Hablando de los problemas mayúsculos de las Universidades Públicas en términos de financiamiento, hay que reconocer uno en particular, que ha sido manzana de permanente discordia entre las propias Universidades; me refiero al desequilibrio en los aportes per cápita que el Estado Central les transfiere a cada una de las 32 Universidades, y que dicho sea de paso, se ha vuelto un distractor que mina la confianza y dificulta la unidad del sector. No se trata de fomentar un igualitarismo per se, está claro que no todas las Universidades son iguales; hay diversos grados de complejidad y naturaleza que las hace diferentes y por ende diversas en costos, pero sí de corregir evidentes inequidades.
Para dar una idea de las distancias; mientras la Universidad Nacional recibió en el año 2011, 9.1 millones por cada estudiante matriculado, las Universidades de Pamplona, Cundinamarca y Militar apenas recibieron 1 millón. El promedio de aportes de la nación a las Universidades está en aproximadamente 3.6 millones por estudiante matriculado y 15 Universidades reciben recursos per cápita por debajo de este promedio.
Esta situación ha sido sistemática en los últimos años en virtud de la forma de asignarle recursos a las Universidades Públicas; el artículo 86 de la ley 30 de Educación Superior establece, que como mínimo, el presupuesto del año siguiente para cada universidad debe ajustarse con la variación del Índice de precios al Consumidor o IPC. A pesar de que según la norma, los aportes podrían ir más allá del IPC, se volvió costumbre de los Gobiernos irse por el límite inferior, con variaciones insignificantes, cuando ellas se han dado.
Los recursos asignados a cada Universidad ha dependido, por lo general, del estado en que estaban los aportes en el momento de entrada en vigencia de la ley 30 de 1992; algo así como que la foto de aportes que existía en el año 92 se fue modificando con los ajustes de la inflación. Naturalmente que aquellas Universidades centenarias, consolidadas, se llevaron la mejor parte, mientras las más jóvenes, aquellas que se encontraban en sus primeros años, se llevaron la peor. Como es apenas natural, siempre que se habla de nuevos recursos para el sector, surge el reclamo de aquellas que por razones históricas se encuentran rezagadas.
El jueves pasado, se tomó una determinación por consenso entre las Universidades Públicas y la Señora Ministra de Educación, en el sentido de por primera vez discriminar positivamente a estas Universidades, entrampadas por el sistema de financiamiento vigente. Las Universidades estábamos esperando respuesta del Ministerio en relación con los recursos adicionales, que en una cuantía del 3% sobre el IPC para el año 2012, estaban consignados en el proyecto de reforma a ley 30 que fue retirado del Congreso el año anterior y que no habían quedado expresos en la ley de Presupuesto. La Ministra confirmó que estos recursos se entregarán próximamente, que están presupuestados, pendientes solamente del certificado de disponibilidad. Pero además, presentó un propuesta de distribución que entrega el 50% directo a cada Universidad; un 25 % distribuido a todas las Universidades para ser utilizado en formación de sus docentes a nivel de Maestría y Doctorado, distribuido según sus necesidades relativas, es decir más a quienes menos hayan avanzado en la formación de sus docentes y un 25% restante, distribuido solo entre las Universidades rezagadas en los aportes per cápita, beneficiando solo a aquellas 15 que están por debajo del promedio y dándole más, a quien menos reciba aporte per cápita. Se han quebrado dos paradigmas: Si se pueden entregar recursos adicionales sin necesidad de reformar la ley 30 y es posible ir corrigiendo el desequilibrio en los aportes del Estado a las Universidades públicas.
Luis Enrique Arango Jiménez