Ahora que ha vuelto a escucharse la intención de sectores estudiantiles de generar acciones destinadas a presionar el Gobierno, con relación a una nueva ley de Educación Superior, vale la pena recordar, así sea someramente, lo ocurrido a partir del retiro por parte del Gobierno del proyecto de ley que había ingresado al Congreso para la segunda vigencia del año 2011.
Partamos de reconocer que la propuesta de ley, aunque había renunciado a incluir el ánimo de lucro como alternativa de funcionamiento para las Instituciones de Educación Superior, no satisfacía a vastos sectores de la opinión universitaria; entre otras cosas por la ausencia, a juicio de los opositores, de un verdadero proceso participativo e incluyente.
El Presidente de la República como respuesta al paro y a las movilizaciones estudiantiles, encabezadas en su momento por la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes (MANE), resolvió retirar del Congreso el proyecto y se comprometió a concertar con el país una nueva propuesta.
La MANE levantó el paro e inició un proceso de organización al interior para encontrar una vocería unificada. Hay que advertir que el paro fue levantado con algunos sectores disidentes, que además siguieron reclamando representatividad. Solo hasta comienzos de este año fue posible, después de una reunión en la ciudad de Manizales, encontrar una solución para la dirección de este organismo, surgido al calor de las movilizaciones contra el proyecto de reforma a la Ley 30.
Con algo de demora, a raíz de lo explicado, se conoce que la MANE trabaja en la elaboración de una exposición de motivos y que anuncia para septiembre una propuesta borrador de articulado, para discutirla de manera amplia con la comunidad universitaria y con voceros de las fuerzas sociales. El Lanzamiento de la propuesta de ley sería en el mes de octubre. El ritmo y los plazos de la deliberación fueron el resultado de decisiones autónomas.
Por el lado de los rectores, tanto en el seno del Sistema Universitario Estatal (SUE), como en el ámbito de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), la deliberación dejó atrás el articulado precedente y se iniciaron ejercicios de prospectiva y de reflexión sobre la Universidad deseada; proceso que todavía está en curso y que tendrá un momento cumbre en el Congreso Nacional de Rectores de ASCUN en octubre, donde debe aprobarse un documento maestro a partir del cual se soporten las iniciativas a nivel jurídico que le den desarrollo y viabilidad a una nueva visión de universidad y de educación superior.
En el entretanto, el Ministerio de Educación Nacional no ha hecho más que promover una reflexión alrededor de lo que se ha llamado una política de estado para la Educación Superior; en ello ha sido insistente en patrocinar variados escenarios, incluido un sitio virtual para auspiciar propuestas, debates y compartir información. Para algunos esta actitud del Gobierno denota su desinterés en que haya reforma; para mi es comprensible que no se atreva a “casar” de nuevo; es muy difícil proponer cuando se está bajo la sospecha de tener una agenda oculta.
En el caso del SUE, y notificados de que este año es imposible tramitar una nueva ley, sin abandonar lo de fondo, decidimos poner toda la atención en el proyecto de presupuesto nacional que hace curso en el Congreso Nacional y que para las Universidades Públicas contempla un incremento, descontando el IPC, minúsculo comparado con la necesidades acumuladas y crecientes de las universidades. Solicitamos un incremento sobre el IPC del 10% como mínimo para mantenernos a flote, mientras encontramos un modelo de financiación diferente que tome en cuenta la realidad y las proyecciones de crecimiento.
Estamos trabajando en un modelo de costos para las Universidades Públicas en condiciones de calidad y equidad, que aspiramos concertar con el Ministerio de Educación. Hace parte de los acuerdos del SUE con la Dra. María Fernanda Campo. Finalmente, aquí entre nos, es preferible desprender el tema del financiamiento de las Universidades Públicas del tronco de la nueva ley, para resolverlo de manera independiente, y no mantenerlo atado a una propuesta cuyo contenido y trámite está por verse.