He leído en varios medios, la expresión de que “en este país ninguna buena acción queda impune”.
Nada más certero para introducir el asunto del cual quiero hablar esta semana: La legitimidad de la información y el derecho a estar bien informado, sobre todo en los medios de comunicación locales.
Empiezo por señalar que gracias a las facilidades que ofrecen dispositivos como el iPad y el iPhone me he vuelto una lectora más juiciosa de periódicos y de revistas. Durante todo el día recibo alertas con información de último minuto y anuncios sobre publicaciones disponibles para ser descargadas. Esto me da la posibilidad de seleccionar las lecturas en orden de prioridades, pues el modo como circula la información hoy en día ha contribuido a que ésta llegue a comunidades más amplias y en períodos de tiempo cada vez más reducidos. Sin embargo, lo que es una ventaja se constituye también en un problema. Esta suerte de simultaneidad entre los hechos y la manera como se informa sobre ellos está alimentando una gran ligereza en los responsables de comunicar a través de los medios. Se escribe sobre cualquier tema sin sopesar la información, ni consultar las fuentes, ni confrontar los hechos. Al parecer quienes ejercen alguna labor en los medios lo hacen sin ningún parámetro ético y profesional que les permita regular de manera responsable su oficio. Dicen lo que piensan y ya.
Este es el caso de la sección “Sabe la última” que se publica cada semana en la edición dominical de El Diario del Otún y de algunos comentarios de la sección de cultura, en la que reiteradamente se ha venido aludiendo a la Primera Convocatoria de Estímulos del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo de Pereira, que gracias a un contrato interadministrativo entre esta entidad y la Universidad Tecnológica de Pereira, le ha correspondido acompañar a la Maestría en Estética y Creación que la suscrita dirige. A través de estos espacios se ha intentado desacreditar la orientación de la convocatoria, se ha tergiversado la información sobre los premios, se ha puesto en duda la transparencia en la evaluación de los trabajos, y lo que es más graves, se ha intentado deslegitimar a los ganadores, aduciendo supuestas relaciones políticas entre éstos y los funcionarios del Instituto de Cultura o de la Universidad.
Como coordinadora del equipo responsable del proceso de formulación de la convocatoria y de la evaluación de los trabajos presentados, manifiesto públicamente que nunca he recibido llamada alguna de periodistas, editores o profesionales responsables de este diario, solicitando información sobre los procesos concernientes a esta convocatoria y que, en consecuencia, toda la información publicada al respecto ha sido amañada y malintencionada.
Si bien la libertad de expresión es un derecho consagrado en la Constitución Nacional de Colombia, ésta no se puede usar para confundir a los lectores, para dañar el buen nombre de las instituciones y para deslegitimar peregrinamente los procesos que tanto nos ha costado construir a quienes asumimos nuestro trabajo con profesionalismo, ética y responsabilidad.