Según explicó el director Ejecutivo de la red Diego Mauricio Arias Arango, esta demanda esta soportada en la decisión del Consejo de Estado, que reconoció la naturaleza de Alma Mater como persona jurídica pública y no privada como lo interpretó el secretario de Educación de entonces, Ricardo Sánchez, para justificar la suspensión de un contrato que tenia la red para ejecutar un proyecto educativo.
“A la red se le ha hecho mucho daño, la razón de la suspensión del contrato fue una, pero a los medios se les dijo otra cosa. Hoy le estamos demostrando que no es ni lo uno ni lo otro y por eso tendrán que responder”, dijo el director de Alma Mater.
El directivo señaló que la pretensión con la demanda es que por un lado se declaren nulas las resoluciones ilegales con las que terminó y liquidó el contrato y por otro lado que se hagan los pagos de lo debido por la ejecución del mismo, además que se restituya económicamente los daños y perjuicios, que en total y a juicio del director de Alma Mater podría ser una suma no inferior a los 8 mil 800 millones de pesos.