“Todos los estamentos de la sociedad deben concurrir y aportar al financiamiento de la educación superior: el Estado Central, los Entes Territoriales, las familias, los estudiantes, el sector productivo y el privado. En vez de gratuidad que puede beneficiar al que no lo requiere, más bien, que nadie se quede por fuera si no tiene con qué pagar y sostenerse”, señala el documento entregado y que puede obtener completo en www.cesu.edu.co.
Con la presencia de estudiantes, rectores y expertos, el presidente del Sistema Universitario Estatal SUE y rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, Luis Enrique Arango Jiménez (foto), presentó las propuestas para que las instituciones de educación superior públicas (universidades y no universidades) puedan contar con recursos suficientes para superar sus actuales dificultades financieras y poder garantizar su actual funcionamiento con calidad.
Revisar el actual modelo de asignación de recursos (definido en la Ley 30 de 1992), comprometer más a los departamentos y regiones con la financiación de sus instituciones de educación superior, revisión de las cargas impositivas que cubren actualmente las IES así como las cargas parafiscales de éstas frente al SENA, e incluso hasta la posibilidad de gravar con un peso en cada llamada de celular para obtener recursos adicionales, son algunas de las recomendaciones de los informes.
“Luego de que el presidente Santos ratificara que, tal y como lo define la Ley 30, en Colombia está descartado el ánimo de lucro en la educación superior, se termina la duda que había sobre el posible sacrificio de calidad que esto pudiera significar en la educación superior, pero nos compromete a colaborar con el Estado en la búsqueda de recursos para financiar el funcionamiento de todas las instituciones de educación superior”, señaló el rector del Tecnológico de Antioquia, Lorenzo Portocarrero, representante de las instituciones tecnológicas oficiales ante el CESU.
Por su parte, Elizabeth Vidal Arizabaleta, representante de las comunidades académicas ante el CESU, señaló que estas recomendaciones apuntan a una parte de todo lo que representa el financiamiento de la educación superior, y que este es el reto que ahora tiene el CESU en su tarea de construir una propuesta de política pública que pueda aterrizarse en programas que garanticen su implementación.
Con la entrega de estas recomendaciones, ya son cinco las mesas temáticas que aportan sus documentos especializados al CESU. Ya lo habían hecho las mesas de política pública, calidad, internacionalización y ciencia, tecnología e innovación.
El CESU ratificó su compromiso de presentar al país su propuesta de Política Pública en enero de 2014.