Luis Enrique Arango Jiménez 

Rector  Universidad Tecnológica de Pereira

Presidente Sistema Universitario estatal SUE

Continuando  con los análisis después del proceso electoral, quiero profundizar un poco más sobre la llamada mermelada; aquellos recursos del tesoro nacional que se asignan a manera de cupos virtuales a los congresistas para favorecer los proyectos que ellos  respaldan y que terminan constituyendo un camino para enriquecerlos electoralmente por la vía de los réditos  en materia de reconocimiento público, lo que parece inevitable,  pero que también, como se afirma, pueden hacerlo por el lado oscuro de la ilegalidad. Esta última, tipificada a través de la contratación pública   donde estos recursos terminan su  viaje.

Afirman las malas lenguas que hay congresistas que asignan los recursos de la cuota al mejor postor en materia de beneficios, es decir a quien mayor rentabilidad garantice en materia de contratación, lo que obviamente significa una monstruosidad.  

He leído insinuaciones de que las altas votaciones de algunos congresistas reelectos, que llegaron a doblar la votación con respecto a la última elección,  obedecen a  conspiraciones de esta naturaleza. Políticos sin mayor brillo en sus actuaciones dentro del Congreso aparecen con crecimientos atípicos. Viene a mi memoria lo que significaron estos crecimientos electorales como elementos de prueba para la Corte Suprema de Justicia en los juicios a los Congresistas por acuerdos con el paramilitarismo y que fueron condenados.

Hay que aceptar, sin embargo, que situaciones como estas, si ocurren, se dan con la complacencia o mejor connivencia, de quienes ejecutan los dineros públicos; sin qué sea absolutamente necesario que los jefes de las entidades estén involucrados.

Sin restarle gravedad a este modus operandi que compra lealtades políticas y debiera eliminarse,  si hay que ser objetivos; no son los recursos en sí, los cuales tendrán que llegar de una o de otra manera; son las prácticas torcidas en materia de la contratación la causa del daño a la democracia. Podrían ser asignados a través de un sorteo e igualmente corromperían la democracia si su uso se desvía por el expediente de la corrupción.

Esto no es nuevo; sin remontarnos a los auxilios parlamentarios, que enterró la constitución del 91, desde  el siglo pasado hemos oído hablar del computador de Palacio, donde se llevan las cuentas de los apoyos, puestos   y ayudas que reciben los congresistas. Ello no es malo en sí mismo, lo  indebido es que estos últimos modulen la conciencia y las actuaciones de  acuerdo con  lo recibido. Y aquí cobra vigencia el criterio de que hay que saber elegir cuando se vota. 

No hay que buscar el ahogado aguas arriba. Para no hacer de este tema un ejercicio meramente retórico se requiere un control efectivo al gasto público, que haga seguimiento  más allá de lo que supuestamente hacen los entes de control del Estado.

Si no atacamos la raíz del problema  no hay salida. Aquí la sociedad civil es la única que puede  hacerle frente a la corrupción. Todo lo demás termina en buenas intenciones. Siempre aparecerán los vivos que serán capaces de salirse con la suya.Lo demás es cuento.