Red Alma Mater
Luis Enrique Arango Jiménez
Rector Universidad Tecnológica de Pereira
Presidente Sistema Universitario Estatal
Aunque me había hecho el propósito de no referirme al tema de la Red Alma Mater, para dejar fluir las investigaciones, colaborando con ellas, como desde un principio lo anunció la Junta Directiva conformada por los rectores de la red, “me salen letreros” como dicen las señoras; no hay derecho a que tanta información tendenciosa circule por los medios de comunicación sin contraparte.
Para empezar déjeme afirmar que no hay una sola investigación que pueda tipificarse como corrupción en relación con las contrataciones de Alma Mater, y si las hubiera, aquí les brindo en bandeja la oportunidad para que me confronten.
Han pasado casi dos años después de las quejas del Secretario de Educación del Distrito Especial de Bogotá, sobre supuestas irregularidades en la contratación y en la ejecución de un contrato de intervención integral para el mejoramiento la calidad suscrito con la red Alma Mater, soportadas en los costos y en la calidad de algunos de los materiales que fueron suministrados; las famosas cartillas para los procesos de lectura rápida, que tanta bulla provocaron.
Encopetados voceros de los medios, hicieron leña del árbol caído, al punto de sindicar a la Red de ser un cartel de la corrupción. Pues bien, después de tanta alharaca, la Secretaria de Educación del Distrito Especial terminó dando por terminado unilateralmente el contrato, utilizando un argumento pueril; que Alma Mater estuvo mal constituida y en consecuencia no podía firmar contratos interadministrativos. Argumento pulverizado por un pronunciamiento del Consejo de Estado, en sentencia que le ordena a la DIAN devolverle el impuesto de timbre a la Red Alma Mater. Al final, final, la Red ha interpuesto demanda contra la Secretaria de Educación del distrito por violación de la ley en la decisión y además reclamando compensación por los perjuicios causados.
Como el país ha caído en el síndrome del escándalo; para la época, todos a una, iniciaron de oficio investigaciones sobre la contratación de Alma Mater. Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, la hicieron objeto de investigaciones especiales. A la fecha, no conozco nada que se haya producido asociado con corrupción. Supimos además de presiones al más alto nivel para que se produjeran resultados rápidos para atender la jauría.
Algunas investigaciones adelantadas a la carrera dan grima cuando se caen sin el menor esfuerzo por violaciones crasas al debido proceso o imputaciones artificiales sin el más mínimo soporte.
La única sanción se produjo en un juicio oral, al anterior director ejecutivo, por supuesta falta de planeación en la ejecución de un contrato de gerencia de obra en el caso de la licitación y construcción del cuartel de bomberos de Bogotá. Ojalá me alcance la vida para conocer el desenlace que tendrá en el Consejo de Estado esta injusta sanción de la procuraduría, que insisto no tiene nada que ver con corrupción.
Como hacen de falta unas lecciones básicas sobre control disciplinario, para que el vulgo ignorante mejore las competencias. La procuraduría no es una agencia anticorrupción, ni sus sanciones están necesariamente ligadas con corrupción.
Ahora les ha dado a los entes de control por interpretar que los contratos interadministrativos o los contratos de cooperación, no pueden usarse para contratar servicios donde la entidad contratante no tenga el personal para hacerlo pues se materializa una tercerización, lo que consideran pecaminoso. Aquí si perdonen la expresión; “quedamos todos detenidos”. Es un absurdo pensar que las Universidades, las cámaras de comercio, los comités de cafeteros, las fundaciones, etc., tenian las personas contratadas en su nómina esperando contratar o asociarse al estado para colaborar con él.
A este paso van a tener que cerrar a FONADE; entidad del Estado creada ex profeso para “tercerizar”, si cabe la expresión.
En el fondo es una andanada mortal contra la contratación directa; pero créanme, tienen espantados a todos los ordenadores. Hace poco el Sistema Universitario Estatal; el colectivo de las Universidades del Estado, le pedimos al Ministerio de Educación que financiara un estudio con la Universidad de Antioquia sobre el impacto del decreto 1279, el que define la remuneración de los docentes en las universidades. Pues atérrense, para firmar un Interadministrativo le tuve que certificar al Ministerio que en la reunión del SUE, todas las universidades habían manifestado estar de acuerdo en que fuera la Universidad de Antioquia.
El espacio no da para más, pero volveré como la canción ranchera.