Política Pública sobre Financiación de la Educación Superior (ES)
Luis Enrique Arango Jiménez
Rector Universidad Tecnológica de Pereira
Presidente Sistema Universitario Estatal
El conocimiento es el factor más importante de progreso para las personas y para los países, esto no tiene discusión. Sin educación no hay desarrollo y sin él no hay progreso social. El Estado que no actúe coherentemente con esta realidad está condenado al atraso.
Para abordar las tareas del crecimiento y la competitividad, superar la pobreza, aumentar los niveles de cohesión social y la participación social, las sociedades necesitan incrementar sostenidamente su capital humano. En este propósito las Instituciones de ES son fundamentales.
A la Universidad contemporánea se le pide que sea no solamente formadora de recurso humano sino transformadora de sociedad. Debe interactuar con los agentes del desarrollo, debe transferir conocimiento y estar articulada con la sociedad-
La Educación Superior paso de ser una oportunidad para las elites sociales a convertirse, cada vez más, en una aspiración de toda la sociedad, que se proyecta hacia la Universalización y al concepto de derecho real. Nadie hoy discute este predicado, ni la necesidad de hacer realidad este propósito. Se discute el cómo, que es muy diferente. Cuando se aprobó la ley 30 en Diciembre de 1992, la cobertura era apenas de alrededor de un 10%, hoy estamos, llegando a un 45 % y tenemos una meta próxima del 50%.
Está claro que la realidad socioeconómica del país obliga a que el estado subsidie, si se quiere crecer la cobertura con equidad y con calidad; un país con un 34.1 % de la población por debajo de la línea de pobreza, de acuerdo a la última medición, lo requiere. Los per cápita esconden inequidades, la distribución de la riqueza en Colombia tiene grandes desigualdades.
La dispersión Geográfica de la población ubica importantes segmentos de la población lejos de las ofertas de Educación Superior. Las brechas sociales entre regiones son abismales. Los efectos del conflicto armado y de violencia en términos del desplazamiento de población nos obligan a enfocar la equidad social de manera particular. No estamos en Dinamarca.
La equidad ya no puede predicarse en abstracto. Lo regional, lo étnico, lo político, lo biológico, han ingresado a hacer parte del elenco.
Tampoco se puede crecer de cualquier manera, hay que hacerlo con calidad por un lado y con pertinencia, o relevancia como también se le llama, por el otro.
La financiación puede moldear las ofertas y hacerlas más pertinentes para las necesidades del país. Ni el mercado, ni la cultura prevaleciente son capaces de definir por sí mismas el capital humano que se requiere.
Los costos de la Educación Superior son definitivamente crecientes: la calidad, la Investigación, la formación posgraduada a nivel de Maestrías y Doctorados, la Internacionalización, el bilingüismo, la movilidad, la actualización tecnológica, las TICS, ETC, son elementos ineludibles en el accionar universitario y determinantes de una buena formación. Estos nuevos atributos que no contaban, al menos de manera tan contundente antes de la ley 30, hoy son insustituibles.
La retención de estudiantes se volvió fundamental, antes ni se medía, se consideraba parte del proceso, que sobrevivieran los mejores era comúnmente aceptado. Hoy no solo se mide, es un factor crítico de buen desempeño. Los planes de mejoramiento asociados cuestan dinero. Las minorías sociales y la población en discapacidad, no era preocupación de Estado, hoy cada vez más la Educación debe ser incluyente.
Estas nuevas responsabilidades y atributos cuestan y hay que financiarlas.
En Colombia la oferta está por igual repartida entre las IES públicas y las Privadas sin ánimo de lucro. Hay que fortalecerlas ambas. El ánimo de lucro quedo descartado en Colombia por decisión presidencial en el 2011, ello redobla la necesidad de que el Estado participe.
Hay grandes asimetrías entre las Universidades y las Instituciones Técnicas y Tecnológicas en lo que reciben de recursos del Estado. También la hay entre las mismas Universidades. Esto hay que afrontarlo y solucionarlo a mediano y largo plazo. Sobre todo porque la formación Técnica y Tecnológica es condicionante del desarrollo.
Pensamos que todos deben concurrir: estado central, el estado territorial, las familias los estudiantes, el sector privado. En vez de gratuidad que puede beneficiar al que no lo requiere más, bien que nadie se quede por fuera si no tiene con qué pagar y sostenerse.
Hay que financiar la oferta y también la demanda. Las transferencias directas del Estado, el crédito educativo, los subsidios directos, los recursos de fomento, las bolsas concursables, las donaciones, las exenciones, entre otros, deben ser instrumentos a considerar.
Hay que planear el crecimiento, en Educación los resultados, son de largo plazo. Hay que establecer un nuevo modelo de financiamiento que tome en cuenta los costos crecientes y las metas del plan de desarrollo.
El financiamiento es un tema fundamental para cualquier política pública, sin recursos es muy poco lo que puede hacerse y especialmente en materia de Educación Superior.
Dejo estas líneas, que hicieron parte de mi intervención sobre el tema de política pública de financiamiento, durante la instalación de las mesas de trabajo ASCUN- MEN ampliadas, que deliberan para aportarle al CESU lineamentos de política sobre educación Superior.