En días recientes fui invitado a participar en un foro sobre la Discapacidad en el Concejo Municipal de Pereira, con participación de numerosas entidades públicas y privadas, que procuran estimular y adelantar acciones que provoquen la inclusión de esta comunidad, la cual dicho sea de paso, es demasiado significativa; para dar una idea, según el DANE, el 6.4% de la población presenta algún grado de discapacidad, estaríamos hablando de cerca de 3 millones de Colombianos. La discapacidad es múltiple: visual, auditiva, cognitiva, física, motriz, etc.
Se me preguntó en el foro sobre lo que estábamos haciendo en la Universidad Tecnológica de Pereira por el acceso y permanencia de los bachilleres en situación de discapacidad; con franqueza respondí que aunque habíamos dado pasos importantes en el acceso de población con dificultades, todavía nos faltaba. Expliqué que hoy en día casi un 20% de los cupos en los programas subsidiados de la UTP eran utilizados en jóvenes en condiciones de debilidad; cinco cupos de cada programa están asignados a las minorías sociales, que incluyen a los Indígenas, Afros, desplazados y reinsertados; doce cupos mas en cada programa están asignados para los Municipios de Risaralda apartados. Estos 17 cupos, tanto los de minorías como los de los Municipios, tienen la particularidad de que se protegen del concurso abierto, concursan entre ellos en cada grupo, y si hay la demanda respectiva, cada minoría y cada Municipio, obtiene por lo menos un cupo; naturalmente el mejor de los aspirantes en cada caso. Partimos de la creencia que el talento necesita condiciones para manifestarse, y en los casos referidos, la situación de inequidad es evidente.
Este ha sido un paso audaz, que podría generar controversia, cuando lo contrastamos con la búsqueda de la excelencia; por ello en los Rankings de Universidades no debieran estar ausentes los indicadores sociales. No es lo mismo descremar el mercado intelectual a secas, que hacerlo con un criterio de equidad social.
Quiero advertir que hasta hoy no tenemos política en el acceso para la población discapacitada, aunque si la tenemos para la permanencia. En efecto tanto en el acompañamiento, como en la adaptación de la condiciones se adelantan acciones. Aceptamos que la discapacidad no necesariamente es una desventaja; es la situación que la rodea y la falta de oportunidades y apoyo para superar el problema lo que la genera. La población en discapacidad ha venido creciendo, el semestre pasado teníamos 23 estudiantes; 11 Auditivos, 10 Visuales y 3 Cognitivos. Todos ellos ingresaron sin ninguna condición de favorabilidad.
Fue muy grato ser interpelado en el foro aludido por un invidente, quien hablando en nombre de otros más, me notificó que este semestre ingresarían a la UTP 8 nuevos invidentes y que no había encontrado diligencia para exonerarlos del pago de matrícula. Debí confesarle que no teníamos a la fecha consideraciones especiales por razón de la discapacidad, aunque si por situaciones socioeconómicas, las que no pueden ser nugatorias del derecho. Independiente del incidente que estamos solucionando entre la Universidad y la Alcaldía, me satisface que cada vez lleguen más estudiantes en condición de discapacidad.
Si estamos hablando de equidad en el acceso a la Educación Superior viene siendo hora de que pensemos en esta población. Ir más allá de la facilitación para las pruebas de ingreso o de la adaptación para la enseñanza y el aprendizaje. Me refiero a cupos directos. No conozco que existan en Colombia.
Aporto un tema más a la discusión de la nueva ley de Educación Superior en Colombia, que debe pasar de lo abstracto a lo concreto.
Luis Enrique Arango Jiménez