El Consejo Nacional de Rectores del Sistema Universitario Estatal - SUE - envía un comunicado a la comunidad universitaria nacional.
En este año, los procesos de designación de Rector, en varias universidades públicas colombianas, han adquirido interesadas significaciones y conflictos, tanto al interior de las Universidades como en las regiones donde ellas desarrollan su misión. Surge ello como resultado de las tensiones propias que desata todo proceso de designación de autoridades, pero en este caso, por tratarse de la autonomía universitaria, bien supremo de la universidad como tal, vale la pena volver sobre los principios y evitar que una natural divergencia desemboque en acciones que reducen a un segundo plano la confrontación de ideas, queriendo con ellas imponerse de cualquier manera, llevándose de calle lo que ha sido un avance en la construcción de universidad pública en Colombia y el mundo.
Debemos recordar que la Ley 30 de 1992, por medio de la cual se regula el servicio público de la Educación Superior, en los procesos de designación de Rector marca una diferencia sustancial con el proceso que se adelantaba anteriormente; este le daba al señor Presidente de la República la potestad para la designación del Rector a partir de listado o terna que le presentara la clase política local; en buena parte dependía del lobby realizado por esta y/o de los compromisos políticos que se tuvieran en el momento para la escogencia de la autoridad universitaria. El que hoy sea un Consejo Superior el que la designe, donde están representados el Gobierno Nacional, el Departamental, los representantes de la Comunidad Académica, el sector productivo, los exalumnos, los exrectores, los profesores y los estudiantes, le permite a la Universidad, en un contexto plural, darse autónomamente sus directivos y establecer sus propias normas y métodos para su designación, es en consecuencia, una ganancia para el desarrollo institucional y la gobernabilidad en nuestras instituciones.
El resultado de los procesos de elección de Rector no puede ser bueno cuando favorece los intereses de uno o varios sectores universitarios o sociales, y perverso cuando no corresponde a dichos intereses. Las comunidades universitarias no se niegan a revisar los procesos de designación de sus autoridades, de hecho este tema siempre será de debate argumentado y con ello poder construir mejores procesos democráticos, pero jamás para volver a la preeminencia de las autoridades regionales o nacionales como solía ocurrir en el pasado, ni menos aun tomar el fácil atajo de las descalificaciones y estigmatizaciones personales, que lo único que logran es marginar las grandes discusiones que se requieren para fortalecer y consolidar la autonomía universitaria.
El ejemplo mas patético de este ultimo camino, el que niega la reflexión y el análisis argumentado, es el adoptado por algunos sectores de la Universidad Industrial de Santander y de algunos representantes de la clase política regional con el actual rector, quien fuera designado legalmente por el Honorable Consejo Superior de dicha Universidad, al someterlo a todo tipo de acusaciones y juicios mediáticos que afectan su dignidad y calidades humanas, sociales, éticas y morales, las cuales le son socialmente reconocidas y que fueron forjadas durante su larga vida universitaria, la cual ha estado marcada por realizaciones y compromisos con el desarrollo de la Educación Superior en su región y el país. La estigmatización que se ha hecho del Dr. Jaime Alberto Camacho Pico, al presentarlo como “paramilitar”, además de ser ofensivo en lo personal constituye una afrenta al Consejo Nacional de Rectores del Sistema Universitario Estatal y a la Universidad Pública Colombiana, ya que contradice los mas elementales postulados y principios de nuestro Estado Social Democrático de Derecho.
La autonomía universitaria está hoy amenazada por el obcecado interés de hacer prevalecer intereses particulares, por muy loables que ellos sean, sobre los intereses generales. La defensa de los procesos democráticos de designación de las autoridades universitarias, no está asociada a mantener uno u otro Rector en su respectivo cargo, sino a proteger nuestras instituciones de las diferentes acciones que afectan su autonomía.
Convocamos, en consecuencia a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto, a proteger la universidad pública como un bien preciado de la sociedad.
Danilo Reinaldo Vivas Ramos
Presidente
Consejo Nacional de Rectores Sistema Universitario Estatal