Declaración Política del VIII Congreso Nacional de Profesores Universitarios, realizado recientemente en la ciudad de Manizales, enviada por ASPU Risaralda a la comunidad universitaria.
Declaración Política
VIII Congreso Nacional de Profesores Universitarios
Contrario a lo afirmado por la propaganda institucional del Ministerio de Educación y de las Administraciones Universitarias, la percepción del profesorado reunido en este evento, es que la universidad pública colombiana enfrenta una crisis sin precedentes. El modelo de universidad que se viene instrumentando en el país desde la expedición de la Ley 30 de 1992, adecúa la educación superior a las exigencias de la globalización y del libre comercio, transformando este derecho en mercancía, convirtiendo las universidades públicas en unidades económicas empresariales y mercantilizando el contenido de los programas de formación y las actividades de investigación y extensión, con el propósito de atender las demandas de un mercado laboral y de productos de conocimiento, limitados por los imperativos del rol que, en el marco de la relocalización de la producción inherente al modelo económico de la globalización, se le asigna a Colombia.
Es así como el presente de la universidad colombiana se caracteriza por la existencia de un conjunto de tensiones en su seno, generadas por la imposición de políticas extrañas y contrapuestas a su naturaleza y principios tutelares. La resistencia a estas políticas interpuesta por docentes y discentes, ha sido ineficaz ante la imposición de modelos autocráticos y absolutistas de dirección universitaria, así como por la presencia intimidatoria y criminal de agentes violentos, y la acción de los organismos de seguridad del Estado, instigados desde las direcciones universitarias o motivados por la estigmatización que contra los claustros universitarios se hace desde las más altas esferas gubernamentales.
Las formidables jornadas de movilización universitaria en contra de los artículos contenidos en el proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo que refuerzan la política para la educación superior en procura de su privatización y degradación académica del año anterior, fueron contenidas por la militarización del conflicto ordenada por el presidente Uribe Vélez desde un consejo comunitario realizado en el mes de Junio en Bogotá, bajo la sindicación de estar dirigidas por el terrorismo. Desde aquel momento la acción intimidatoria y amenazante de las fuerzas del paramilitarismo contra los dirigentes universitarios se hizo más intensa.
Bajo el rimbombante apelativo de “la revolución educativa”, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez viene imponiendo la más regresiva reforma al sistema de educación superior. El incremento en la cobertura de la matrícula universitaria se impone sin que haya un aumento en la asignación de partidas presupuestales que resuelva las carencias locativas y de recursos tecnológicos, así como de personal docente, al tiempo en que se asfixia financieramente a las universidades al hacerlas objeto de la carga financiera correspondiente a la concurrencia para atender los pasivos pensionales.
Consecuencia de dicha política es el hacinamiento de los estudiantes y la precarización de las condiciones de trabajo académico, acompañados de la extensión de ignominiosas modalidades de vinculación y remuneración de docentes, así como de la imposición de reformas académicas que recortan los contenidos de las asignaturas y de los programas de formación para hacerlos más breves y menos costosos, al tiempo que se llevan acabo reformas a los estatutos docentes para aumentar la asignación de trabajo académico a los profesores de planta. Hoy día más del 75% de los profesores de las universidades públicas está vinculado por contratos temporales que van desde la remuneración a destajo, por hora cátedra, hasta la oprobiosa contratación “ocasional”, de tiempo completo o medio tiempo, que limita la remuneración a los periodos académicos, los cuales no superan en muchos casos las 18 semanas por semestre. En pocas palabras, se emula con las instituciones educativas privadas de peor condición, las llamadas “de garaje”, en la baja calidad de la formación y en la inmisericorde explotación de su cuerpo de docentes.
Con base en la oferta de recursos financieros, se promueve la firma de convenios interinstitucionales para el diseño y creación de programas de niveles de formación técnica y tecnológica en las universidades, de tal manera que se ocupen de atender las necesidades de la formación técnica en los grados 10 y 11 de la enseñanza media. El incremento nominal de los grupos de investigación contrasta con la precariedad de los recursos para llevar a cabo estas actividades. Los programas de investigación y de extensión terminan siendo mediados por las necesidades de quienes estén dispuestos a financiarlos. Se adelanta en estos momentos, sin la participación de los estamentos básicos de la universidad, profesores y estudiantes, la preparación del decreto reglamentario de la ley 1188, la cual dicta disposiciones regulatorias en materia académica, referidas a los requisitos para obtener el registro calificado para los programas y la acreditación de los mismos recogiendo y refinando lo establecido en el decreto 2566, rechazado en su momento por la comunidad académica universitaria.
El futuro de la universidad colombiana, de continuar esta tendencia, es desolador. Es por ello que este Congreso plantea la necesidad que la sociedad colombiana en su conjunto, ponga su mirada en la realidad de las transformaciones que conllevan las reformas universitarias en marcha y reclame la recuperación de este importante patrimonio cultural e instrumento indispensable para el progreso de la nación. Es imperativa la recuperación de la autonomía, la reconquista de la democracia y la búsqueda de la excelencia académica, para así liberar a la universidad de las coyundas que le imponen el modelo de la globalización y las políticas neoiliberales, que con la crisis a escala planetaria de la economía, dejan hoy al descubierto sus falacias. Es imperativo recuperar la dignidad en las condiciones de trabajo y remuneración de los docentes, tanto en las instituciones públicas como en las privadas.
Finalmente el VIII Congreso Nacional de Profesores Universitarios, respalda la lucha que adelantan los corteros de caña del Valle del Cauca contra el fatídico sistema de las Cooperativas de Trabajo Asociado, en procura de la contratación directa, y la huelga del sector judicial en pro de su nivelación salarial, al tiempo que insta a los patronos y al gobierno nacional a solucionar favorablemente y en el menor tiempo posible sus justas peticiones. De igual manera, este Congreso expresa su rechazo a la declaratoria del “estado de conmoción interior” que el día anterior profirió el presidente Álvaro Uribe Vélez, por las implicaciones que sobre las libertades y derechos democráticos, tanto individuales como colectivos, ello conlleva.
Manizales, octubre 10 de 2008