Habemus Corpus

 

Colombia se apresta a producir transformaciones  de fondo en su sistema de educación superior después del intento fallido  en el año 2011 de reformar la Ley 30 del 92, o ley marco que la rige.

 

No se discute que después de más de 20 años, han pasado muchas cosas  en todos los órdenes, global y localmente,  que obligan a hacer replanteamientos y ajustes a la forma de concebir y al actuar de las universidades.

 

En su momento la propuesta de reforma fue de mal recibo por amplios sectores que la consideraron inconsulta y contraproducente con el carácter de bien público que debiera tener,  al introducir la posibilidad del ánimo de lucro; la Ley 30, a diferencia de la educación preescolar, básica y media,  taxativamente sólo permite ofrecer educación superior sin ánimo de lucro. El gobierno retiró el artículo del ánimo de lucro de la propuesta, pero ese paso no bastó, fue necesario retirar la propuesta en su conjunto, como es de dominio público.

 

A partir de ese momento y bajo el liderazgo del Ministerio de Educación se estimuló un gran debate nacional, conducente no ya a una simple reforma legal sino a construir toda una Política Pública para la educación superior. Así se atendía uno de los reclamos mayores, la ausencia de una política que le diera sentido a los ajustes legales.

 

Diversas modalidades de participación se llevaron a cabo entre ellas, diálogos regionales, foros presenciales y virtuales, convocatorias para investigaciones sobre el tema, etc.

 

Posteriormente, el Consejo Superior de Educación  Cesu, organismo asesor  del Ministerio por la misma Ley 30, donde participan múltiples vocerías representativas del sector, asumió la responsabilidad de consolidar toda la discusión y conducir el proceso.

 

En los próximos días conoceremos la propuesta de Política Pública para la educación superior que entregará el Cesu, toda vez que ya se encuentra prácticamente concluido un documento que recoge y  contiene los elementos que la conforman y le dan sentido. Le será entregada oficialmente al Sr. Presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos, en ceremonia especial.

 

No será un documento sin objeciones, porque ello es imposible, pero por fin tendremos una mirada envolvente e integral sobre lo que debe ser la educación  superior en Colombia para los próximos 20 años. 

 

Vendrá la otra discusión; ¿qué implementamos, cuándo y cómo lo hacemos?, asuntos que obviamente serán complejos y no se darán de un día para otro, pero al menos superamos una etapa esencial que de todas maneras no cierra la discusión. Sigue siendo una propuesta que puede sufrir variaciones.

 

No será una tarea solo del gobierno, del Estado o del Congreso, las propias instituciones  de educación superior tendrán que movilizarse dentro de su autonomía para actuar en consecuencia, antes y durante. Me parece que los universitarios hemos sido tímidos por decir lo menos, en el uso de la autonomía en beneficio de las transformaciones que se requieren para construir la universidad del futuro, esperando que las soluciones vengan  desde arriba, léase gobierno, Estado.

 

Nada de lo que imaginemos como política pública podrá implementarse sino contamos con el compromiso  real de las comunidades; podremos definir muchos planes y establecer muchas normas pero si los académicos en el ejercicio de su autonomía, que en lo académico es prácticamente plena, no los acompañan renovadoramente, no haremos gran cosa.

 

Luis Enrique Arango Jiménez

Rector

Universidad Tecnológica de Pereira