Por razones que deberían ser de estudio de especuladores o de promotores de campaña, el Rector de nuestra universidad, el Ingeniero Luis Enrique Arango Jiménez, ha decidido escribir sendos artículos sobre sus consideraciones sobre la Democracia Universitaria, sus implicaciones y posibles devaneos con respecto a varias palabras de exquisito gusto para quien ostenta la más alta distinción administrativa de la UTP: gobernabilidad, democracia, garantías y gestión. No cabe duda de que este artículo tiene innegablemente el preocupante sabor de una respuesta no a las exigencias de la comunidad académica, padres y trabajadores, sino al deseo de justificar comportamientos de cara a los deseos de legitimar una administración golpeada en su imagen en la ciudad y medios de comunicación.
La democracia universitaria se entiende como el ejercicio responsable de los estamentos universitarios en clave de la autonomía universitaria, para elegir sus autoridades académicas y administrativas, con el fin de garantizar la supremacía de los intereses académicos sobre intereses de otra índole. Se podría hacer una larga exposición de los alegatos que sustentan la idea anteriormente expuesta, pero pretendo centrarme en las deformaciones de la misma que, escandalosamente, son defendidas con la mayor de las naturalidades por la regencia de nuestra universidad.
En uno de los más complejos laberintos en que se embarca la serie de artículos mencionados es en el intento fallido de mostrar amplitudes de la democracia a través de la otorgación del voto para quienes no poseen una contratación estable (planta de personal), aduciendo que este tipo de reformas electorales pretenden darle participación a quienes hacen parte también de la comunidad académica. Esta tesis, tiene más allá de su lavado estético como fin último otorgar a la administración de turno la herramienta para presionar y someter a quienes están en franca y evidente vulnerabilidad laboral, logrando unas mayorías ficticias dentro de la comunidad profesoral y de trabajadores. En la UTP, para nadie es un secreto las presiones a los catedráticos cuando se acercan procesos electorales para que hagan deferencia de lealtad a quienes en últimas, tienen la palabra definitiva en la continuidad de sus contratos y desarrollos dentro del campus. Pretender esconder tan evidente realidad, es una burla y provocación para quienes tienen cotidianidad en la Universidad Tecnológica, y que han sido testigos de la imposición de autoridades académicas incluso, contra el deseo de la más evidente mayoría de sus integrantes. La lealtad al Rector como sinónimo de idoneidad.
Esta pantomima de ampliación de la participación en las escogencia de las autoridades universitarias se articula con la modificación de la elección de los Decanos en las facultades, dándole decidida participación a un Consejo Superior Universitario (CSU) que, en el caso más desprevenido, tiene como fuente principal de virtudes y defectos, a las versiones cómodas del Rector y su cúpula de confianza. He allí la razón por la cual en las últimas elecciones solo se han presentado candidatos únicos: ya nadie quiere presentarse a una elección que se sabe de antemano quién será el ganador. Así se socava por arriba y por abajo el peso específico de la comunidad académica en la toma de decisiones.
Ahora, llama poderosamente la atención como en los artículos escritos por el Ingeniero Arango, se esboza una serie de cuestionamientos alrededor de la participación y rol que juegan los Gobernadores y sus delegados, ejemplificados por el mencionado en la Universidad de los Llanos y en la Universidad del Pacifico. Su alegato sugiere que “muchas veces han sido un canal para inducir presiones al interior de las Universidades, en connivencia con circuitos políticos locales, que provocan enérgico rechazo (…)”. Cabe preguntarse si acaso los Gobernadores y sus delegados y otros miembros del CSU en cualquier universidad pública que si están de acuerdo con el Rector de turno, no están sometidos a la presión de los círculos políticos locales y de manera más expresa, si esa paz y armonía que existen en algunos Consejos Superiores no responde precisamente a una completa sintonía política, en intereses y en modos de asumir las cosas. Mal hace el rector en buscar la paja en ojo ajeno y no ver la viga que se encuentra a pocos metros de su oficina en la universidad.
Por último, asumir que la participación de la elección de las autoridades académicas y administrativas de manera directa por la comunidad académica, compuesta por estudiantes, profesores y egresados, como sucede en la Universidad de Nariño, es un proceso fracturador y excluyente, es de manera abierta plantear que la participación amplia, es sinónimo de dificultades, y que por lo tanto la gobernabilidad se fundamenta en la mas maquillada monarquía constitucionalista, en el mejor de los casos.
La gobernabilidad en las universidades debe basarse en el ejercicio consciente de la deliberación, del consenso, de la capacidad argumentativa, y no de la imposición de mayorías ficticias, a través de la contratación inestable, de dudosos concursos docentes, de la presión indebida de profesores en las elecciones de representantes estudiantiles o de la reducción estatutaria de la participación de la comunidad académica. Toda concepción que fundamente un remedo de democracia en los términos expuestos, es un caldo de cultivo para la confrontación, para sí la fractura y la exclusión política.
Julián Bedoya Vallejo
Estudiante de Ingeniería Mecánica.
Representante de los Estudiantes ante el Consejo Académico Universitario
Universidad Tecnológica de Pereira