Comunicados enviados por la Comisión de Medios a la comunidad universitaria.


“O NOS VOLVEMOS EMPRESAS DE CONSULTORÍA o nos dedicamos a la educación”, sentenció el vicerrector de la Universidad Tecnológica de Pereira, Fernando Noreña, tras explicar que las instituciones de educación superior pública compensan el desequilibrio financiero con programas que no siempre garantizan la continuidad en la calidad de los servicios que ofrecen.

La educación superior pública en Colombia está próxima a una crisis. El Ministerio de Educación lo sabe, se lo han explicado en diferentes oportunidades, pero no parece que exista voluntad alguna para paliar la crítica situación.

Rectores de 32 universidades públicas pautaron en la prensa un aviso informativo en el que reclamaban una mayor presencia de sus instituciones en el Presupuesto General de la Nación para 2010. Ya antes directivos de la Universidad Nacional, la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia y la Universidad Tecnológica de Pereira habían advertido de los serios problemas de financiación que atraviesan. Una reunión de la Comisión de Vicerrectores de siete universidades públicas, realizada en Bogotá, produjo idéntico diagnóstico.

La asfixia en materia financiera es generalizada. Algunos cálculos iniciales sugieren que las principales universidades públicas están ante un déficit acumulado de medio billón de pesos. Los motivos son por todos conocidos. Incluso, el presidente Uribe, en 2008, aceptó los argumentos de los rectores de las universidades que conforman el SUE (Sistema de Universidades del Estado) y alegó que como el Estado no disponía en 2009 de los recursos requeridos para reajustar el presupuesto asignado al funcionamiento de las universidades públicas, el rubro sería modificado para 2010.

No parece, sin embargo, que las promesas hechas por el Presidente y sus ministros de Educación y Hacienda se sostendrán. Por eso el rector del SUE —y de la Universidad del Cauca—, Danilo Vargas, hizo una petición formal para que el Estado aumente los recursos en el valor del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 5,5%.

Ocurre que en 1992 la Ley 30 dejó establecido que el presupuesto nacional dedicado a las universidades públicas debía incrementarse anualmente de acuerdo con el IPC. El valor real de la oferta educativa, explica el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, quedó desde entonces equiparado al IPC cuando en la práctica existe una diferencia abismal. Leyes y decretos de diversa índole afectaron el costo de la Universidad, cuyo valor real incorpora los esfuerzos por mejorar la calidad de los profesores, implementar programas serios de promoción de la investigación, fortalecer procesos de modernización administrativa y avanzar en la infraestructura de los planteles. Adicionalmente, otros gastos no contemplados por los legisladores, como los aportes patronales a la seguridad social o los descuentos a las matrículas de quienes votan en las elecciones, encarecen el valor real de la educación superior.

El diagnóstico es claro. Salvo que exista una modificación en los recursos que le son entregados, con los aportes de la Nación en el año 2010 la Universidad Nacional sólo podrá cubrir los gastos de personal. Las bibliotecas, la infraestructura y los laboratorios habrán de esperar. Igual situación —y hasta peor— enfrentan otros claustros que cuentan con recursos más limitados.

Este es un tema que no ha recibido la atención que merece. La calidad de la educación pública universitaria está en proceso de desaparición, y el tema ni aparece en la agenda de debate. Pregunta obligatoria: ¿Cómo lidiar con la exclusión social sin siquiera abordar el tema de la educación? Como lo planteó recientemente el columnista de El Espectador, Julio César Londoño, ¿Y por qué no imaginar un Plan Colombia para la educación?

FUENTE:
http://www.elespectador.com/articulo164905-peligran-universidades-publicas


14 de octubre de 2009
Pereira – Risaralda, Colombia
El fascismo arremete una vez más contra la universidad pública en Colombia
Los abajo firmantes, integrantes de la Mesa de Organizaciones Sociales y Derechos Humanos del Risaralda denunciamos ante la opinión pública nacional y la comunidad internacional la violenta agresión de la que fueron víctimas los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira por parte de las fuerzas policiales del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD), con la complicidad de la Administración de la Universidad en cabeza del Rector.
LUIS ENRIQUE ARANGO JIMÉNEZ.

HECHOS:
1. Para el día de hoy se programó una jornada nacional de protesta por parte de las Universidades Públicas para denunciar el proceso de desfinanciación de la educación superior y exigirle al gobierno nacional el aumento de recursos financieros para estos claustros universitarios.
2. Los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira se encontraban reunidos en Asamblea General, debatiendo y recibiendo el informe financiero de las universidades públicas que se verán abocadas a la quiebra o insostenibilidad financiera, entre las cuales se encuentra la UTP, de acuerdo a las afirmaciones que el mismo Vicerrector Administrativo FERNANDO NOREÑA ha entregado a diferentes medios de comunicación nacionales.
3. En hechos aislados, aproximadamente siete personas con sus rostros cubiertos procedieron a tumbar unas cámaras de seguridad de la policía, las cuales se encotraban instaladas en los alrededores de la Universidad. Este hecho se presentó mientras el conjunto del movimiento estudiantil de la UTP se encontraba realizando su Asamblea General de Estudiantes; por lo tanto, lo ocurrido no fue una orientación de los estudiantes.
4. Mientras se desarrollaba la Asamblea General en un ambiente pacífico y de debate político, inexplicablemente y de forma arbitraria ingresó el ESMAD a la totalidad del campus universitario, lanzando gases a las diferentes instalaciones de la Universidad, agrediendo a los profesores, trabajadores y estudiantes que se encontraban realizando sus actividades académicas. Asimismo, ingresaron al lugar donde se estaba efectuando la Asamblea y la dispersaron lanzando gases lacrimógenos a quemarropa contra la multitud.
5. El Vicerrector Académico JOSÉ GERMÁN LÓPEZ QUINTERO, mediante conversación sostenida con una dirigente estudiantil de la Universidad, integrante de la FUN Comisiones – MODEP, y como respuesta a su solicitud de que la Administración Central mediara para que la policía se retirara del campus universitario, fue informada de que ello no era posible pues, según afirmó en ese momento, “el señor Rector se encuentra en la Universidad, por lo cual es probable que él mismo le haya pedido al ESMAD que ingrese al campus”.
6. El ESMAD detuvo a seis estudiantes universitarios, los cuales fueron remitidos a la Estación de policía UPV, en la cual fueron agredidos verbalmente y fotografiados arbitrariamente, bajo la amenaza de que si no se dejaban reseñar los judicializarían.
Dichos estudiantes no estaban encapuchados ni hicieron uso de formas violentas de lucha y fueron aprehendidos en medio de la multitud que huía de la agresión policial.
7. Gracias a la oportuna intervención de la Mesa de Organizaciones, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y algunos abogados, los estudiantes fueron liberados, ya que no existe prueba alguna en su contra, pues ellos no fueron partícipes de hechos de violencia.

Por todo lo anterior,
CONSIDERAMOS
La Respuesta del ESMAD fue una acción totalmente arbitraria, desproporcionada y desmedida contra el estudiantado que estaba ejerciendo sus legítimos y constitucionales derechos a la asociación y la protesta.
No encontramos ni razonable ni mucho menos justificable, la sistemática política de represión violenta contra el estudiantado, a manos del Rector LUIS ENRIQUE ARANGO, máxime cuando el movimiento estudiantil no estaba ejerciendo formas violentas de lucha, sino que por el contrario, estaban deliberando pacíficamente sobre su problemática universitaria para buscar salidas a tan grave conflicto en el cual está en juego la vida y existencia misma de las Universidades Públicas del país.

EXIGIMOS
1. Que el gobierno nacional aumente las partidas presupuestales para las universidades públicas y que además, se encargue de financiar la educación superior universitaria con los recursos del Estado y no con los del sector privado.
2. Que la Procuraduría inicie un proceso de investigación contra el señor LUIS ENRIQUE ARANGO JIMÉNEZ, Rector de la Universidad Tecnológica de Pereira y contra la policía del ESMAD, por los hechos violentos ocurridos el día de hoy.
3. Que se respete la extraterritorialidad del campus universitario para que los conflictos universitarios se resuelvan entre universitarios, sin la intervención de la fuerza policial o agentes externos a la comunidad universitaria.
4. Que se respeten los derechos a la libertad de expresión, asociación, movilización y protesta de la comunidad universitaria.

COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, CORPOPAES, MOVICE, SINALTRAINAL, CUT - Risaralda, SINTRAEMSDES, SER, ASPU – Risaralda, FUN COMISIONES-MODEP, JUCO, ACEU, RUTA PACIFICA DE LAS MUJERES, CASA DE LA MUJER Y LA FAMILIA “STELLA BRAND”, ANDESCOL, FUNHUMANA, ASODUNIR, CRIR, ASUR, ASODERNA, ASOJUNTAS.