El conferencista invitado Francisco José Gonzales, director de la Fundación Armando Armero, hizo una brillante exposición de carácter reflexivo, a la vez, con un alto componente investigativo, haciendo una crítica amplia, buscando mantener la objetividad a partir de hechos comprobados desde la recopilación de pruebas acerca del manejo de la información en lo acaecido en periodos trascendentales de la historia nacional; así mismo de la terrible falencia en planes de prevención que se refleja en la incapacidad del Estado para atender emergencias causadas por desastres naturales cuando se presentan.

Haciendo un recuento histórico, bien sabido es para toda la sociedad colombiana, que una de las mayores catástrofes que han enlutado al país, fue la avalancha que se produjo por la erupción del volcán Nevado del Ruiz, la cual iba arrasando todo lo que se cruzaba por su camino y que literalmente sepultó al municipio Armero, perteneciente al departamento del Tolima. Este desastre natural se produjo el 13 de noviembre de 1985, y conllevó a múltiples problemas de carácter social debido al daño ambiental, la crisis económica y sobre todo por la significativa perdida de vidas humanas, en un rango aproximado de 23000 a 25000 personas fallecidas.

Sin embargo, las consecuencias de este suceso aún están vigentes, pues alrededor de la devastación del municipio de Armero, se originó un evento posterior bastante lamentable, el cual atañe a la población más vulnerable de la sociedad, en este caso la niñez. En efecto, se dio a conocer a la opinión pública años después, 225 casos registrados de niños desaparecidos, los cuales sobrevivieron y no se conoce con certeza la razón de tal hecho.

Por otra parte, en relación a esta situación, se presentó un suceso conocido como la adopción exprés, en donde el ICBF, entregó niños en custodia a familias tanto extranjeras como nacionales, además se presentaron casos de menores de edad de los que no se tiene ningún registro sobre su destino. Es de considerar que estas adopciones se realizaron de forma apresurada, sin un plan de acción bien elaborado, omitiendo de forma irresponsable el proceso de verificación que permitiera comprobar si existían familiares que pudieran reclamar y responsabilizarse de estos niños.

La Fundación Armando Armero, con el acompañamiento de las madres y padres que conservan la esperanza de hallar a sus hijos, sigue denunciando esta problemática y dándola a conocer al país, a través de los medios de comunicación y eventos públicos como el realizado en Bogotá, en el Palacio del Liévano. Exigiéndole al Estado Colombiano, por solicitud ante la Procuraduría, que se abra el archivo del Libro Rojo del ICBF.

 

En conclusión, las preguntas de reflexión para la sociedad colombiana serían:

 

  • ¿Qué respuestas y soluciones le deben dar a estas familias?
  • ¿Puede hacer la investigación el ICBF sin ninguna veeduría?
  • ¿Hay responsabilidad por omisión en la búsqueda de estos niños?
  • ¿Es un crimen de Estado, por desaparición, hay garantías?
  • ¿Qué sucede con la toma de decisiones por parte del Estado, cuando se tiene indicios de posibles catástrofes que se pueden evitar o por lo menos atenuar?

 

 

 

 

Elaborado por:

Edilberto Gallego Usuaga

Monitor Oficina de Comunicaciones