Una vez fue conocida la alternativa que incluyó el Senado de la República para rescatar un sistema que, de no tomar medidas, colapsaría en pocos meses, los rectores de las universidades públicas del país hicieron un llamado para que el Senado y el Congreso en pleno ratifique la posibilidad de solucionar definitivamente el problema estructural que arrastra la universidad pública desde hace 20 años. Se trata de la opción de trasladar un punto adicional del llamado impuesto CREE al presupuesto universitario, unido a extender a las Universidades Estatales, la actualización de presupuestos de manera anual con la fórmula del IPC +2, tal como se quiere hacer con el SENA y el ICBF.
Las universidades públicas pertenecientes al Sistema Universitario Estatal (SUE), han confirmado la urgencia de conseguir recursos que permitan la sostenibilidad de las instituciones, y la preocupación por cómo se verían afectadas las funciones sustantivas de la Universidad como investigación, extensión y docencia si no entran nuevos recursos para el próximo año. Congelamiento en el número de estudiantes adicionales que entren por cohorte, disminución en servicios de bienestar universitario, planta docente y recursos para investigación serían las primeras consecuencias del desfinanciamiento.
No hay compensaciones
Al analizar el tema salarial de docentes y personal administrativo de las 32 universidades públicas, no se registra respuesta positiva del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la solicitud de compensación para el presupuesto del año 2012, con el fin de atender los mayores costos de funcionamiento derivados de la aplicación legal del Decreto que ordenó subir los salarios del sector oficial un 5%, 1,27 puntos más frente al presupuesto aprobado para cada Universidad, incrementado según la inflación en tan sólo 3,73% según índice de inflación.
Estas cifras no incluyen el mismo desfinanciamiento que, según los rectores, tendrán las universidades al aumentar el salario mínimo para el próximo año, y que muy seguramente superará el índice de inflación del presente año, lo que incrementará la cifra no compensada por el Ministerio de Hacienda.
Según Luis Enrique Arango Jiménez, Presidente del Sistema Universitario Estatal, si no se logra la inyección de recursos nuevos para la Universidad pública, el desfinanciamiento sería caótico para las instituciones, y de paso pondría en grave riesgo su viabilidad y funcionamiento. Según él “Si no se hace algo en esta reforma, la universidad pública congelaría nuevos cupos por inviabilidad financiera”.