La Mesa de Gobernabilidad y Paz del Sistema Universitario Estatal, que agrupa a las 32 Universidades Públicas del País y a los académicos universitarios congregados en este espacio de trabajo conjunto por la paz se permite comunicar a la opinión pública las siguientes reflexiones a propósito del proceso de implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado por el Gobierno Nacional y las FARC en noviembre del año 2016 y los recientes acontecimientos que afectan el proceso de implementación del mismo.

Queremos, ante todo reiterar que este Acuerdo de Paz entre dos actores armados del país, constituye un logro histórico y significativo, particularmente para las poblaciones que han sido directamente afectadas por más de sesenta años de confrontación armada.

Manifestamos que, a pesar de que el proceso de implementación está en curso y ha afrontando múltiples dificultades, este periodo ya permite evidenciar algunos cambios sustanciales para la vida de las comunidades en diversos territorios afectados por la violencia. Muestra de ello es la disminución de la mortalidad asociada al conflicto armado, la liberación progresiva de los territorios de la amenaza de las minas antipersonal y los explosivos de uso no convencional, la gestión autónoma de algunas familias y comunidades de sus retornos hacia el campo y la firma de los Acuerdos de Sustitución y no Re-siembra de cultivos de uso ilícito por parte de unas 54.075 familias.

También celebramos la gestión local y territorial para apoyar la puesta en marcha de los acuerdos a través de programas y políticas en municipios y varios departamentos del país, con participación de las comunidades y las víctimas, así como de iniciativas por la memoria y la dignificación de las víctimas, tanto en comunidades rurales, poblaciones pequeñas y grandes ciudades, como el caso de Bogotá y Cali, que gestionan actualmente la puesta en marcha de sus respectivos Museos para la Memoria. Es claro el beneficio para el debate político que, por primera vez, ha permitido una campaña en un ambiente de distensión, no exenta de confrontaciones verbales y agudas deliberaciones, donde se está pudiendo expresar posturas que cubren la diversidad de las propuestas políticas, y sobre todo que se aborden los problemas de fondo del país y la política misma sea espacio para construir caminos de transformación democrática.

Recordamos que la dejación de armas por parte de las FARC y entrega verificada por las Naciones Unidas ha sido un paso de importancia mayúscula. También destacamos el inicio de un proceso de reincorporación de los excombatientes a la vida civil que no ha estado exento de dificultades y especialmente de la lentitud institucional para hacerlo más amplio y efectivo, respecto de asuntos relevantes en este componente del acuerdo, entre ellos, la cedulación, la afiliación a la seguridad social, atención en salud, procesos de nivelación educativa y la bancarización para apoyo a iniciativas productivas para los excombatientes y la conversión de las FARC-EP en un movimiento político dispuesto a hacer parte del ejercicio efectivo de la democracia, en el marco de las instituciones civiles establecidas por la ley.

Por tanto, expresamos nuestra preocupación por las dificultades constatadas desde las regiones y en los espacios de articulación interinstitucional e instamos al Gobierno y a las diferentes agencias del Estado para que sean eficaces en la toma de decisiones y los procesos de intervención en los territorios con la celeridad, la calidad y la transparencia que este momento de transición requiere. Se trata de una oportunidad única que no puede dejarse pasar por la existencia de trabas, dilaciones burocráticas e incapacidad institucional y administrativa e incluso de problemas de transparencia y adecuada gestión de recursos y programas, como se ha evidenciado en días recientes.

También manifestamos que resulta imprescindible que las diferentes tendencias de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el nuevo partido político constituido a partir de la antigua guerrilla logre cerrar filas frente al cumplimiento de los acuerdos y a la apuesta colectiva de mantener y construir la paz y establecer sus acciones políticas, productivas y personales en la legalidad y la democracia. Construir la paz nos demanda a toda la sociedad paciencia, perseverancia y confianza en que el objetivo será conseguido dando cada paso con conciencia y coherencia.

Por estas razones, instamos a tanto al gobierno nacional, como a las FARC a tener una mayor articulación y eficiencia sus acciones en los territorios y particularmente en aquellas zonas en las que se han concentrado los proyectos de vida de los excombatientes y las comunidades que los rodean.

Expresamos nuestra preocupación ante los impactos que la captura del señor Seuxis Pausias Hernández pueda tener entre los excombatientes de todos los niveles y jerarquías. Por ello, solicitamos al Gobierno y al Estado colombiano que se le garantice con todo rigor el debido proceso, de tal manera que su caso pueda ser esclarecido y juzgado de conformidad al ordenamiento jurídico de la ley colombiana y lo pactado en el marco del Acuerdo de Paz.

Por ello, celebramos la definición de la institucionalidad necesaria para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad y de la Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Expresamos nuestro beneplácito porque haya sido radicado en el día de hoy en el Congreso de la Republica el proyecto de ley sobre las reglas de procedimiento para al JEP e instamos a que se le dé celeridad al proceso de aprobación para hacer efectivo su funcionamiento, que ya ha creado amplia movilización y expectativa entre las organizaciones de víctimas y los pobladores de los territorios más afectados por la guerra.

También instamos al gobierno nacional y a la guerrilla del ELN a continuar con los diálogos de Paz y lamentamos profundamente los hechos recientes de violencia que han causado la suspensión de la facilitación de este proceso por parte del vecino y hermano país del Ecuador. Consideramos que en particular el ELN debe entender que se trata de un momento y una oportunidad única para avanzar en el camino de la reconciliación, la construcción de paz y la transformación social de Colombia, lo contrario significa fortalecer las tendencias que nos quieren mantener en la confrontación violenta, que termina siempre golpeando a las comunidades y perpetuando las formas de dominación más antidemocráticas.

Reiteramos nuestro mayor interés y compromiso como académicos por aportar desde las universidades públicas a la consolidación de la paz estable y duradera en el conjunto del territorio nacional y de apoyar, promover acompañar los procesos de participación en los diálogos con el ELN, y las acciones y proyectos dentro del proceso de imlementación desde los territorios en dirección a contribuir a la construcción de la paz con el concurso de los diversos actores. Igualmente fortalecer los procesos de mediación social y comunitaria para la construcción de una cultura de paz y la resignificación de la historia del conflicto armado y las memorias asociadas a este. Superar el miedo a la verdad en la sociedad colombiana, nos demanda a las universidades promover el pensamiento crítico en los procesos de formación, así como la toma de decisiones de forma autónoma tendientes a ser agentes de transformación de la realidad existente para hacer posible una sociedad pacífica, reconciliada consigo misma, con reparación a las víctimas y reincorporación de los excombatientes, con un nuevo horizonte como país en donde todos y todas gocemos de una vida digna desde el respeto a los derechos humanos, a la naturaleza y el territorio.

 

Medellín,
Universidad de Antioquia, abril 25 de 2018