Gestión de la Comunicación y la Promoción Institucional

Propongo que iniciemos un proceso de reflexión sobre el sistema de educación actual y de su administración, para construir una ética colectiva de la responsabilidad que tenemos como empleados públicos aquí en la Universidad Tecnológica de Pereira, empezando por poner en el centro de las jornadas la dupla Autonomía-Calidad. Propongo reflexionar desde la calidad de la convivencia misma en la Universidad, de esta Universidad en la que sólo nos identificamos dentro de unos edificios y no reconocemos a los de los otros bloques. Podemos invitar a la actual administración académica a que hoy mismo asuma una actitud diferente, que piense en la gente que “habita” la Universidad, que la consulte a toda y sin discriminación, sin acomodamientos, que tome conciencia de que el desarrollo de la sociedad va de la mano con la educación, que adquiera el sentido de pertenencia de lo público para construir el proyecto de Nación Sostenible, porque es el futuro el que está en juego, el futuro de los jóvenes que nos han despertado, el futuro que ven peligrar, por el que se manifiesta y no quieren rifar.

Probablemente Sí hace falta un re-pensamiento de las normativas que se ha dado la Universidad en uso de su Autonomía, consultar a toda la comunidad universitaria sobre la vigencia, por ejemplo del actual Estatuto General de la UTP de cara al ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ADMINISTRATIVA ACADÉMICA de la Universidad. Seguramente debe procurarse una movilización social dentro de la Universidad para lograr que las reglas de funcionamiento del gobierno universitario vayan en la misma vía con las reglas de trabajo de la actividad académica, lo cual implica que como principio determinante deben existir criterios de orden meritocrático; estos, al menos en teoría, deben constituirse en criterios académicos para el nombramiento y la selección de las directivas del siglo 21 (el Departamento de Planeación de la Universidad tiene una valiosa experiencia en la organización de procesos de movilización social y podrían ayudar mucho en la conducción de una actividad de este tipo dentro de la Universidad, podemos invitar formalmente a este Departamento a que oriente la realización de la consulta y del proceso en general).

Las universidades están llamadas a moldear nuevas expresiones de cultura, economía y política en la sociedad, pero principalmente están destinadas al papel de la enseñanza. En la actualidad la educación colombiana tiene como reto generar transformaciones en una sociedad globalizada, excluyente, en uno de los países más desiguales del mundo (Colombia es el país más desigual de América Latina y el cuarto en el mundo, según la revista Semana del 12 Marzo 2011). Esto nos toca directamente a nosotros los docentes, y más cuando se conocen hoy los peligros de corrupción académica y administrativa que se corren en la UTP.

La Universidad Tecnológica de Pereira tiene hoy más que nunca una gran masa pensante, mejor calificada que nunca. Por esto mismo invito a todos los compañeros que han participado de diferentes maneras en las asambleas de profesores, y a los que no han podido asistir a las asambleas y a los que no gustan de las asambleas pero sienten que la educación es lo que nos hace trabajar, soñar, producir y transformar conocimiento experimental y teórico, a que contribuyan con sus ideas a la elaboración de la propuesta de Ley de Educación y al repensar interno de la Universidad Tecnológica.

El llamado es también para todos los trabajadores administrativos de la Universidad, los empleados de nómina y los temporales, los egresados, los padres de familia, para que participen en actividades de construcción de propuestas y de interiorización y re-pensamiento de la Universidad. La región y el País lo merecen.

Para iniciar, propongo reflexionar sobre los conceptos meritocracia y autonomía.

1. Leopoldo Múnera Ruiz, Profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Política y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia,haciendo énfasis en el principio de meritocracia y democracia académica con relación al gobierno universitario, declaraba:

“La comunidad académica se rige por un principio meritocrático que, si se llega a desconocer, desvirtúa la comunidad académica. Por consiguiente, el gobierno universitario y la democracia universitaria hay que pensarlas dentro de los marcos de la meritocracia. De lo contrario, se entra en una lógica de democracia simple, en la cual cualquiera podría ser rector, profesor o estudiante de la Universidad”. En su concepto, la meritocracia sucede parcialmente en las universidades públicas colombianas: “Lo que ocurre es que la democracia no se está pensando. La meritocracia existe en la medida en que se exigen unos requisitos mínimos para ser decano o rector, y eso se tiene en cuenta para el nombramiento, pero la democracia aún es muy frágil”.

También comentaba y sugería el profesor Múnera Ruiz, que es necesario que la comunidad esté deliberando sobre el futuro de la universidad y pueda escoger a las autoridades que considere más pertinentes en un proceso de construcción colectiva. El problema es que las directivas son proclives a secuestrar el poder de decisión de la comunidad universitaria.

2. La AUTONOMÍA, un principio rector del quehacer universitario, se define como la Capacidad de la Institución para autodeterminar sus actividades académicas, administrativas y gestión financiera. En el hacer y proceder diario en la UTP parece haber una interpretación sesgada de la autonomía, manifestado esto en la ejecución omnipotente y plenipotente de las funciones administrativas, la amañada y poco científica asimilación del “poder” (que no debería asimilarse con un poder político ni capacidad para hacer favores con los recursos del estado) con la sumisión y el acatamiento acrítico de las resoluciones y disposiciones, así como el empleo de prácticas políticas y politiqueras, evidenciado esto en la búsqueda de espacios entre los círculos de clubes sociales de la región y la vinculación de personas ajenas a la universidad para realizar diferentes actividades de asesoría, consultoría o para hacer la nada.

Durante el paro actual se ha evidenciado que la autonomía baja es el principio más democrático porque todo el mundo puede hacer lo que quiere, la entropía es altísima y mayor aún el voluntarismo y la relativización de las acciones, ejecuciones y procederes. Sin embargo, en los tiempos de “orden, silencio y paredes blancas”, la autonomía es muy clara en cada dependencia, estamento, unidad administrativa y actividad, y más o menos veo en las maneras que a continuación refiero:

Autonomía administrativa:  concepto bajo el cual se permite abrir nuevos programas bajo diferentes modalidades y metodologías, crear institutos y organizaciones administrativas sin ánimo de lucro dentro del espacio de la universidad y con recursos de la universidad, abrir y fomentar CERES donde se requiera, construir los programas de competencias a otras instituciones del país, administrar las donaciones que particulares y empresas tengan a bien ofrecer a la universidad, ajustar las normativas y procedimientos administrativos para funcionarios, empleados y docentes; abrir, cerrar, publicitar y vender la Universidad.

Autonomía Financiera:  caben las actividades relacionadas con planeación presupuestal de la docencia, la extensión, la investigación y el emprendimiento y bienestar universitario, la disposición de recursos para los diferentes entes administrativos y docentes, recursos para la adquisición de equipos personales y transporte para los funcionarios, caben las disposiciones relacionadas con los costos de las matrículas de los programas, la discriminación de programas financiables y autofinanciables, el establecimiento de los topes máximos y mínimos asignados para los diferentes rubros y la disposición de los recursos propios, la disposición de los salarios de los vicerrectores, colaboradores, jefes de control, comunicadores, asesores de imagen y otros asesores de la alta administración.

Autonomía Académica: caben las disposiciones  o iniciativas para abrir programas académicos bajo las diferentes modalidades existentes ya en la universidad, caben las consideraciones propedéuticas y curriculares, caben las estrategias pedagógicas incluyendo los énfasis teóricos, vocacionales y experimentales que rubrican o destacan los educandos egresados de esta universidad, cabe la concepción de los programas como herramientas de desarrollo social y de bienestar, caben las disposiciones de organización estudiantil y docente, caben los reconocimientos, distinciones y acreditaciones de calidad de los cursos y certificados de asesores de la alta administración.

Autonomía del Consejo Superior: asociada directamente a las licencias que este cuerpo colegiado tiene para autorizar todas las disposiciones de la universidad, tiene que ver con el cómo se llega a dichas autorizaciones, cómo se conciertan, cómo se consensuan, cómo se delegan entre los miembros las diferentes responsabilidades de estudio, reflexión, análisis, convenios, lobbies para las ejecuciones legislativas y administrativas que tienen que ver con todos los estamentos universitarios.

Autonomía del Rector: aparentemente al ser la rectoría una entidad ejecutiva no goza de autonomía, aparte de las licencias que le conceda el Consejo Superior y de sus ejecutorias en el Consejo Académico del cual es presidente. Tiene autonomía para crear consejos asesores y oficinas que considere necesarias para la realización efectiva de las funciones de la rectoría, tiene autonomía para realizar convenios nacionales e internacionales, para dialogar en nombre de la universidad con las diferentes fuerzas vivas de la sociedad y la política y para planear administrativa, académica y financieramente la universidad, en lo que respecta a su planta física, su logística y su proyección académica. El rector puede ser, como siempre ha sido, un profesor reconocido por las bases del profesorado y debe velar porque así sea, debe en su autonomía propender por la calidad ética, moral, intelectual y académica de quienes lo acompañen en la dirección de la Universidad, por el buen nombre y el ejemplo de la misma.

Otras formas de autonomía que se ven en la Universidad en tiempos normales son la autonomía de Consejo Académico, la autonomía de los vicerrectores, la autonomía de los decanos y directores de programas, la autonomía de las salas de profesores, la autonomía de los profesores, la autonomía de los estudiantes, la autonomía de los comités curriculares y la autonomía de cátedra.

Autonomía del Consejo Académico: en el imaginario de la comunidad figura que el Consejo Académico es autónomo para guiar la comunidad universitaria en todo lo académico, tiene todas las competencias para hacerlo; que puede, en caso de ser necesario, crear comités asesores como actualmente se tiene el comité asesor de currículo. El Consejo Académico es autónomo para sugerir la creación y cierre de programas académicos en los diferentes niveles de formación de pregrado y posgrado. El Consejo Académico es autónomo para convocar a la comunidad académica a la realización de actividades de formación, información y divulgación no formales como es el caso de congresos, conferencias, simposios. El Consejo Académico puede decidir sobre las escolaridades de los programas, las metodologías curriculares, pedagógicas y propedéuticas. El Consejo Académico es responsable de la interdisciplinariedad académica en la institución, el trazado pertinente de las estrategias académicas de cara a la idea o filosofía de universidad que se tenga como respuesta estratégica a la planeación social y productiva de la región. El Consejo Académico tiene autonomía para decidir sobre cambios o modificaciones curriculares, mayores y menores; resuelve sobre todos los casos estudiantiles enmarcados dentro del reglamento estudiantil. La autonomía del Consejo Académico no va en detrimento de la autonomía y libre pensamiento de sus integrantes y por el contrario se apoya, enriquece y trasciende a partir de la integridad y altura intelectual que se espera que posean sus integrantes.

Los consejos de Facultad son autónomos para programar los cursos de los diferentes programas académicos, decidir sobre la apertura de cursos y diferentes modalidades académicas de las que los estudiantes disponen, planear y programar la ejecución de su presupuesto, organizar eventos académicos.

A nivel macro, según la ley de educación actual en Colombia, la autonomía universitaria es relativa porque depende de las exigencias del Estado, el cual ejerce directamente la vigilancia y control impidiendo la autorregulación, no posibilita su desarrollo académico institucional, libre de influencias políticas o atadas al sector productivo porque la misma composición del Consejo Superior no da suficiente presencia al estamento académico (sólo un representante estudiantil y un representante de profesores, no contando la voz del vicerrector académico porque éste es nombrado directamente por el rector). El nivel del Consejo Superior, sus actuaciones y sus disposiciones están limitados por su legitimidad, su nivel intelectual, su calidad académica, su compromiso y su pasión por el bienestar social.

3. Las leyes de educación han consagrado un modelo de dirección, en donde tanto el modelo de alta administración (quiénes toman las decisiones, argumentadas o no, acorde con el criterio de “a quiénes se beneficia”) como el organizativo de la actividad educativa,  no se presta para lograr que los estudiantes y profesores, participen comprometidamente en las decisiones académicas de la Universidad. El Consejo Superior se integra con  representantes  de fuerzas sociales que no necesariamente tienen competencias académicas y científicas, pero sí “políticas” y a veces politiqueras y clientelistas, con lo que se propician las oportunidades para nombrar decanos amigos, directivos administrativos, empleados; peligra la objetividad en la toma de decisiones vitales ya que antes que pensar, tienen que decidir; son personas normalmente muy ocupados y la asistencia a las reuniones es una actividad accesoria para ellos, no la más importante, delegándola frecuentemente. Incluso para los asuntos de la Universidad, aun los más importantes, llegan a enterarse apenas en las reuniones y eso a las que les apetece, actúan más como “comientes” que como dolientes. No se conoce en la historia de la Universidad que alguno de los miembros no universitarios del Consejo Superior haya presentado proyecto académico alguno, no considerando las ideas que en caliente hayan tenido en las reuniones.

Toda la comunidad utepense debería pensar en la construcción de un gran movimiento pedagógico universitario mediante el cual se elaboren propuestas de universidad desde consideraciones académico-productivas; se cambiará la ley, pasará este paro, y la universidad deberá ser otra cosa, deberá aprovecharse para hacer reingeniería en ella, para que las decisiones permeen a cada estudiante, cada docente, cada empleado o administrativo de la universidad, a lo alto y a lo ancho. Debemos promover ese movimiento, debe promoverse que la Universidad es de todos y que todos podemos administrar, las consideraciones subdesarrolladas del mesianismo y del caudillismo no pueden caber en un universitario.

4. No podemos los docentes seguir encerrados en las oficinas so pretexto de la investigación y la extensión, cuando con esta actitud estamos apuntalando la perpetuidad de las mismas relaciones fallidas de interacción con la sociedad y al mismo tiempo las mismas estructuras (o en grados mayores de empeoramiento y arrodillamiento) internas y externas de control universitario, desprovisto de verdadera proyección social planeada y sujeto sí a los vaivenes del administrador de turno al que el Estado le esté pagando (administradores que, por demás, extrañamente, por su inteligencia, capacidad y credo religioso, requirieron introducir al mundo académico los conceptos de nocivos de “poder” y “gobernabilidad”, conceptos viles que no existían, ni se requerían en la Universidad, cuando se consideraban todos los docentes como iguales y como iguales contribuían en la construcción de la Universidad).

Deberíamos tener unos propósitos programáticos como clase docente, constituyente primario del quehacer universitario, deberíamos abordar la constitución del quehacer interno de la UTP. Hoy mismo podríamos empezar a conversar en mesas de trabajo, preguntarnos cómo es que funciona una universidad, preguntarnos si es así como debería ser, pensar si somos diferentes a empleados u operarios de una fábrica de producción continua de estudiante, abrir los espacios para que las personas que han administrado la universidad se abran a toda la comunidad y escuchen opiniones y argumentos de razón y corazón, para que esta misma clase última de personas aterricen y sepan que han sido profesores comunes sin más ni más. También para que la mayoría de profesores sin más ni más (simples y comunes) demos ejemplo de compromiso con el verdadero ejercicio de la academia: el de ser pilar y ejemplo de valores para la sociedad, sin las bajezas de los relativismos disociadores.

5. La comparación con otros países de América Latina como México, Brasil, Argentina y Chile, muestra que Colombia es el país con más baja participación de la comunidad académica en los organismos colegiados superiores. Busquemos incorporar los elementos conceptuales y de principios que permitan garantizar realmente la autonomía universitaria, ejercida por la comunidad académica, articulada al ejercicio de la democracia en todos los aspectos de la vida universitaria, como garantía de transparencia en la dirección de las universidades. Para establecer en las universidades la vigencia de la autonomía, articulada a principios democráticos, se requieren cambios en la composición de los Consejos Superiores de las universidades públicas, reconociendo una participación equilibrada a la representación de la comunidad universitaria. Para que la Universidad avance se requiere promover la pluralidad de pensamiento, el ajuste al derecho y a la calidad académica validada.

Libertad, Igualdad, Fraternidad: consignas revolucionarias que removieron los cimientos de este mundo, que comenzaron por guillotinar a un rey y que decidió que en adelante el referente político irrenunciable era “una república en estado de derecho, una ciudadanía bajo el imperio de la ley, en la que ningún dios ni ningún amo pueda despóticamente ordenar y mandar a siervo alguno”. Los intereses de la razón son los intereses de lo desinteresado. No cotizan en el mercado, pero cotizan en dignidad. Tal vez no sean muy útiles, si de lo que se trata es de vivir a cualquier precio; pero sí si de lo que se trata es de vivir una vida digna de ser vivida.

Si no hay ciudadanía, si se secuestra la democracia en las universidades, no hay estado de derecho. Y menos aún si la mayor parte de la población y de los docentes carece o se priva de independencia civil, es decir, depende enteramente de la voluntad de otro para subsistir. En otros tiempos, los siervos dependían del señor feudal. Las garras de la necesidad son largas y afiladas. Para que exista una buena docencia y una educación de calidad, deben estar cubiertas las necesidades mínimas de los docentes y éstos deben ser libres de miedos y de manipulaciones de los parapoderes.

6. La formación multidisciplinar universitaria, es cada vez más necesaria. Los proyectos que abordan los ingenieros hoy en día involucran tecnología avanzada en múltiples y recientes especialidades, y también muchos otros aspectos con interrelaciones complejas y dinámicas que incluyen valores humanos, actitudes, asuntos sociales, políticos, económicos, medioambientales, éticos y culturales. Para ser relevante en el siglo XXI, los currículos universitarios deben revisarse y ajustarse conforme a  la ciencia, la tecnología y al diseño creativo a través de prácticas en laboratorios actualizados, contenidos de programas de asignaturas de calidad y prácticas pedagógicas ejemplares, además de una formación integral en temas de humanidades y de gestión.

Las inversiones deben priorizarse para capacitar científicos en matemáticas y física y luego a ingenieros, equipar los laboratorios, promover la creación de una “capacidad numérica” nacional, dinamizar y poner rigor en la formación en ciencias básicas, sociales y políticas, en general; actualizar los planes de estudio, incorporar métodos y herramientas de aprendizaje activo y colaborativo que motiven la enseñanza y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, e implantar sistemas efectivos de evaluación de la formación impartida