Artículo enviado por el profesor Jhon Jaime Correa, docente adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación.


Hay que abrir el territorio universitario a la ciudad y a la sociedad

Más allá de los fundamentos constitucionales y legales, en términos operativos, la autonomía universitaria puede entenderse como la posibilidad de la comunidad universitaria de designar las reglas de juego que le permitan alcanzar los objetivos esenciales que desde hace mucho tiempo se ha trazado en docencia, investigación y extensión.

Esta concepción, planteada por el profesor de la Universidad Nacional Francisco Gutiérrez Sanín, se mantiene en vilo a pesar de los sustentos jurídicos, no sólo por la injerencia impropia de los poderes y de agentes externos, sino por las mismas actuaciones internas y porque los diseños institucionales no se corresponden con las manifestaciones verbales.

El profesor Francisco Gutiérrez Sanín es partidario de que los consejos superiores de las universidades se fortalezcan con una mayor representación no sólo del sector gubernamental, donde deberían encontrar asiento diversas agencias del Estado, sino del resto de la sociedad. La idea es que sea un foro para las grandes decisiones y las grandes políticas y en donde la universidad rinda cuentas.

Tanto en el diálogo con ALMA MÁTER como en el conversatorio al que fue invitado por el Consejo Académico el 15 de octubre, el columnista de El Espectador sostuvo que “la criminalidad organizada y los grupos armados al margen de la ley que hacen presencia en las universidades y que quieren confundir autonomía con extraterritorialidad”, son una amenaza a la autonomía universitaria, y “casi una sentencia de muerte” para estas instituciones, pero también la severa restricción presupuestal y la presencia de la fuerza pública en los campus universitarios.

ALMA MATER. ¿Es fundada o infundada la defensa de la extraterritorialidad del campus universitario?
—Hay un ambiente de complicidad con fenómenos delincuenciales y muchas veces se considera que son simples travesuras, cuando en realidad son transgresiones a la ley que le abren la puerta a los fenómenos más negativos y venenosos. En la universidad, so capa de cambio social, hay unas tendencias muy conservadoras, que en la práctica son privatizadoras en el sentido de que grupos muy pequeños creen que son los dueños de espacios que son de la sociedad y que nosotros deberías defender como tales para protegernos de posibles agresiones externas. Hay que abrir ese territorio a la sociedad.

¿Cómo se vulnera la autonomía desde la institucionalidad?
—En primer lugar, hay una restricción presupuestal absolutamente brutal; pero también hay una serie de evaluaciones del desempeño universitario que no están bien pensadas y que se atraviesan las unas a las otras, y por otra parte está la declaratoria unilateral de las autoridades y organismos del Estado de entrar al campus universitario cuando hayan problemas de orden público y eso genera contravía, en donde el rector en la práctica queda como una figura simbólica que todo el mundo se pasa por la faja, tanto los organismos de seguridad como los encapuchados.

¿Qué se puede hacer?
—Estos problemas tienen que debatirse frente a la opinión pública pero también dentro de la universidad. Es decir, cómo pensamos nosotros la autonomía. Porque en estos momentos el asunto es cómo pueden tratar las universidades problemas delicados cuando hay organizaciones ilegales en su seno, eso no está claro. Mi tesis básica es que la universidad tiene que hacer política hacia adentro y hacia afuera; hacia adentro para preguntarse cómo defender el territorio de la universidad; obviamente el territorio de la universidad debe gozar de un estatus especial, pero entonces tiene que volverse un sitio de ciudadanos, que se apersonen de los bienes públicos de la universidad, que se apersonen del papel de la universidad en la sociedad, y hacia afuera para cambiar las reglas de juego que no nos permiten alcanzar los objetivos.
Usted es partidario de la apertura de la universidad, que se vuelva realmente de la ciudad y del ciudadano; del fortalecimiento del sentido de ciudadano y del desmonte de las mallas físicas y mentales que la aíslan, todo lo cual supone una alta dosis de autorregulación.

¿Cómo conseguirla?
—La autorregulación sólo se consigue a través de hacer política. Es sorprendente que el movimiento estudiantil guarde religioso silencio frente a la presencia de delincuentes organizados en el campus, que le hacen muchas veces la vida invivible a los universitarios. No dicen ni mu, nunca. Y ese silencio es fatal. Lo mismo el movimiento profesoral. ¿Cuándo los representantes profesorales en las grandes universidades han dicho algo? Cero. Porque les parece que no entra en sus atribuciones, y resulta absurdo. Es decir, si realmente quisiéramos una expresión de protesta seria, de capacidad de diálogo con la sociedad, lo primero que habría que hacer sería marginar esos elementos. Creo que hay que hacer una labor de convicción paciente frente a los estudiantes, frente a los profesores, para que haya una defensa común del patrimonio universitario, que ese patrimonio no nos lo privaticen los grupos de delincuencia organizada, los encapuchados, etc., etc., porque es la forma más brutal, más atrasada y primitiva de privatización.

¿Qué pueden hacer las directivas?
—Las directivas no tienen un brazo armado, ni son policías, ni son fiscales, entonces obviamente están en una situación muy difícil y lo que toca es entre toda la comunidad universitaria pensar y diseñar políticas. Ahora, hay un problema muy serio de reglas de juego, y es que los consejos superiores universitarios no permiten el diálogo entre universidad y sociedad, son muy chiquitos, se dedican a minucias y por ejemplo tendría que haber un espacio para el diálogo entre estudiantes y policías. O sea, no existe un sitio en donde se puedan reunir líderes estudiantiles con la policía sin que los dos se sientan amenazados. Se necesitan consejos superiores universitarios en donde estén los empresarios, los sindicatos, la policía, el movimiento estudiantil y que sean foros para discutir el papel de la universidad en la sociedad. En todo el mundo desarrollado los consejos superiores universitarios son muy grandes, se reúnen una o dos veces al año, se dedican a hacer política universitaria, el grueso de las decisiones pequeñas se le deja al aparato administrativo que tiene el rector; hay mucha más margen de maniobra.

Cuando sugiere que los consejos superiores deberían dedicarse a hacer política pública, ¿a qué apunta?
—Hay muchas cosas qué discutir de la política universitaria, por ejemplo, cómo fortalecer la investigación, cómo obtener resultados de investigación sistemáticos y a largo plazo, cómo desarrollar la política doctoral que es todavía muy incipiente en Colombia, donde no tenemos un aparato de doctorado, cómo fortalecer las relaciones entre universidad y sociedad, entre universidad y sector productivo, cómo internacionalizar la investigación, lo cual es muy precario, como todavía es muy incipiente la relación entre la universidad y la región, como incorporar investigación y desarrollo al sector privado: la inversión del sector público en investigación y desarrollo ha tenido altibajos, pero se ha mantenido, en cambio por parte del sector privado es cero, como si no existiera; la equidad, el acceso de los sectores populares a la educación superior, la rendición de cuentas de la universidad ante la sociedad…. Hay “enemil” temas de política sobre los que no se dialoga, donde no hay espacios para discutir.

¿Hacia dónde vamos, qué se necesita?
—Se necesita una alianza estratégica entre rectores de las universidades públicas grandes, que sea pública, coherente, sistemática y en donde se hagan apuestas políticas en grande y en donde si se ponen de acuerdo con unas ideas básicas empiecen a dialogar con el gobierno nacional y con la opinión pública y hacia adentro con la comunidad universitaria para cambiar la composición de los consejos superiores universitarios, para darle más flexibilidad a la estructura interna de la universidad, más margen de maniobra a las autoridades universitarias y pensar entre todos el problema de seguridad. Sería reservadamente optimista porque ahora hay muy buenas rectorías, por lo menos en la Universidad Nacional y en la Universidad de Antioquia, que han hecho cambios importantes y que están en buena posición para armar un debate, sereno, sano, con el conjunto de la sociedad y con el Estado, y es vital porque si no se hacen cambios a tiempo nos morimos.

¿A qué conlleva malentender la autonomía universitaria con la extraterritorialidad?
—El asunto está más allá del cálculo de cuánto cuesta un estudiante y cuánto la universidad por cada día de parálisis. Lo que realmente está pasando es que se está perdiendo una serie de tradiciones y además se está deslegitimando la universidad pública. Es sorprendente que los peores enemigos parecieran estar dentro de la propia universidad y eso lo deja a uno estupefacto, la falta de visión y de capacidad política de ciertos actores, que minan a la universidad pública. (LJLB)

Foto: Luis Javier Londoño Balbín

TOMADO DE: ALMA MATER. UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. No. 571. NOVIEMBRE DE 2008, pp. 15-16.