Críticas del presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE)
La cifra que la MANE malinterpretó
Luis E. Arango dice que no es cierto —como insisten los estudiantes— que el Gobierno les deba $11,3 billones a las universidades. Asegura que extrajeron ese dato de un informe “sin analizarlo” y que el monto corresponde a una propuesta de inversiones futuras.
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“Queremos exigirle al gobierno nacional que sanee el déficit presupuestal de las universidades públicas, estimado en $11,3 billones”, dijo la semana pasada Sergio Fernández, vocero de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), desde el centro de Bogotá, mientras lideraba la “desnudatón” programada para llamar la atención sobre la falta de recursos de las universidades del Estado.
Por las calles de Cali, Bogotá y Medellín, estudiantes y medios de comunicación replicamos las declaraciones de estudiantes que le exigían al Gobierno responder por la astronómica deuda. Pero ayer Luis Enrique Arango, presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), el principal gremio de las 32 universidades públicas del país, y uno de los autores del estudio del que surgió la polémica cifra, se declaró preocupado por la manera como los estudiantes la interpretaron.
En febrero los vicerrectores administrativos y financieros del SUE le presentaron al Ministerio de Educación un documento que refleja las dificultades económicas de las 32 instituciones y en el que concluyeron que se necesitarían inversiones, a mediano y largo plazo, por un valor de $11,3 billones para lograr que estas instituciones fueran competitivas.
Para los directivos, esta suma de dinero (representada en fuentes como transferencias de alcaldías y gobernaciones, desembolsos del Mineducación y recursos propios) tendrá que invertirse (entre otras cosas) en contratación de planta docente de alto nivel, formación de maestros, dotación tecnológica, programas de bienestar universitario y adecuación de la infraestructura física.
Partiendo de esta realidad, el presidente del SUE cree que los estudiantes agarraron esta cifra de manera ligera y la convirtieron en su insignia de protesta sin analizarla o hacer una reflexión crítica y real sobre lo que significan estos montos. “Reconocemos lo importante, y es que las comunidades universitarias nos acompañen en este esfuerzo para buscar recursos para nuestras instituciones. Les agradecemos este apoyo. Pero nos preocupa que nuestras cifras se distorsionen y se conviertan en peticiones imposible por la forma como se presentan”.
Aunque en los últimos años el Gobierno ha logrado importantes aportes para el financiamiento de la educación superior, Arango aclara que “el atraso es tan grande que el dinero sigue siendo insuficiente”.
“Sabemos que las universidades también tenemos que aprender a administrar mejor el dinero y por eso hemos tenido un papel activo, presentándole al ministerio estudios y propuestas para buscar una salida”.
Entre las soluciones que los directivos del SUE han puesto sobre la mesa, aparece que el Estado le sume $200 mil millones más al presupuesto anual. También que se cobre a los usuarios de telefonía celular un peso más por cada minuto que consuman, “este es un camino fácil que podría entregarles a las universidades ingresos por $55.000 millones anuales”. Además, explica Arango, los rectores han sugerido que el impuesto CREE —que la reforma tributaria instauró el año pasado y se cobrará por tres años a los empresarios— debería ser permanente. De esta manera, cada tres años se podría contar con $1,5 billones que irían ayudando a las universidades públicas a ponerse al nivel de las mejores.