Comunicados enviado por la Comisión de Medios, Asamblea de Estudiantes UTP, a la comunidad universitaria.
Exigimos el reintegro inmediato de los 5 dirigentes estudiantiles de la UTP
La universidad colombiana se ha caracterizado por la libre expresión de las ideas, por la libre producción y reproducción de conocimientos científicos, filosóficos, humanistas, tecnológicos, culturales y artísticos, cualquier expresión de autoritarismo y unanimismo es contrario a la esencia de la universidad, a su Autonomía y a su carácter de pública.
La universidad se encuentra bajo el manto de la constitución política de Colombia, no se puede sobrepasar su marco, y allí se estipulan los derechos a la libre expresión, organización y movilización de los ciudadanos, así como el derecho al debido proceso.
Los hechos acaecidos en la UTP (hace más de un mes, durante el periodo de vacaciones para evitar la respuesta efectiva del movimiento universitario), son contrarios a los elementos esgrimidos en las líneas anteriores, son muestra clara de la arbitrariedad del Rector Luis Enrique Arango, quien demuestra su talante autoritario al juzgar de manera unilateral y con clara persecución política y académica a los 5 dirigentes estudiantiles de la UTP, 2 de ellos representantes estudiantiles ante el Consejo Académico y a su vez 3 de ellos integrantes de la comisión negociadora del Pliego de Peticiones presentado ante las directivas universitarias en el segundo semestre de 2008.
El único delito cometido por los 5 compañeros ha sido liderar el proceso de lucha estudiantil en la UTP, buscando la defensa de la educación pública, de la Democracia y la Autonomía Universitaria en aras de la calidad y de que la Universidad le sirva realmente a la nación y al pueblo colombiano; por lo tanto, no pueden ser acusados de cosa alguna distinta y las sanciones tomadas en contra de ellos deben ser echadas para atrás si se pretende desde los claustros universitarios ser modelo de justicia y ecuanimidad, de respeto a las leyes y el Estado Social de Derecho hoy tan vilipendiado por el régimen.
La FUN Comisiones – MODEP hace un llamado a todas las organizaciones sociales y políticas, a estudiantes, profesores y trabajadores de las universidades colombianas, y en especial a los estamentos de la UTP, a no desfallecer en la denuncia y exigencia del reintegro de los compañeros Alejandro Parra, Luisa Fernanda Arenas, Pedro Cruz, Camilo Alzate y Fernando Viáfara. Dejar pasar por alto estos hechos es dejar pisotear nuestro sagrado derecho a la protesta y dar pie a la implementación y profundización del esquema autoritario y represivo en las universidades para la solución de conflictos políticos, académicos y administrativos.
DEFENDER LA UNIVERSIDAD COMO CENTRO DE DEBATE Y LUCHA DE IDEAS.
CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA ESTUDIANTIL.
UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y LUCHA.
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CUMBRE NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLITICAS
BOGOTA, AGOSTO 20,21 Y 22 DE 2009.
AL PUEBLO COLOMBIANO
Convocatoria a la acción política y movilización social
Esta Cumbre Social y Política, realizada exitosamente en Bogotá del 20 al 22 de agosto con la participación de 1030 delegados de todo el país, marca un punto alto en los pasos que debemos dar para la construcción de la unidad de las fuerzas sociales y políticas, tal como se expresa en los acuerdos alcanzados:
I. Colombia ha sido afectada por la crisis económica mundial pero además, como lo expresamos en la convocatoria a esta Cumbre, sufre cuatro tragedias:
1) la económica signada por los efectos perversos de la aplicación del neoliberalismo, la inequidad económica y la excesiva concentración de la riqueza y de la tierra que nos ha llevado a ser uno de los países en el mundo con mayor desigualdad y exclusión económica y social;
2) la social, marcada por el aumento atroz de la pobreza, la miseria y la exclusión que afecta a gran parte de la población colombiana y más intensamente a mujeres, jóvenes, afro-descendientes e indígenas; marcada también por el crecimiento del desempleo, la pauperización del trabajador colombiano ante la pérdida de garantías laborales, el desmonte sistemático de los derechos pensionales, el paquete legislativo del gobierno y una criminal política agroindustrial destinada a liquidar al campesinado, desplazarlo por la violencia o a empujarlo a aumentar los cordones de miseria de las grandes ciudades;
3) la humanitaria, con la guerra y las violaciones crónicas a las normas del Derecho Internacional Humanitario que se contabiliza en la última década en más de cuatro millones de personas víctimas del desplazamiento forzado, miles de crímenes de Estado (mal llamados falsos positivos), miles de homicidios entre la población civil, desaparecidos y secuestrados, asesinatos masivos y sistemáticos contra poblaciones indígenas, afro-colombianos, campesinos y pobladores del campo y millares de detenciones masivas y arbitrarias; violaciones aberrantes contra los derechos de las mujeres, niñas y niños en medio del conflicto, persecución y homicidios de líderes sindicales, políticos, comunales, campesinos y defensores de derechos humanos, violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la política de seguridad y confianza inversionista, y
4) la tragedia política, atravesada por la toma del Estado y los partidos por mafias del narcotráfico y paramilitares, hoy llamadas bandas criminales, que han llevado hasta ahora a involucrar a 81 parlamentarios en el proceso de la parapolítica, a tener municipios e incluso departamentos enteros bajo el dominio militar y criminal de las mafias y a infiltrar organismos como el DAS y la fiscalía y ponerlos al servicio del hampa en detrimento de los derechos de los ciudadanos que deberían proteger.
Hemos constatado el incremento de la pobreza y la exclusión que se han extendido con las nefastas políticas neoliberales y el autoritarismo que condensa el proyecto de Estado Comunitario y su seguridad antidemocrática.
La magnitud de las luchas sociales de los pobladores de todos los rincones de Colombia evidencian que éstas siguen su curso ascendente como lo ilustran la resistencia de los corteros de caña del Valle del Cauca, la amplia movilización de la juventud y de la sociedad en contra de la guerra, la Minga Indígena y Popular, las luchas de Asonal judicial, de trabajadores del carbón, campesinos, afro descendientes, educadores, organizaciones de víctimas y muchas otras. Luchas que expresan alto grado de inconformidad con la situación actual y disposición para transformar condiciones de trabajo y vida al mismo tiempo que para lograr los cambios estructurales que necesita el país.
Este ambiente social va en contravía de las encuestas, denota un acelerado desprestigio del gobierno y el mayor conocimiento de las reformas y los cambios estructurales que requiere Colombia, con visión de lo social al servicio de las mayorías y del desarrollo sostenible y equitativo del país.
La crisis económica ha puesto de manifiesto con crudeza los factores esenciales que entraban el desarrollo y generan pobreza. Llamamos desde esta Cumbre a sumar esfuerzos para plantear iniciativas y acciones que pongan a pagar la crisis a sus causantes y a impedir que sus costos se descarguen sobre los sectores populares.
II- Nos ponemos de acuerdo y asumimos compromisos para:
• Construir y aclimatar la paz con justicia social por la vía de la democracia y la equidad. Promover acciones y acuerdos humanitarios y escenarios hacia la solución política del conflicto armado interno y los conflictos sociales y políticos. Apoyar iniciativas como las de Colombianos y Colombianas por la Paz y otras que propenden por el diálogo por la paz y la democracia, y la búsqueda inmediata de un cese de hostilidades bilateral o simultáneo.
• Asumir con más fuerzas la defensa del medio ambiente y persistir en la búsqueda de la soberanía alimentaria para defender la calidad de vida de todos los colombianos. Apoyar las exigencias de reparación integral a las víctimas y en particular el reclamo por más de 8 millones de hectáreas despojadas mediante la violencia por narcotraficantes, paramilitares y promotores de negocios legales e ilegales.
• Rechazar la presencia de bases extranjeras y la entrega de las bases de las Fuerzas Armadas para operaciones del Comando Sur, que es un camino que escala el conflicto, lo internacionaliza, lesiona la soberanía y la necesidad de la unidad latinoamericana y de una nueva política concertada y multilateral de seguridad en la región.
• Apoyar una agenda de lucha contra el narcotráfico que se aparte de la fracasada “guerra contra el narcotráfico” y privilegie un enfoque de salud y contra los carteles internacionales del tráfico y lavado, rechace la criminalización de los campesinos o de los adictos y consumidores, suspenda la erradicación forzada, las fumigaciones y la utilización de la estrategia antidroga como instrumento de seguridad continental.
• Lucharemos por la generación de empleo digno, por el respeto a las libertades políticas y los derechos humanos defendiendo un plan económico y social de desarrollo democrático que no descargue los costos de la crisis en el pueblo.
Estos objetivos inaplazables nos llevan a pensar y actuar para fortalecer la unidad de acción social, popular y política, a fortalecer el tejido formado por todos los hilos sociales y políticos que surgen del esfuerzo histórico por el progreso y la democracia, por la libertad y la autodeterminación de nuestros pueblos.
Alzamos nuestra voz diciendo que estamos contra el referendo reeleccionista, contra la perpetuación del Presidente Uribe en el gobierno y ratificamos la urgencia de una gran convergencia progresista y democrática que permita elegir en el 2010 un gobierno de carácter democrático y popular, con un programa político, para los cambios de fondo que necesita el país.
III- Para el logro de los propósitos que nos unifican nos comprometemos a sacar adelante las siguientes acciones políticas y de movilización social:
1. Organizar y preparar acciones de protesta y paros cívicos regionales y locales en defensa de los intereses económicos y sociales de todos los sectores del pueblo. Respaldar las movilizaciones convocadas para los próximos meses por el movimiento sindical, indígena y popular, en particular la Jornada Nacional de Lucha convocada por FECODE y la CPC el 26 de agosto; la Movilización Nacional contra las bases norteamericanas el 9 de septiembre y la Jornada Mundial, continental y nacional por el Trabajo Decente el 7 de octubre. La Cumbre compromete su respaldo y solidaridad con las luchas sociales que se libran en el país.
2. Respaldar el llamado de la Gran Coalición Democrática formulado en su Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas del 17 de abril en Bogotá para preparar un paro cívico nacional.
3. Unir esfuerzos para producir un vuelco en la política con una candidatura presidencial que proyecte soluciones de fondo a las angustias crecientes en las mayorías populares.
4. Sumar energías para lograr que el tratado sobre las bases militares norteamericanas en Colombia sea echado atrás y para ello realizar una jornada nacional de lucha el próximo 9 de septiembre.
5. Trabajar por afianzar y fortalecer la unidad de todos los pueblos de nuestra América que hoy siguen levantándose contra la tiranía y la opresión para triunfar como lo hicieron hace 200 años ante el imperio español.
6. Vamos con entusiasmo a realizar en todos los departamentos Cumbres o encuentros de Organizaciones sociales y políticas, para informar del desarrollo y decisiones de esta Cumbre nacional y asumir los compromisos con la movilización social y política.
7. Las conclusiones consensuadas a las que llegaron las mesas temáticas de trabajo en esta Cumbre forman parte de este pronunciamiento y nos comprometen en su desarrollo y ejecución. Ellas sintetizan los acuerdos y el ambiente unitario de esta Cumbre nacional.
8. Las conclusiones de la Cumbre Social y Política y su materialización honran la memoria del compañero Apecides Alvis Fernández quien murió en medio de nuestras deliberaciones cumpliendo con su compromiso unitario. Igualmente honramos la memoria de los dirigentes sindicales, sociales y políticos asesinados y desaparecidos por el autoritarismo del régimen colombiano.
CUMBRE NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLITICAS
Bogotá, agosto 22 de 2009.
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COMITÉ EJECUTIVO DEPARTAMENTAL
RISARALDA
Boletín de Prensa:
EL PDA RISARALDA RECHAZA LOS CASTIGOS PREVENTIVOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA –UTP-
La educación pública en Colombia se deteriora en tal forma que solo es entendible si conocemos su origen. Para ello es necesario dar una mirada a lo sucedido con sectores afines a la responsabilidad del estado; aquí el modelo neoliberal estableció parámetros de obligatorio cumplimiento para gobernantes, gerentes y demás administradores: Venta de lo público expresado en privatizaciones, capitalizaciones, concesiones, reestructuraciones, tercerización del empleo y precarización del salario.
Igualmente con la disminución del presupuesto elimina los subsidios, aumenta tarifas y por lo tanto encarece el servicio, para finalmente favorecer el capital financiero que de esta manera obtiene millonarias ganancias, mientras la gran masa de trabajadores y desempleados se empobrece progresivamente, al punto que ante la incapacidad de pago es excluido de la prestación del servicio, o dicho de manera más precisa, del ejercicio del derecho.
Este panorama no es ajeno a la Educación Pública en todos los niveles y ese es el motivo por el cual la comunidad educativa, especialmente los estudiantes, protestan constantemente. Sobre todo en los últimos años donde han sido claras las medidas gubernamentales de recortar el presupuesto para el funcionamiento de la Universidad Pública, generando la subcontratación de profesores y trabajadores, o la contratación temporal y a destajo de éstos, al igual que abriendo carreras con carácter privado, disminuyendo el bienestar universitario y cerrando los espacios democráticos, en los cuales la expresión popular intenta oponerse a tales propósitos. Es allí donde ubicamos la sanción que el rector de la UTP, Luis Enrique Arango, le impuso a 5 estudiantes, de los cuáles 4 militan en las filas de nuestro partido, a quienes castiga preventivamente sin comprobarles ningún delito o falta disciplinaria, para colocar en la labor del dirigente estudiantil, a manera de escarnio público, la responsabilidad sobre algún suceso adverso, por el sólo hecho de ser dirigente.
El PDA en Risaralda denuncia y rechaza esta situación por considerarla maquiavélica, de corte fascista, expresión de los delincuenciales métodos de la fementida “seguridad democrática” en el claustro universitario y llena de doble moral. Castigar al inocente para escarnio público es contrario al interés general y lo podemos relacionar como otro falso positivo que afecta la famélica democracia en Colombia.
Pereira, 25 de agosto de 2009
Gonzalo Arango Jiménez
Presidente.