Más sobre las Licitaciones y Maringá
Luis Enrique Arango Jiménez
Rector Universidad Tecnológica de Pereira
Presidente Sistema Universitario Estatal
Con gran complacencia y optimismo, debo registrar que la prédica sobre buscar mecanismos de control social efectivos al gasto público, que vayan más allá de los discursos, no quedó en el vacío; en efecto, el Ingeniero Javier Castaño Mejía, en su calidad de presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas de Pereira, ha cogido la posta, acaba de informar, en su columna de prensa, que en asocio de algunos particulares y la propia sociedad de mejoras, traerán en el mes de Julio al Señor Fernando Otero, directivo del observatorio Social de Maringá a contar la experiencia en Pereira.
Por otro lado recibí el respaldo de uno de los editoriales del Periódico la Tarde, al hacer mención expresa sobre mi columna al respecto, e igualmente respuestas de rectores de Universidades, dispuestos a participar en la iniciativa. De la misma manera en conversación directa con el Alcalde de Pereira y con el Director de Risaralda Ética encontré la misma actitud. Podría decirse, que se empiezan a fraguar condiciones para que la llamada sociedad civil ejerza un control sistemático de los gastos públicos.
Recomiendo mirar video con intervención del Sr Otero:
http://www.youtube.com/watch?v=igWcgFwFMxo
La Educación fiscal fue muy importante en el proyecto de Maringá; el hacerle entender a los ciudadanos que el pago de los impuestos es fundamental para el funcionamiento del Estado y que así mismo todos los ciudadanos los pagan, sin excepción; no solamente a través de las declaraciones anuales de impuestos, para quienes están obligados, sino prácticamente en toda transacción. Una especie de alfabetización en el tema fiscal.
El Estado es débil para hacer la fiscalización y normalmente solo actúa a posteriori, después de la ejecución.
Dejemos aquí el punto y quedamos a la espera de conocer la experiencia en el mes de julio, si se concreta felizmente la visita del Observatorio Social de Maringá a Pereira.
Rememorando experiencias con los procesos Licitatorios, viene a la memoria, un caso interesante que muestra cómo actúan los licitantes:
A raíz del terremoto en el eje cafetero en el año 1999, las Universidades Tecnológica de Pereira y del Quindío, sufrieron daños de consideración en sus infraestructuras físicas, luego de una visita de la realeza española, se ofreció una línea especial de un crédito subsidiado por el Estado Español, la línea FAD, para apoyar la reconstrucción de las Universidades. Después de ires y venires se concretó un crédito por 8 millones de dólares, asumidos por la Nación, para dotar los laboratorios de las dos Universidades; 4 millones de dólares por cada universidad.
Estos créditos los otorga el estado español con doble propósito, además de ayudar al desarrollo en los países, también apoyan a las empresas españolas, y por consiguiente los licitantes deben ser empresas españolas.
La Universidad de Quindío consintió en que la Licitación respectiva estuviera en cabeza de la Universidad Tecnológica y se integraron unos comités mixtos para la evaluación.
Hubo una Empresa comercial Española l, de naturaleza Estatal, llamada expansión Exterior, que estuvo acompañándonos y asesorándonos en todas las gestiones del crédito con el obvio interés de participar en la Licitación y con el conocimiento de la Embajada de España.
Ya cuando todo estaba casi listo para iniciar el proceso licitatorio, se presentó una segunda empresa Española, esa si privada, manifestando su interés en participar a quien obviamente recibimos e informamos debidamente. Recuerdo que en la misma rectoría me dijeron, nosotros nos ganamos esa licitación, tenemos mucha experiencia; me pareció un gesto de arrogancia en ese momento.
Cerrada la Licitación, se presentaron finalmente los dos proponentes; la empresa estatal y la privada. Después de la calificación, los equipos técnicos recomendaron dividir la adjudicación en las dos empresas de manera diversa según los equipos ofrecidos.
En el entretanto, la firma privada pidió revisar la documentación aportada por la firma Estatal en la licitación y a través de un delegado se encerró en la secretaria General a escudriñarla. El resultado fue que encontró un cierto papel inhabilitante. Inmediatamente pidió la nulidad de la propuesta. No hubo nada que hacer; después de reunirnos con el agregado comercial de la embajada de España, examinando la situación, hubo que adjudicarle a la firma privada.
Hasta aquí la historia de la licitación más grande que he adjudicado como rector de la UTP; como ven de ella, quedan muchas dudas.