Por: Luis Enrique Arango Jiménez

Rector Universidad Tecnológica de Pereira

Presidente Sistema Universitario Estatal

 


 

Un equipo de investigadores del CESA, encabezados por su rector, el distinguido academico, José Manuel Restrepo Abondano,  adelanto una juiciosa investigación sobre Gobierno corporativo en las Instituciones de Eduacion Superior, tanto publicas como privadas, en Colombia.  El trabajo que fue financiado  por el Ministerio de Educacion Nacional y publicado; revisa de  manera exhaustiva la literatura internacional , analiza de manera detallada la normatividad   vigente en Colombia para el Gobierno Universitario  y, a través de una muestra representativa, que comprende  Universidades e IES que no son Universidades, adelanta una  encuesta en profundidad a los rectores  de dichas Instituciones, que recoge  información específica sobre la forma como cada  una de ellas enfrenta los asuntos de gobernanza , invitándolos de paso  a opinar lo que a su juicio debería cambiarse.

 

Se  llama Gobierno Corporativo a las prácticas de buen Gobierno que vienen  adoptando las empresas, por voluntad propia,  e incluso por mandatos legales, para proteger los intereses de los accionistas y  de la sociedad, resolviendo adecuadamente los conflictos de intereses que se producen inevitablemente en el gobierno y gestión de las organizaciones, que por una u otra vía  resultan privilegiando intereses de manera excluyente.

 

En Colombia, al impulso de la tendencia internacional, y  de referentes como la Organización de países para la cooperación del desarrollo- OCDE  y el Banco de desarrolllo de America Latina -CAF, se han  aprobado algunas  leyes para incrementar los estándares de Gobierno Corporativo , en particular la ley 795 de 2003 que deben cumplir los intermediarios financieros para fortalecer los mecanismos de protección a los clientes; la ley 964 de 2005 , conocida como ley del mercado público de valores, la cual  establece que en las juntas directivas por lo menos deben existir un 25% de miembros independientes, además para aumentar la transparencia, deben divulgar los acuerdos que se realicen entre accionistas.   Lo que acaba de ocurrir en Interbolsa releva de cualquier comentario al respecto sobre la importancia del tema en estos ámbitos . Las asimetrías en el acceso a la información y el uso privilegiado que de ella puede hacerse, resulta desastroso.

 

El trabajo explica y documenta como lo que inicialmente surgió en los ámbitos de la empresa privada, se ha ido extendiendo a las organizaciones sin ánimo de lucro, y en particular a las Instituciones de Eduacion Superior.

 

Quienes trajinamos en el mundo de las Universidades, sabemos muy bien la importancia de avanzar en la comprensión de estos asuntos.  No nos causa sorpresa que una de las recomendaciones del grupo de expertos de la OCDE y el Banco Mundial ,  que evaluaron recientemente la Eduacion Superior en Colombia, sea la de que se realicen auditorías financieras, con agentes externos, sobre las Instituciones privadas de Educacion Superior.  En el lado de las estatales, donde actúan las diversas ÍES, la cosa es un poco diferente.

 

 

En el díscurso oficial todos los grupos de interés pregonan actuar en beneficio de los altos intereses de la sociedad pero en la práctica las más de las veces, se actúa defendiendo intereses de gremio o de personas.

 

Por ejemplo,   se reclama mayor democracia para los actores internos,  ella termina en la oportunidad  para bloquear aquello que toque intereses, así sea evidente el beneficio para la sociedad. Aquello de las inhabilidades o incompatibilidades, para decidir en los asuntos que los involucran es materia absolutamente desconocida. Siempre habrá un argumento de naturaleza política que justifique  resolver el conflicto de intereses a favor.

 

No es de extrañar entonces que la tendencia internacional sea a disminuir el peso de los académicos y de los grupos de interés internos  en los organismos de gobierno y el de aumentar  las voces independientes.

 

Las transformaciones que se requieren en las Universidades para responder a las demandas cambiantes, difícilmente pueden ser adoptadas en esquemas de gobierno y gestión atravesados por conflictos de interés , que actúan sin cortapisa.

 

Últimamente las empresas y las organizaciones de todo tipo, incluidas las universidades, han ido aprobando códigos de buen Gobierno,  de ética ,  de conflicto de intereses, y de rendicion de cuentas, que están ayudando a  una gestión debida y transparente.

 

El libro que estoy comentando, con la restricción que me impone el espacio de la columna, es una invitación a la acción.

 

Luis Enrique Arango Jiménez

Rector Universidad Tecnológica de Pereira

Presidente Sistema Universitario Estatal SUE