El pasado 13 de febrero ocurrió una manifestación particular en la Plaza de Bolívar de Santa Marta: al menos mil empleados de la empresa Drummond, segunda exportadora de carbón del país, salieron a las calles con el eslogan “Yo estoy con Drummond”, en respaldo a la empresa que durante los últimos meses ha estado en las noticias y en la mira de los organismos de control colombianos. A principios de 2013 se desató un escándalo mediático y la empresa fue sancionada tras verter 500 toneladas de carbón al mar; según la Fiscalía, pasarán al menos 40 años hasta que el mar de  Ciénaga (Magdalena) se recupere del daño ambiental.

Y a comienzos de este año la empresa volvió a ser protagonista por la sanción y suspensión de su sistema de cargue que le impuso el Ministerio del Medio Ambiente y las investigaciones anunciadas por la contraloría y la fiscalía. Dice la empresa que a raíz de este accidente ha habido un “asalto intelectual” y que Drummond “se siente también víctima de la situación”.

Pero la historia del impacto ambiental de esta empresa no comienza en las playas de Santa Marta, es más larga.

La empresa norteamericana Drummond llegó a la zona hace más de 35 años. Dice Luis Alberto Días, poeta y habitante de la zona, que antes de las minas en La Loma y La Jagua de Ibirico (Cesar), eran comunes las tiendas en las que se vendían cincuenta pesos de aceite, cien de sábila y la ñapa de queso pellizcado. Víctor Manjarrez vive en La Loma desde que tiene memoria, y recuerda que antes de las vallas de propiedad privada permanecían casi intactas las extensas sabanas comunales, donde había pesca, ganado y cultivos de arroz y algodón. “En mis tiempos se veía el caimán, los venados de caza y cientos de humedales que servían de estadero a las aves que pasaban rumbo hacia la Ciénaga”, recuerda.

Hoy los impactos de la extracción minera son evidentes. El río Cesar, responsable de abastecer el complejo cenagoso La Zapatoza no sobrepasa un promedio de 80 cm de profundidad y de sus quebradas y caños tributarios quedan cuencas de arenales. Nelson Padilla, encargado del acueducto veredal, tuvo que suspender la captación de aguas del río Cesar a finales de enero por falta de caudal. “El agua potable es prácticamente un lujo en La Loma”, dice Padilla. La potabilización de agua requiere de anticoagulantes, filtraciones especiales para la eliminación de metales, aireación y control de corrosión. Padilla, único químico de la Loma, solo dispone de cloro para hacer desinfección.

Mediante resolución 212 del 22 de diciembre de 2003 aprobada por la Corporación Autónoma de Cesar se concedió a la empresa Drummond la captación y represamiento de aguas para la creación del Embalse Caño Paujil ubicado en predios pertenecientes a la misma empresa, como garantía al desarrollo de la explotación carbonífera. La empresa dice que el desvío del caño permitió crear un ecosistema de mejores características ambientales que las originales. 

Pero a radiantes 35 grados centígrados, José Ramón, líder comunitario de Chiriguaná (Cesar), se queja de la falta de alcantarillado y los malos olores de las aguas residuales. A él han acudido varios pescadores preocupados por la muerte de fauna asociada a la aparición de manchas de polvillo de carbón sobre las “playas de amor de Chimichagua” –a las que le cantaba el maestro José Barros.

La tierra

El cráter donde se extrae el carbón ubicado en Palenquilla, a 20 minutos de la Loma, tiene un área aproximada de 4.800 hectáreas (calculo hecho en polígonos de Google Earth y Free Maps Tools). Es decir que el hueco de donde se extrae el mineral duplica el área construida de una ciudad capital como Pereira, y es más de 400 veces el tamaño del Parque Simón Bolívar de Bogotá. Pero lo que más angustia suscita en los activistas del sector es que son unas 224.538 hectáreas tituladas a la empresa para la explotación, de las cuales se explota un poco más del 10%. (Ver documento, pag. 97)

La preocupación por la expansión carbonífera no es un tema menor ya que afecta directamente la tenencia de la tierra y la magnitud de los impactos. Datos de la mesa regional de la zona campesina del Perijá muestran que para 2003 se presentaron cerca de 400 casos de desplazamiento forzado y despojo de tierras en el Cesar.

La misma mesa regional afirma que el 70% de predios en los municipios de Chiriguaná, Curumaní, Chimichagua y Pelaya no tienen un saneamiento predial y la poca claridad catastral viene favoreciendo la compra irregular de terrenos a manos de personas naturales. La cuestión está en que muchos de esos predios han pasado a ser explotados por la Drummond, según Víctor Martínez líder de la mesa regional de la zona campesina del Perijá. Es el caso de las veredas El Hatillo y Plan Bonito, dos comunidad afro descendientes que se arraigan al territorio y pese a su resistencia serán reubicadas hacia la cabecera urbana de la Jagua y El Paso respectivamente, según dice Víctor Manjarrez, con el fin de ejecutar las etapas exploratorias -que entre otras cosas no requieren de licenciamiento ambiental y están exentos del pago de regalías. Drummond no es la compañía mayoritaria en la zona de El Hatillo; la responsabilidad sobre la reubicación de estas poblaciones la comparten también las otras dos compañías mineras que operan en la zona: Colombian Natural Resources (CNR) y Prodeco Glencore.

La salud pública

Según la Secretaría de Salud de Cesar, el 51% de la población de El Hatillo (corregimiento de La Loma) sufre de algún tipo de enfermedad “relacionada con la contaminación ambiental, como enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades de la piel y enfermedades oculares” (Ver documento, pag. 7).

La Jagua de Ibirico es un municipio pequeño, su población es 17 veces menor que la de Valledupar, la capital departamental. Sin embargo el número de casos de VIH-Sida es igual en ambos municipios, lo que habla de altas tasas de actividad sexual riesgosa en la zona minera. Para Víctor, habitante de la zona, la prostitución y la enfermedad llegaron con la minera. 

La tasa de mortalidad infantil en Municipios como Chiriguaná y El Paso duplica la media nacional y ni las fuentes de empleo derivadas de la mina han ayudado a disminuir el 58% de población afro por debajo de la línea de pobreza. Fabiola Ávila, directora de la Oficina de Asuntos Étnicos del Cesar, dice que hasta la fecha no se han realizado procesos de consulta previa a comunidades afrocesarenses. El 27 de febrero consulté al respecto al Departamento de Comunicaciones de la empresa y la respuesta que recibí fue que podría "encontrar toda la información sobre nuestra gestión de sostenibilidad en la siguiente página", pero en el enlace a los informes corporativos no encontré documentos relacionados con el tema.

Para la gente de la zona el horizonte de posibles alternativas a la minería ya se ve eclipsado por la degradación ambiental y la poca autoridad de las administraciones municipales frente a la locomotora minera. “Desde Bogotá La Loma solo es un pedazo del mapa”, dice Manuel, bici-taxista de la región.