Declaración resultante del Foro Rectoral sobre Principios en los Entornos Universitarios y Educativos, realizado el 21 de abril en las instalaciones de la Universidad Santo Tomás.


Foro Rectoral
20 de abril de 2009

Conscientes de la importancia del promover políticas institucionales y públicas que propendan por el mejoramiento de las condiciones para la formación integral de los niños y los jóvenes, en especial, aquellas referidas a los entornos escolares y universitarios, los rectores de las universidades participantes en el foro sobre Entornos Universitarios, convocados por ASCUN, las instituciones educativas y culturales participantes, los honorables congresistas promotores de un proyecto de Ley sobre el tema, los señores concejales e instituciones de Gobierno aquí representadas, se han reunido para analizar los hechos significativos relacionados con la proliferación de establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, juegos de azar, casas de lenocinio, delincuencia común y la comercialización de sustancias psicoactivas, en los entornos escolares y universitarios, afectando gravemente el libre desarrollo de la personalidad de los niños y jóvenes estudiantes, el derecho a la educación, el derecho a la salud de los mismos y el bienestar de los moradores de las áreas circundantes de dichos negocios, nos permitimos resaltar los siguientes principios encaminados a ofrecer salidas a esta problemática:

1. Los jóvenes no son el problema, sino las víctimas vulnerables de un fenómeno que ha desbordado todas las inciativas de padres de familia, instituciones educativas, organizaciones sociales y las mismas instituciones del Estado para favorecer y consolidar su formación integral. El problema consiste en la presencia de negocios de alta rentabilidad fundamentados en la venta de sustancias psicoactivas, el expendio de bebidas embriagantes y la incitación a la práctica de la prostitución.

2. La solución integral a esta problemática requiere acciones articuladas, entre las políticas públicas local, regional y nacional, como responsables de la regulación del suelo urbano, y el compromiso de las instituciones educativas, en el marco de la formación en valores y en la construcción de programas de bienestar que profundicen en la construcción de alternativas frente al consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.

3. El gobierno debe equiparar las zonas educativas con dotaciones aptas para la realización de actividades culturales, de recreación y de bienestar social, de tal manera que se facilite a los niños y jóvenes el correcto uso de las mismas para que la ciudad sea verdaderamente educadora.

4. Se debe hacer el seguimiento al Acuerdo de Voluntades que desarrolla los compromisos de universidades, colegios, bibliotecas y otras instituciones y ciudadanos, frente a la proliferación de bares y cantinas en el entorno educativo y cultural, así como el acompañamiento debido al trámite del proyecto de ley, en curso en el Congreso de la República y a la reforma al Código de Policía, puesto que representan herramientas legales para hacer efectiva la acción del Estado frente a esta problemática.

5. Es necesario implementar acciones concretas que concluyan en el cumplimiento de las normas vigentes, encaminadas a atender el fenómeno analizado, tales como los acuerdos 79 del 2003 y 309 del 2008, en especial aquellas que incidirán en los planes y esquemas de ordenamiento territorial y en la definición de normas urbanas que establezcan las características requeridas para el desarrollo y aprovechamiento sostenible del entorno, en la perspectiva del cumplimiento de objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales, donde se privilegie el bienestar general, sobre el interés particular.

6. La solidaridad y la corresponsabilidad son los principios rectores frente a las acciones que se desarrollarán, con miras a garantizar la formación de niños y jóvenes, para consolidar un entorno social que se constituya en campo fértil para el desarrollo de la libre personalidad y para la práctica del derecho a la educación.

7. Las universidades, dada su vocación investigativa, deben aportar a la consolidación del conocimiento transdisciplinario, para desarrollar programas integrales de atención a esta problemática, que aborden aspectos académicos, normativos, políticos, sociales, ambientales, económicos, culturales, de salud y de rendimiento estudiantil, entre otros. Esos programas deben vincular a las comunidades aledañas a las instituciones, tanto en la construcción de soluciones como en el beneficio que las mismas comunidades reciban de esas iniciativas.

8. La recreación y el acceso a la educación y la cultura son derechos de los niños y los jóvenes, frente a los cuales las universidades y los centros educativos, tienen una responsabilidad especial, ya que, en concomitancia con el Estado, deben propiciar condiciones para el adecuado uso del tiempo libre.

9. Es importante impulsar el débate público con el cual trate el tema de la responsabilidad social empresarial, desde un sentido ético, y se cuestione la actividad comercial que ponga la maximización de la ganancia por encima del bienestar social, ambiental y cultural de los ciudadanos.

10. Las instituciones, deben promover formas de organización juvenil que fortalezcan la construcción de capital social, como elemento fundamental en la consolidación de criterios adecuados para enfrentar la vida social y la sana convivencia. Estos espacios fortalecen la capacidad analítica de los jóvenes para hacer propuestas que reduzcan los impactos negativos, surgidos de las conductas desordenadas que emergen, en algunos casos, del proceso natural de búsqueda de autonomía y de identidad, que caracteriza el período de la vida juvenil.

11. La conferencia Mundial de Educación Superior del 2009, debe pronunciarse sobre el fenómeno de los entornos universitarios, y sobre el papel que deben ejercer las instituciones educativas en las estrategias de desarrollo local y en el fortalecimiento de las redes sociales que se constituyen en su ámbito natural de acción.

12. Los entes de gobierno, tanto nacional como locales deben propiciar el desarrollo de proyectos urbanísticos que alimenten los planes de ordenamiento territorial y que redunden en un cambio estructural del paisaje urbano, haciendo de éste un entorno que fomente la cultura, el esparcimiento en el espacio público, el conocimiento de la vida social, aprovechando la mediación del mobiliario público, y en fin, el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudad, a través de una política pública que rescate el desarrollo de la dignidad humana.

13. El consumo de alcohol y sustancias psicoactivas es un problema de salud pública y no simplemente una situación individual de quienes padecen la adicción. En ese mismo sentido, las propuestas de legitimar a grupos consumidores de alcohol y sustancias psicoactivas y de espacios en las universidades que legitimen dichas prácticas, no son una solución al problema, más aún cuando se espera un ejemplo de las instituciones educativas, frente al manejo pedagógico y transformador que hace parte de su función social.

14. Se insiste que asumir desde las universidades su Responsabilidad Social en la solución de este problema es una acción coherente con su misión, lo cual redunda en la calidad educativa que ofrece a sus educandos.

15. Es necesario llevar a escenarios de construcción de política pública y desarrollos legislativos la discusión acerca del carácter que tiene el expendio de alcohol y de sustancias psicoactivas, en el sentido de que no se puede seguir tratando su comercio como una mercancía ordinaria, dadas las nefastas consecuencias en los ámbitos de los social, psicológico, económico y político que de dicho comercio se derivan.


Fotografía tomada de: http://www.ascun.org.co/NOTIASCUN/5/notiascun.htm