No puedo bautizarlo con otro nombre; así percibo la situación del movimiento Universitario Colombiano con relación a la construcción de una propuesta de ley para la Educación Superior. Fue relativamente fácil desencadenar una férrea oposición a la propuesta del Ministerio de Educación, especialmente al venir ella originalmente adobada con la intención de abrirle espacio al ánimo de lucro en la Educación Superior; algo definitivamente impopular e inconveniente. Ahora viene lo más complicado: proponer. Se ha dicho tanta cosa, se ha imaginado tanta intención oculta en cada artículo del fracasado proyecto, que se vuelve una tarea titánica formular iniciativas a prueba de perspicacia. Tocó proponer y en esto no puede haber desmayo.
Esta tarea, si bien debe ser abierta a toda la sociedad, debe contar con expertos; solo así puede ser fructífera y posible. Las leyes tienen que estar conectadas con la realidad para que no sean cantos a la bandera y puedan en efecto trasformar. Los Rectores y Directivos Universitarios debemos contribuir a animar la discusión desde el conocimiento y la experiencia.
Quiero dejar algunos interrogantes que dimensionan la complejidad del compromiso, pero que si se dilucidan tempranamente pueden limpiar el debate de distractores para ir centrando la deliberación. No pretenden ser ni los más importantes ni mucho menos exhaustivos.
¿Se acepta que la Educación Privada es válida y necesaria en Colombia, tal como ocurre hoy día al responder por el 50% de la cobertura?. ¿Es el crédito Educativo con alto subsidio un camino para financiar la Educación Privada?.
¿Hasta dónde debe ir el Estado con la Educación Superior Pública?. ¿Cuando se habla de la gratuidad es para todos?. ¿Se refiere solo al costo de la matrícula?. Será oportuno visualizar desde la ley aspectos como el transporte, la vivienda, la alimentación y la salud, que para algunos sectores pueden ser igualmente limitantes?.
¿Deben existir Instituciones y programas que formen en lo técnico y tecnológico con titulaciones intermedias para formar recurso humano con habilidades asociadas a lo práctico?
¿Pueden estas modalidades ser una vía alterna para acceder a las titulaciones de más alto nivel a través de la articulación y la homologación para quienes lo deseen?
¿Los docentes de planta deben tener el cargo asegurado de por vida o son susceptibles de evaluaciones periódicas para medir el desempeño y condicionar la continuidad ?. ¿Habrán restricciones para vincular docentes en temporalidad en cuanto a la exigencia de concursos, a participación sobre la totalidad y a las limitaciones en la duración de la misma?
Estas y otras preguntas serán materia de análisis en futuros artículos.
Luis Enrique Arango Jiménez