Alma Mater II
De muy buen recibo por parte de los lectores fue la pasada columna abordando la misma temática; percibo que no estoy sólo en esta visión de los hechos. Es necesario que nos dejemos de eufemismos y llamemos las cosas por su nombre.
No es cierto que las entidades delincan, son las personas a quienes se les juzga y castiga, si fuere del caso. Esa manía de vincular a las Instituciones en los medios de comunicación cada que se investigan las conductas de las personas es por lo menos infame. Titulares como aquellos de “investigada la Universidad fulana de tal", es una insolente perversidad. Algo así como decir que si hay una manzana podrida, las demás también están. Debieran ser muy cuidadosos al enlodar las Instituciones a nivel del imaginario social.
No es la Institución la que puede llegar a cometer errores e incluso delitos, de ello nadie está exento, son las personas en lo individual; descargarle a toda la Institución el estigma es infame. Ni los profesores de las Universidades, ni los estudiantes, ni los egresados, ni los directivos, tienen porque ser víctimas, y mucho menos cuando ni siquiera hay corrupción de por medio.
Esta ligereza para informar o deformar, no sé cómo sea más preciso, alimenta la batería argumental de quienes confrontan las administraciones Universitarias; no se alcanzan a imaginar las alusiones maliciosas que provocan.
Hay en desarrollo un nuevo escándalo que me sirve para demostrar en concreto; en él se involucra a un Concejal de Bogotá, que presuntamente se benefició en lo personal, al supuestamente gestionar contrataciones entre Universidades y ciertas fundaciones que eran de su propiedad. Un locuaz portavoz de la fiscalía anunció hace 4 meses con bombos y platillos el hallazgo de ciertas cajas con pruebas supuestamente comprometedoras. Hubiera sido más responsable analizar las famosas cajas, manteniendo el sigilo, que salir a boletear en los medios de comunicación. Seguimos a la expectativa, aunque ya se percibe un desinfle del hecho. Pero claro, quedó la mancha.
Los medios de comunicación actúan desenfrenadamente compitiendo por los escándalos llevándose de calle a las personas y a las organizaciones sin piedad. Cuando se les recrimina, se escudan en que es preferible excederse a permitir que una justicia inoperante encubra.
En nombre de presionar la lucha contra la corrupción dejan tendales de víctimas. Le cuesta demasiado a la sociedad el favorcito que hacen. Aquí también se requiere una justicia de reparación que no existe.
Un alto magistrado me decía que en Colombia fallaba la Emisora W. Conocen las ponencias antes de que lleguen a las salas; anticipan los votos de los jueces antes de que se debata y se produzcan. Los operadores judiciales se vuelven adictos a la exposición mediática. ¿Será esta la libertad de prensa que garantiza la constitución? : tengo mis dudas.
En cuanto al escándalo aludido, déjenme decir que las fundaciones son organizaciones sin ánimo de lucro, técnicamente no son de nadie; podría decirse que son temporalmente de quien las gobierne. Que los políticos tengan fundaciones o cooperativas que apoyan o respaldan no es ninguna novedad; muy difícil saber además que clase de relaciones tengan ellas con sus patrocinadores. Ahora, que estos las usen para hacerle trampas al Estado, derivando beneficios personales, es un delito sin atenuantes.
La ley además le prohíbe a los elegidos a las corporaciones hacer tráfico de influencias, algo que en la práctica los políticos suelen hacer de oficio. Difícil además creer que no lo hagan. Algo muy parecido a la prohibición que tienen los funcionarios públicos de hacer política partidista.
Volviendo a las Instituciones sin ánimo de lucro, hay que reconocer que el control de las mismas es muy débil, para no decir que es inexistente. Razón tenía el Dr. Fernando Hinestrosa, rector fallecido de la Universidad Externado de Colombia, cuando reclamaba un mayor desarrollo legal de las entidades sin ánimo de lucro en Colombia.
Lo único que puede de verdad ejercer un control es el seguimiento del dinero. Ello si permitirá saber quién se benefició y si lo merecía, lo demás es cuento. Álvaro Gómez Hurtado, el líder conservador asesinado, fue derrotado con su propuesta del Tribunal de Cuentas como mecanismo de control efectivo para vigilar los recursos del Estado.
Luis Enrique Arango Jiménez