ASPU Seccional Risaralda invita a la comunidad universitaria a participar en la marcha contra los decretos de la emergencia social en salud, mañana sábado 6 de febrero a las 9:00 a.m. en el Parque de la Libertad.


Emergencia Social en Salud
Decálogo

El pasado 23 de diciembre, el Gobierno Nacional expidió el decreto 4975, del cual se han desprendido una serie de regulaciones con el objetivo de conseguir más dinero para la salud en Colombia. Pero, ¿a qué precio? En el afán de buscar soluciones financieras, dejó de lado lo más importante: La salud de los colombianos y nuestro derecho a la vida. Por eso, a manera de Decálogo se describen las principales consecuencias que estos decretos tendrán sobre todos. Está demostrado que cuando la población se une, logra grandes cosas. ¡No podemos permitir que nuestra vida, sea un negocio!

1. Ahora resulta que debemos financiar con nuestro patrimonio los tratamientos médicos formulados que no se encuentren en el nuevo POS.
Según eso, si nos enfermamos, tendremos que sacar los ahorros que tengamos (pocos o muchos y hasta donde alcancen), vender nuestras viviendas (si tenemos), el carro (si tenemos), gastar las cesantías (eso sí tenemos y estamos trabajando), y si después de todo esto se siguen necesitando recursos, ir a un banco a que nos hagan un préstamo. Pero, ¿qué banco le va a prestar a un paciente terminal? ¿Qué paciente en estado terminal va a estar en las condiciones para conseguir los recursos para pagar el crédito si se lo dan? ¿O será que mientras aprueban el crédito, de pronto no es demasiado tarde?

2. Se crea un Fondo “Limitado” en recursos denominado Fonpres.
Para pagar cirugías, exámenes y medicamentos de las personas que ya no tienen ni patrimonio, ni ahorros.
Dicen los decretos que en el momento en que se agote este dinero, los pacientes ya no tendrán quien pague para obtener sus derechos en salud, es decir va en contra de la vida de los pacientes. ¿Si se acabó la plata del fondo, la única solución será morirse? ¡Qué triste realidad!

3. Ni los niños se salvan con estos decretos porque las llamadas enfermedades huérfanas o raras,
Padecidas principalmente por los menores y adultos mayores, no tendrán oportunidad en la formulación de terapias sin registro Invima, además, la mayoría de los tratamientos para estos pacientes no están en el POS. Entonces, ¿se condenan a muerte?

4. Es muy triste saber que los pacientes perderán los derechos adquiridos con la sentencia T-760 de la Corte Constitucional.
La llamada Integralidad, Continuidad y Oportunidad en los servicios de salud que son el espíritu de la sentencia, serán sustituidos por nuevos procesos para conseguir más dinero. Esto significa años de retroceso para la salud en Colombia. En vez de progresar y garantizarles a nuestros hijos una mejor atención, estaríamos aceptando más trabas para mantener una vida de calidad.

5.¿Los médicos tendrán que formular con la ley en la mano? ¿Perderán su autonomía para ejercer su profesión?
Pues ya no podrán formular los tratamientos que consideren ideales para un paciente ya que los decretos los exponen a multas de hasta 25 millones de pesos si ordenan medicamentos o procedimientos por fuera del nuevo POS. Además, ahora los médicos se la pasarán demostrando en una oficina por qué formulan y no en el consultorio atendiendo a los pacientes que los necesitan. Las enfermedades graves no se curan con Acetaminofén o Ibuprofeno.

6.La consulta con el especialista se convertirá en un lujo de pocos.
Los decretos restringen el servicio de medicina especializada. Ahora, volvemos a la tramitomanía donde hay que consultar primero con el médico general lo que retrasará los procesos y la garantía de atención y diagnóstico oportuno. El régimen subsidiado es el gran perdedor. Se elimina la atención en enfermedades de alto costo.

7. Esta reforma a la salud debió haber tenido un estudio suficiente y a fondo por parte del Congreso, que involucre a los médicos y a la población civil. Sin embargo, el Gobierno aprovechó la Emergencia Social para realizar la reforma y luego decir que posiblemente algunos decretos estaban mal redactados (El Tiempo, enero 28 de 2010, Ministro de Protección Social).
Según palabras del ex magistrado José Gregorio Hernández, declarar la emergencia social para este tema, fue inconstitucional.

8. Por si fuera poco, el Gobierno tomará el control de la elaboración de las guías de manejo y atención sin participación de la Sociedad civil, quitándole competencia a la CRES donde los pacientes tienen representación.
Lo preocupante es que es en estas guías donde se define el manejo recomendado para enfermedades como cáncer, VIH, trasplantes, entre otras y lo que no esté ahí, con seguridad no será ordenado por los médicos ante la posibilidad de una millonaria multa.

9. Se limitó la participación de la Comisión Reguladora en Salud – CRES -.
Esta entidad empezó a funcionar hace menos de un año y era la encargada de definir el nuevo
POS, con la emergencia social, incluyeron 2 nuevos miembros nombrados directamente por el Gobierno, lo que le dará al Estado, el control directo sobre el organismo y la definición del nuevo POS. Con estos cambios, se minimiza la participación de la sociedad civil.

10. Si hay caos en los actuales Comités Técnico Científicos para la aprobación de los tratamientos, ¿cómo será ahora que se plantea la creación de un único Organismo Técnico Científico centralizado?,
Con seguridad será ineficiente, vuelve un cuello de botella el estudio de los casos que necesitan de manera urgente la autorización para sus tratamientos. Muchos podrían morir esperando el visto bueno para un procedimiento o un medicamento. Si con comités técnicos regional hay demoras, ¿cómo será con un sólo organismo para los miles de casos que se presentan en Colombia?
¡Únete!

La salud no es un favor, es un derecho de los colombianos y la única manera de no permitir que se nos atropelle, es la unión.