Bajo este nombre tuvo lugar el día 3 de septiembre en la Universidad Tecnológica de Pereira, una sesión de trabajo de las universidades públicas colombianas, sobre un tema que a pesar de su importancia, hace parte de los culturalmente inabordables que todavía sobreviven en las universidades públicas. Se ha vendido la idea desde algunos sectores radicales, que el ejercicio de la autoridad y la contención de la violencia son formas de violar la autonomía universitaria, o intenciones veladas de criminalizar la justa protesta. Algo así como volver delito el derecho a protestar. Bajo esta interesada interpretación, en la mayoría de los campus se ha hecho difícil la prevención y el control de variados hechos delictuales, tales como: venta de estupefacientes, fabricación de explosivos, uso de explosivos, atracos a miembros de la comunidad dentro de los campus y en sus alrededores.
Las autoridades universitarias ante nuestra impotencia, a veces caemos en el ocultamiento; despachando los eventos con la trillada explicación de asignar la responsabilidad a los infiltrados extrauniversitarios. Más de una vez quedamos entre la espada y la pared, cuando la comunidad nos reclama seguridad y los imaginarios universitarios son alérgicos a la presencia de la fuerza pública en los recintos universitarios.
Se han escuchado voces que niegan la legitimidad de la presencia de la fuerza pública, arguyendo que los campus gozan de una pretendida extraterritorialidad, semejante a las embajadas de países extranjeros; otros incluso más temerarios hablan de la soberanía de las universidades, asimilándolas a cuasi estados, dándose el lujo de hablar de refundaciones o constituyentes universitarias. Paradójico, rayando en la comedia, el caso de una universidad del vecindario que a través de una “constituyente” destituyó al rector y a los directivos.
Debemos empezar por aclarar que las universidades no son islas dentro del Estado y que las leyes del Estado colombiano rigen en toda su extensión, incluida la autonomía. En particular el derecho a la seguridad. Cuando hay actos delictuales en curso dentro de las universidades que amenazan la seguridad de los miembros de la comunidad, la presencia de la fuerza pública no solo es legítima, constituye una obligación. Otra cosa es cuando no median circunstancias de esta naturaleza y por supuesto, en estos casos, como en cualquier propiedad, se requiere de autorización del rector para cualquier operativo, o en su ausencia, de la orden de un juez.
El encuentro brindó la oportunidad de conocer distintos enfoques de seguridad puestos en práctica en distintas universidades: control de accesos, vigilancia electrónica, reglamentaciones, campañas de prevención, etc. Una cosa quedó muy clara, cualquier estrategia debe contemplar el concurso de las áreas de Bienestar Universitario. Muy especialmente en los casos del consumo de estupefacientes y en la invasión de los espacios públicos por actividades de comercio; algo que ha venido complejizando los asuntos de la seguridad.
Descubrimos que se manejan pocas estadísticas sobre el particular y menos aún hay consolidados nacionales. Conocimos que algo similar ocurría en los Estados Unidos, hasta que una ley en 1990, volvió obligatorio llevar estadísticas y hacerlas visibles; ello ocurrió después de que un crimen atroz en alguna universidad despertó una oleada de indignación nacional. Claro está, que nuestra realidad nada que ver con la de las universidades estadounidenses; para empezar ello tiene policías dentro de los campus que dependen del rector, reciben formación similar a la de las policías locales, tienen por ley facultades para detener, colocar partes, etc. Nuestra realidad dista como el día y la noche.
También quedó claro que las estrategias y acciones para garantizar la seguridad no pueden horadar el respeto por los derechos humanos; ellos deben primar bajo cualquier circunstancia. Por ello se recomienda la plena vigencia de los comités de convivencia que deben actuar dentro de las universidades de manera oportuna y sistemática.
Ahora que hablamos de una política de estado para la educación superior, en esta materia la ausencia es total.
Luis Enrique Arango Jiménez