El jueves pasado las cabezas del No terminaron de entregar oficialmente al Gobierno sus propuestas para modificar el Acuerdo con las Farc. En La Silla revisamos en detalle los cuatro escritos y la conclusión es que será una renegociación casi imposible porque discrepan con ejes estructurales de lo pactado.
Las conclusiones de la revisión son múltiples. La primera es que ninguna pide revisar temas que fueron neurálgicos en la campaña del No como los pagos mensuales a los desmovilizados o las 10 curules aseguradas para el partido de las Farc en el Congreso durante 8 años.
También queda claro que Alejandro Ordóñez (quien se concentró solo en justicia transicional) es el que hace las exigencias más duras, las del uribismo lo son un poco menos, y Marta Lucía Ramírez y Andrés Pastrana muestran más flexibilidad.
En 13 de las 75 propuestas lo que hacen es repetir algo que ya estaba en el Acuerdo o referirse a cosas que nunca han estado en él. Uribe, por ejemplo, quisiera cambiar a través de esta renegociación un tema neurálgico de la Ley de Restitución de Tierras del 2011, que beneficiaría a los que compraron de buena fe tierras despojadas a un tercero sin haber hecho la debida diligencia para establecer que no habían sido adquiridas con violencia.
Otras 14 de las propuestas se podrían resolver haciendo una aclaración en el Acuerdo y 10 requieren cambios pequeños, como garantizar la participación de las víctimas en los nuevos medios comunitarios.
Pero 23 requieren cambios medianos, como exluir la posibilidad de que haya magistrados extranjeros en la justicia transicional, y otros 16 cambios sustantivos, mucho más difíciles de acordar, como aplicarle a la cúpula de las Farc la doctrina del aparato organizado de poder, que implica que responderían por todos los actos de sus subordinados que hayan respondido a políticas de la organización, así no hayan tenido nada que ver con el hecho puntual.
Al final, 33 de las propuestas parecen difíciles de negociar, y por ellas es que se ve tan difícil la renegociación, por lo menos si la idea es llegar a un acuerdo de todas las partes.
Del acuerdo al sometimiento
La mayor dificultad es que lo planteado, sobre todo por Uribe que toma como modelo su negociación con los paramilitares, va dirigido a anular en la práctica las posibilidades de que las Farc puedan tener una vocación real de poder como partido político. Como todo el objetivo de la negociación era crear las condiciones para cambiar las balas por las urnas, esta postura de arranque hará muy complicada cualquier renegociación.
Otro asunto complejo de lo planteado por el ex presidente y líder del Centro Democrático es que pretende purgar del Acuerdo el eje transversal de la democracia directa, que apunta a fortalecer el poder de decisión de las organizaciones sociales. Ese asunto es fundamental para las Farc por la influencia que tienen sobre las organizaciones de base en las zonas donde han estado presentes pero también porque es una forma de romperle el espinazo a las estructuras de la política tradicional y clientelista.
De hecho, muchas de las propuestas de Uribe tienden a defender el status quo, pues benefician a poderes establecidos como los terratenientes, los políticos tradicionales, los alcaldes y gobernadores, los militares o al establecimiento como un todo.
Por último, y quizás lo que plantea la mayor dificultad, es que Uribe rechaza de plano el principio de bilateralidad y simetría de la negociación, un punto que durante los seis años de conversaciones fue no transable por las Farc- que esperan reescribir la Historia de Colombia y no pasar como el único victimario, y consideran que como no fueron derrotadas militarmente no se están rindiendo.
Lo remplaza por una situación en la que ellas se someten al Estado, con cosas como unos términos de justicia más favorables para los militares que para los guerrilleros o que los empresarios que hayan participado en el conflicto puedan decidir voluntariamente si van a la justicia.