las debilidades de cada uno, en cuanto a los beneficios que puedan tener los hospitales, que según estos decretos los hospitales en un futuro podrían ser cerrados dado que no serán autosostenibles, porque con el programa de saneamiento si éste saneamiento no existiese, los hospitales deberán ser liquidados. Según Zuluaga, esto generará más inconsistencias en el sector salud porque se le están quitando recursos a los hospitales para darlos a los entes territoriales.

Las conclusiones que dio Zuluaga en su charla fueron:
- Sí se liberan recursos, pero estos debieron haber sido liquidados con la ley 1122.
- La Red Pública de Hospitales no ha sido escuchada.
- Existe una apertura a la privatización de la salud.
- Los usuarios quedarán desprotegidos.

Frente a este tema el Rector de la Universidad Tecnológica de Pereira Ing. Luis Enrique Arango Jiménez manifestó que la administración tiene un gran interés de ser escenario de grandes discusiones. “Queremos que la Universidad no sea muda frente a los problemas sociales, ahora hay una excelente oportunidad en un tema tan importante para los intereses de la sociedad colombiana”.


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