A continuación el texto completo de la columna:
Ha hecho carrera la práctica de someter al escarnio público a los funcionarios, a las entidades del estado, a las organizaciones e incluso a los particulares, desde los procesos normales de vigilancia, control y cumplimiento de la ley. Basta que se inicie una investigación o se produzca un informe de hallazgos para que a partir de ellos se teja toda suerte de especulaciones en los medios de comunicación.
Hay periodistas cuya función radica en pasar revisión diaria de que nuevo hecho se produce en las llamadas IAS (Contralorías, procuradurías, fiscalías), de manera directa a través de los boletines que aquellas emiten, o indirecta por informantes para alimentar los medios escritos, radiales y televisivos, sin la menor reflexión, en una competencia desaforada entre los propios medios por llegar primero. A veces también los inducen al error desde los mismos despachos, en acciones interesadas desde lo político.
Los mismos medios se hacen vigilancia entre ellos para copiar, pegar y reciclar el tipo de informaciones que caen en la esfera del daño a la imagen de las personas y las organizaciones. Cuando toman un tema vendedor le dan vueltas y revueltas interminables. Todo queda amparado en la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a informarse.
También hay legiones de repetidores en las redes sociales y vía correos electrónicos, que se encargan de difundir lo difundido como corresponsales gratuitos. No siempre con santas intenciones.
Cuando hay poco material se vuelven hasta imaginativos. A comienzos de año, donde probablemente muchas de las entidades proveedoras de información bajan la guardia, no se a quien le dio por hacer un inventario de todas las investigaciones que tenían los Gobernadores del país en la Fiscalía; concluyeron que 15 de los 32 Gobernadores tenían problemas con la Fiscalía; entiendo que hasta el Gobernador de Antioquia, adalid de la llamada trasparencia resultó enhebrado. Cuando se lee la letra menuda, se encuentra que se revuelve de todo, incluyendo investigaciones preliminares, e incluso, investigaciones que otros entes investigadores han cerrado favorablemente para los investigados.
Semejante alharaca, se supone que iba a terminar en algo pero finalmente con la misma facilidad con que prenden el ventilador lo apagan sin pena ni gloria. Sin embargo ya el daño está hecho. Lo oído, leído o visto no lo borra nadie. Aclarar es peor, y los derechos a la rectificación son inanes. No conozco rumores que circulen para devolver honras, en cambio dañar a los demás es deporte nacional.
Además, estas noticias si así se les puede llamar, son extremadamente vendedoras, rentables en lo económico; hay públicos adictos, que como rebaños “medio tizados”, no se despegan de la radio prácticamente desde que amanece. Aquí no hay tutela ni amparo que valga. Incluso hay versiones evolucionadas que le agregan el humor.
Alguna vez le leí una entrevista a una directiva de Andiarios en la época del conflicto del presidente del Ecuador con un diario de ese país, donde se defendía diciendo que era preferible equivocarse si se comparaba con el gran aporte que le había hecho la prensa libre en el mundo a la lucha contra la corrupción y al imperio de la justicia. Que Dios nos ampare.
Creo que debiera legislarse en esta materia. Las noticias judiciales debieran tener algún tipo de regulación; eso de presunto no alcanza a defender los derechos a la honra, y si no le pueden preguntar a Sigifredo López.
Esta opinión probablemente no sea de buen recibo para algunos, pero hay que decirlo.
Luis Enrique Arango Jiménez
Rector Universidad Tecnológica de Pereira
Presidente Sistema Universitario Estatal SUE